El posconflicto de Avianca

La decisión de los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) de dar por finalizado el cese de actividades que habían comenzado el 20 de septiembre significa una gran noticia para los usuarios, la economía y el país. Sin duda, este paro que ya superaba los 52 días no solo había afectado a miles de viajeros, sino que estaba dejando serias repercusiones sobre múltiples sectores y actividades empresariales. Con el retorno de los aviadores a sus labores desde este lunes, el turismo, la hotelería y el comercio, entre otros, respiran más tranquilos de cara a la temporada de fin de año.

Sin embargo, esto no significa el final del conflicto laboral entre Avianca y el sindicato que agrupa a cerca de la mitad de sus pilotos. Finalmente, aún no hay un acuerdo entre las partes y las instancias legales echadas a andar durante estos cerca de dos meses que lleva la confrontación jurídica seguirán su curso. Tanto el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo como el análisis de legalidad que hará la Corte Suprema determinarán cómo y cuándo finalizará en verdad este conflicto sindical.

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Se espera que esta semana la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en segunda instancia sobre la ilegalidad o no de esta huelga. El Tribunal Superior de Bogotá, en una primera instancia, consideró ilegal la huelga, pues el cese de actividades convocado por Acdac tenía vicios en la convocatoria, por no haber sido aprobado por mayoría y porque estaba afectando un servicio público esencial.

Si la corte ratifica la ilegalidad del cese de actividades, Avianca tendría la posibilidad de adelantar procesos disciplinarios y dar por terminados los contratos de trabajo de quienes participaron del paro. Según algunos expertos, podría incluso despedir a los directivos sindicales sin necesidad de iniciar un proceso judicial para levantar el fuero sindical.

El fallo del Tribunal de Bogotá determinó que la compañía debía pedir permiso para despedir a los involucrados, y, como dice Juan Manuel Guerrero, de la firma de abogados Guerrero y Asociados, “la corte deberá determinar, entre otras cosas, si eso es correcto”. Avianca controvirtió esta parte del fallo pues según la compañía se basa en una norma antigua que ya no rige (el decreto 2164 de 1959).

Para dar por terminado el cese de actividades y reiniciar sus operaciones, los pilotos buscaron la mediación de la Defensoría del Pueblo, que se comprometió en acompañarlos en el proceso de normalizar sus actividades laborales. Esto con el fin de que la aerolínea no tome represalias contra quienes participaron en a la huelga.

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No obstante, no es claro que esta entidad ni ninguna otra tenga las facultades legales para evitar que esto ocurra. La ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para que la aerolínea respete los derechos de afiliados de Acdac. Pero aclaró que no puede evitar que Avianca tome las determinaciones que la ley le permite. “Dependemos de cómo salga el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La corte marcará la ruta de una solución definitiva”, agregó.

Por otra parte, el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo desde el 28 de septiembre deberá resolver las solicitudes que los pilotos presentaron en su pliego de peticiones. Si bien Acdac no ha reconocido el tribunal hasta el momento, y este ha sufrido varios contratiempos como la renuncia de algunos integrantes, hoy tiene todos sus miembros y está en condiciones de decidir. Ya se posesionaron los árbitros Carlos Ernesto Molina, representante de Avianca; Luis Enrique Cuevas, designado para Acdac mediante sorteo (pues la entidad se negó a nombrarlo) y Jaime Pinzón, el tercer juez designado por los anteriores. Una vez instalado el tribunal, lo cual debería suceder en los próximos días, tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para proferir el laudo arbitral, de obligatorio cumplimiento para las partes.

Sin embargo, con este paro nadie ganó y el país perdió. Perdieron los pilotos de Acdac que tendrán que enfrentar las consecuencias, y también la compañía que dejó de recibir 2,5 millones de dólares por cada día de paro. Igualmente los pasajeros y la economía sufrieron daños muy graves. Durante los 52 días que duró la huelga, se cancelaron alrededor de 14.000 vuelos, lo que afectó a más de 420.000 pasajeros, y quienes pudieron viajar tuvieron que pagar tarifas más altas. Todo lo cual, sumado a los efectos sobre las actividades económicas, le pasará factura al crecimiento del país.

Según la ministra de Trabajo, “Colombia debe reflexionar si las relaciones laborales entre un sindicato y una empresa pueden ponerla en jaque”, y pidió instrumentos legales para evitar que se repitan este tipo de situaciones. Sin embargo, la huelga deja una reflexión principal: que hay que propender por un escenario de negociaciones colectivas que procuren mejorar los beneficios de los trabajadores sin ir en contravía de la sostenibilidad y viabilidad de las empresas. Esto es, la negociación colectiva debe comprender no solo el entorno de la compañía, sino la situación económica del país.