“Pido que le brinden protección”: Granados frente a amenazas de la jueza del caso Uribe

La defensa del expresidente Álvaro Uribe rechazó las amenazas de las que ha sido víctima la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo. La funcionaria decidió el pasado sábado la libertad del exmandatario, en una audiencia que se extendió por varios días. “Rechazo enfáticamente cualquier tipo de amenaza o intimidación a la Juez 30 de garantías de Bogotá y a todas las autoridades judiciales que día a día cumplen con la valiente tarea de administrar justicia. Pido a los funcionarios competentes que les brinden protección”, aseguró Jaime Granados.

Las amenazas contra la juez se conocieron este viernes. De inmediato, los organismos de protección le hicieron un estudio de emergencia y tras corroborar que existía un riesgo le asignaron protección. Los ataques y hostigamientos le llegaron por medio de sus redes sociales. Se investiga en este momento cuál podría ser el origen de los mismos.

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El caso de Álvaro Uribe le había llegado por reparto por medio de una designación que fue aleatoria cuando el proceso del expresidente pasó a la Fiscalía General de la Nación. En un principio la jueza decidió enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia, pues aseguró que al haber impugnado su competencia, lo mejor era que la sala plena de esa alta corporación definiera cuál era la ley aplicable.

Finalmente, la Corte Suprema definió que el caso seguiría por la Ley 906, en el nuevo fiscal acusatorio y que la jueza tenía la competencia para definir su libertad.

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La jueza señaló que era necesario determinar que para que se profiriera medida de aseguramiento debía existir previamente una formulación de imputación. Por lo anterior, procedió a evaluar si la indagatoria del expresidente era equiparable a tal acto. Luego de un extenso análisis, la jueza señaló que ambas figuras tienen múltiples diferencias dentro de las que destacó que la formulación de imputación es un acto de comunicación que es controlado por un juez constitucional como es el juez de control de garantías. Recordó que la sentencia C-303 de 2003 en la cual la Corte Constitucional reconoció que la formulación de imputación permite materializar una serie de garantías para la defensa frente a la contradicción sobre lo que se conoce.

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En virtud de lo anterior, la juez señaló que al no existir formulación de imputación ni ninguna figura equivalente no es posible que exista todavía una medida de aseguramiento.

Las autoridades investigan si las razones de las amenazas tienen que ver con el fallo que tomó. Por ahora, le otorgaron de manera inmediata y preventiva un esquema de protección.