Piedad Córdoba incumplió por quinta vez la citación de la JEP, para declarar por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

A última hora la senadora Piedad Córdoba le notificó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no podía asistir a la audiencia programada para este martes para declarar en la investigación que se adelanta por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La congresista del Pacto Histórico alegó problemas de salud.

Esta es la quinta vez que Córdoba deja plantados a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. La diligencia judicial quedó programada para el próximo 6 de octubre.

La congresista del Pacto Histórico se encuentra hospitalizada desde el pasado 9 de septiembre por un cuadro de esteatorrea pancreática. El cuerpo médico de la Clínica del Rosario de Medellín le extendió la incapacidad hasta el próximo domingo 25 de septiembre. Por esta situación la dirigente política no ha podido asistir a las sesiones del Congreso.

Los problemas de salud de Córdoba Ruiz son de vieja data. Por un problema de salud no pudo posesionarse de manera presencial como nueva congresista de la República para el período 2022-2026 en la ceremonia que se realizó el pasado 20 de Julio en el Capitolio. El presidente del Senado, Roy Barreras, indicó que la había juramentado en el lugar donde se encontraba hospitalizada.

Igualmente, tampoco asistió a la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República el pasado 7 de Agosto. “Siento que he esperado este momento histórico toda mi vida, voy a trabajar en el Senado como si fuera mi primer año como congresista en 1991. Estoy aquí recuperándome, pero mi mente, mi corazón y mi alma están ahora en la Plaza de Bolívar”.

Piedad Córdoba y el magnicidio

Piedad Córdoba fue vinculada a la investigación después que mencionara que desde el Secretariado de las Farc se había planeado y ordenado el crimen de Gómez Hurtado, tumbando así varias aristas de la investigación que se adelantó durante años por este magnicidio.

La senadora aseguró tener información clara de la manera en que se diseñó el plan y de las personas que participaron en el crimen. Por esto, en la JEP ya se escucharon las declaraciones de los miembros del Secretariado que se acogieron al acuerdo de paz.

Tras escuchar todos los testimonios, la Sala de Reconocimiento de la JEP definirá si asume o no la investigación. Ya los familiares del líder conservador han manifestado su interés para que no cuenten con garantías para que el caso se resuelva en la JEP.

En una carta enviada a mediados de mayo, los familiares aseguran que pese a que Carlos Antonio Lozada (excomandante de las Farc y actual senador de la República) reconoció la responsabilidad única de ese grupo guerrillero en la planeación y materialización del crimen, lo cierto es que existe mucha evidencia que señala la participación de otras personas, tanto en la planeación como en la puesta en marcha del asesinato.

Además de lo dicho por Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020, el excomandante guerrillero no ha presentado evidencia o una prueba que soporte su versión.

En este punto indican que durante varios años se ha recopilado información que vincula a varias personas interesadas en atentar contra la vida e integridad del líder conservador.

Entre estos se menciona al expresidente Ernesto Samper Pizano y varios de sus funcionarios de Gobierno, debido a la oposición de Gómez Hurtado en contra de su administración. Para los familiares de Gómez Hurtado es necesario que el expediente vuelva a la justicia ordinaria en la que ya se habían logrado algunos avances.

En otro de los apartes de la documentación señalaron que las evidencias recaudadas apuntan a que los comandantes de las Farc no participaron ni tuvieron conocimiento sobre el crimen de Gómez Hurtado. Llama la atención que después de mucho tiempo apareció la versión de Lozada, que contradecía la evidencia recolectada, inculpando a otros jefes guerrilleros que ya fueron abatidos, por lo que queda imposible contrarrestar las versiones.

Enrique Gómez, abogado de la familia del líder conservador y quien firma el documento, se fue más allá y señaló a la senadora electa Piedad Córdoba Ruiz de promover un “circo” para desviar la investigación.