Piedad Córdoba fue citada, por quinta vez, por la JEP para que declare por crimen de Álvaro Gómez Hurtado

Cero y van cinco. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó nuevamente a la senadora Piedad Córdoba Ruiz para que declare en el expediente que se adelanta por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, registrado el 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá.

La diligencia quedó programada para el próximo 20 de septiembre y, según lo contemplado por el Tribunal Transicional, se efectuará de manera presencial, podrán participar e intervenir con preguntas las víctimas acreditadas dentro de este proceso, entre las que se encuentran varios de los familiares del excandidato presidencial que fue asesinado cuando salía de dictar una clase en la Universidad Sergio Arboleda.

La declaración de la senadora del Pacto Histórico se ha aplazado por sus problemas de salud. La más reciente diligencia, programada el pasado 9 de agosto, tuvo que ser aplazada después que fuera hospitalizada en Medellín.

Piedad Córdoba fue vinculada a la investigación después que mencionara que desde el Secretariado de las Farc se había planeado y ordenado el crimen de Gómez Hurtado, tumbando así varias aristas de la investigación que se adelantó durante años por este magnicidio.

La senadora aseguró tener información clara de la manera en que se diseñó el plan y de las personas que participaron en el crimen. Por esto, en la JEP ya se escucharon las declaraciones de los miembros del Secretariado que se acogieron al acuerdo de paz.

Tras escuchar todos los testimonios, la Sala de Reconocimiento de la JEP definirá si asume o no la investigación. Ya los familiares del líder conservador han manifestado su interés para que no cuenten con garantías para que el caso se resuelva en la JEP.

En una carta enviada a mediados de mayo, los familiares aseguran que pese a que Carlos Antonio Lozada (excomandante de las Farc y actual senador de la República) reconoció la responsabilidad única de ese grupo guerrillero en la planeación y materialización del crimen, lo cierto es que existe mucha evidencia que señala la participación de otras personas, tanto en la planeación como en la puesta en marcha del asesinato.

Además de lo dicho por Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020, el excomandante guerrillero no ha presentado evidencia o una prueba que soporte su versión.

En este punto indican que durante varios años se ha recopilado información que vincula a varias personas interesadas en atentar contra la vida e integridad del líder conservador.

Entre estos se menciona al expresidente Ernesto Samper Pizano y varios de sus funcionarios de Gobierno, debido a la oposición de Gómez Hurtado en contra de su administración. Para los familiares de Gómez Hurtado es necesario que el expediente vuelva a la justicia ordinaria en la que ya se habían logrado algunos avances.

En otro de los apartes de la documentación señalaron que las evidencias recaudadas apuntan a que los comandantes de las Farc no participaron ni tuvieron conocimiento sobre el crimen de Gómez Hurtado. Llama la atención que después de mucho tiempo apareció la versión de Lozada, que contradecía la evidencia recolectada, inculpando a otros jefes guerrilleros que ya fueron abatidos, por lo que queda imposible contrarrestar las versiones.

Enrique Gómez, abogado de la familia del líder conservador y quien firma el documento, se fue más allá y señaló a la senadora electa Piedad Córdoba Ruiz de promover un “circo” para desviar la investigación.

“Las Farc no solo no participó, sino que no sabía quién había matado a Álvaro Gómez y así lo evidencian los correos evidenciados en el año 1995 de los computadores de Jojoy y otros miembros como ‘Rafael Político’ y ahora otros declarantes que estaban ligados al Bloque Oriental, y controlaban la Ruan, afirman que ni supieron del operativo ni tuvieron conocimiento real de que hubiera ocurrido” (sic), dijo.