Por depresión, Piedad Córdoba anuncia su retiro de la política

La exsenadora Piedad Córdoba anunció su retiro de la política motivada por una fuerte depresión sufrida tras varios impases que atravesó durante su candidatura presidencial en 2018.

“Tomé la decisión de lanzar mi candidatura a la Presidencia de la República. La Farc les prohibió a muchos de sus miembros que me ayudaran a recoger las firmas, me quemé mucho políticamente por que se acabara la guerra”, dijo Córdoba en entrevista con Telemedellín el pasado miércoles, donde reveló detalles que motivaron su decisión.

La excongresista, destituida por la Procuraduría en 2010 con un fallo que tumbó el Consejo de Estado en 2016, explicó que se dedicó “por completo a sacar ese proceso (de paz) adelante”, por lo que para ella fue “muy duro” que cuando requirió apoyo para su candidatura presidencial, todos los sectores alternativos le dieron la espalda.

“Para mí eso fue un golpe emocional muy fuerte”, confesó.

Por eso, dijo que tomó la decisión de retirarse “de absolutamente todo. Yo no vuelvo, aquí la política es muy rastrera. Me harta sobremanera que la política se haga insultando. Al Congreso no vuelvo ni amarrada”.

Córdoba contó que, tras retirarse de la contienda electoral en abril de 2018 por falta de apoyo, se enfermó. “Entré en una depresión muy profunda. Terminé recluida en una clínica en La Habana a finales del año pasado. Perdí el conocimiento durante 12 días y estuve 20 días hospitalizada”.

En la entrevista, la exsenadora habló también de su relación con el oficialismo venezolano y Nicolás Maduro, asegurando que “hace aproximadamente dos años” no habla con Maduro. “No porque esté brava, no tengo ni siquiera el teléfono del presidente”, dijo.

Respecto al senador Gustavo Petro, aseveró que él la prefiere “a kilómetros” pues dice que ella “le quitaba votos, que con el tema de las Farc le hacía perder votos. Me llamó mucho la atención porque yo nunca he sido guerrillera, nunca he cogido un fusil”.

Piedad Córdoba fue senadora entre los años 1998 y 2010, hasta que en septiembre de ese año fue destituida por la Procuraduría, que la inhabilitó también por 18 años por presuntos nexos con la guerrilla de las Farc. Sin embargo, en 2016 el Consejo de Estado tumbó la decisión y ordenó a la Procuraduría pagarle una indemnización de $1.300 millones.