Piden que Corte Constitucional mantenga en la JEP exclusión de violadores de niños

Uno de los puntos que más controversia generó durante los últimos debates de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue la exclusión directa de esta instancia –y de paso la pérdida de beneficios– a los culpables de delitos sexuales contra menores de edad.

Mientras que un sector congresional que se lideró desde la U impulsó la medida argumentando que los miembros de las Farc que sean responsables de ese tipo de crímenes no pueden recibir beneficios judiciales, el Gobierno se mantuvo en la tesis de que esa propuesta era loable, pero que debía impulsarse en otra iniciativa de ley.

Lo cierto es que este tema fue aprobado por las plenarias de Senado y Cámara y, pese a lo que decía el ejecutivo –en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera–, la exclusión de la JEP de los guerrilleros culpables de violaciones a niños quedó en firme.

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Esta medida, que la impulsó desde un principio la senadora Maritza Martínez, tuvo un respaldo amplio de la sociedad y de otras entidades oficiales, lo que ahora deja en manos de la Corte Constitucional su viabilidad de aplicación.

La razón es que ese alto tribunal podría tumbar el artículo en el que se incluyó el tema argumentando –como decía el Ministro del Interior– que esa materia debía ser objeto de otro tipo de reforma, o, por el contrario, salvaguardarlo y darle viabilidad jurídica. En manos de los 9 magistrados que conforman dicha Corte quedó la decisión final.

“Establecer una pena de cinco años para un delito tan grave como este, que le acaba la vida a los menores abusados, no era viable dentro del ordenamiento jurídico, ya que nuestra Constitución habla de la prevalencia de los derechos de los niños y la severidad que debe acompañar este tipo de conductas”, enfatizó Martínez.

La congresista justificó su iniciativa en que entre 2008 y 2012 se contabilizaron por lo menos 48.915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años, todas agredidas en el marco del conflicto armado. Según Martínez, esa estadística refleja que en esos cinco años fueron agredidos por este concepto criminal por lo menos 27 menores por día.

Es por eso que ahora se está intentando conformar un bloque para pedirle a la Corte Constitucional que no tumbe el articulado de la JEP, sino que lo mantenga vigente para castigar con contundencia a los responsables de estos graves delitos.   

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El procurador General, Fernando Carrillo, aunque no se refirió directamente a esta petición que se está gestando para hacerle al alto tribunal, decidió salir a respaldar la iniciativa de Martínez y calificar como una necesidad la exclusión de la justicia transicional a los responsables de este tipo de crímenes.

“Está claro que son delitos comunes, que tienen un daño y connotación social de lo más lamentable que uno se pueda imaginar. Entonces, someterlos a una jurisdicción especial relacionada con el conflicto armado no tiene ningún sentido”, precisó Carrillo.

En esta cruzada estuvo presente también el representante Efraín Torres, de la U, quien logró convencer a sus compañeros de Cámara para que saliera adelante el tema.

Ahora lo que se espera es la Corte Constitucional defina el futuro de esta iniciativa, que de ser avalada impondría penas de cárcel a los culpables de entre 16 y 30 años. Todo esto, por supuesto, definido por un juez.