Nación
Por homicidios de civiles en protestas masivas contra la Policía, uniformados piden investigación ante justicia militar
La defensa de los policías imputados por el asesinato de cuatro personas durante las manifestaciones del 9 de septiembre aseguró que los hechos deben ser investigados por la jurisdicción militar.
En los primeros días del mes de enero de 2021 la Fiscalía anunció la imputación en contra de los policías implicados en la muerte de cuatro personas en inmediaciones de varios CAI de Bogotá durante las protestas del 9 de septiembre de 2020.
Los uniformados fueron identificados como Andrés Díaz Mercado, Jhon Andrés Gutiérrez y Jorge Andrés Lasso. Los policías estaban de turno en el CAI Verbenal en el norte de Bogotá cuando se desató una jornada de revueltas ciudadanas por el asesinato del estudiante de derecho, Javier Ordoñez.
En esa jornada al menos siete personas perdieron la vida por impactos de arma de fuego, cuatro de ellos atribuidos a los policías ahora imputados. En tres diligencias judiciales, la Fiscalía programó la imputación de cargos contra los uniformados investigados. Dos de esas diligencias se adelantaron este lunes y en otra la defensa del patrullero Díaz Mercado aseguró que los hechos materia de investigación deben pasar a la justicia penal militar.
El abogado aseguró que las condiciones o circunstancias de modo, tiempo y lugar ocurrieron en el marco del servicio y mientras atendían el clamor ciudadano de personas que no participaban de las protestas. El defensor insistió en que en razón de los hechos, la Justicia Penal Militar es la llamada a definir la responsabilidad y por tal motivo la judicatura debe referirse al tema, además de determinar cuál es la jurisdicción competente para ese caso.
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La representación de víctimas leyó un extenso documento en el que enumera casos, decisiones, estudios y pronunciamientos incluso internacionales que dan cuenta de graves hechos de violaciones de derechos humanos por cuenta de la Policía conta la población civil.
La defensa de las víctimas también se opuso al cambio de jurisdicción y le pidió al juez de control de garantías mantener su competencia al considerar que los hechos investigados son muy claros y disparar contra la población en manifestaciones ciudadanas no hace parte de las funciones del servicio.
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