¡Pilas! Convocan nueva jornada de protestas en Bogotá para este 16 de diciembre

La asamblea general de los comerciantes de San Victorino anunció recientemente que llevarán a cabo una nueva jornada de protestas el próximo jueves 16 de diciembre, en el centro de Bogotá.

Juan Torres Barrera, vocero de esta agremiación, manifestó que rechazan contundentemente los incrementos en los avalúos catastrales de sus respectivos establecimientos, los cuales llegan hasta el 400 %.

“Uno de los puntos que más nos llama la atención es la valorización de predios rematados por la Sociedad de Activos Especiales, que en días pasados remató un inmueble por un valor muy por debajo del avalúo que Catastro les está cobrando a los comerciantes”, indicó.

De acuerdo con Torres Barrera, las autoridades distritales les están aplicando cobros demasiado elevados con el argumento de que el metro cuadrado en los locales comerciales vale entre 85 y 140 millones de pesos, algo que les parece bastante exagerado.

“En 2015, un local valía en total 303 millones de pesos. Ahora, para el cobro de impuestos, fue avaluado en más de 2.600 millones”, agregó el vocero de los comerciantes de San Victorino.

El portavoz, de igual manera, puntualizó que las movilizaciones comenzarán a partir de las 7:00 de la mañana y partirán desde la calle décima con carrera décima. Asimismo, afirmó que la idea es llegar a la Plaza de Bolívar.

Torres Barrera había señalado en noviembre pasado que muchos negocios terminarían optando por un cierre inminente al no tener ninguna rentabilidad, lo cual se llevaría por delante una gran cantidad de empleos que se generan alrededor de la actividad comercial en esa zona.

Manifestantes que dañen patrimonio público tendrán que pagarlo

La discusión sobre el estatuto anticorrupción, que ya superó sus cuatro debates en el Congreso de la República, ha girado en torno al artículo que aumenta las penas de prisión y las sanciones económicas para quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios públicos, lo que es considerado una mordaza a la prensa.

Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado. Es decir, que no solo tendrán que pagar con su libertad, sino con su propio dinero las afectaciones que provoquen.

“Los particulares que participen, concurran, incidan y contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio público y que, sin ser gestores fiscales, con su acción dolosa o gravemente culposa ocasionen daños a los bienes públicos inmuebles, serán objeto de responsabilidad fiscal”, indica el texto aprobado el pasado 10 de diciembre.

Esto aplica, por ejemplo, en los desmanes que se presentan durante algunas manifestaciones, en las que resultan afectadas estructuras que son consideradas patrimonio público como: estaciones de servicio público, edificios de organizaciones del Estado e infraestructura vial, entre otros.

Actualmente, estos daños son cubiertos bien sea con dineros públicos o por medio de seguros que las entidades contratan ante este tipo de afectaciones. No obstante, para los ciudadanos que son capturados por atentar contra el patrimonio del Estado no se contemplan sanciones económicas tan severas, por el momento.

“Hoy en día un particular que participa en hechos que dañen el patrimonio público, responde penal y civilmente, pero no responde fiscalmente, no se vuelve objeto de recuperación de recursos. Con el proyecto lo que hacemos es hacer extensiva esa solidaridad para que los particulares también respondan fiscalmente por el daño del patrimonio”, concluyó el congresista José Daniel López.