Pizarro y Antequera: la sombra del DAS

El 23 de octubre de 1990 la Presidencia de la República le otorgó la medalla al valor a Jaime Ernesto Gómez Muñoz, un discreto agente del DAS que formó parte del esquema de seguridad de Carlos Pizarro, el asesinado líder del M-19 y candidato presidencial. Gómez había tenido su momento estelar justo después de que un sicario de 22 años descargó una ráfaga de subametralladora contra Pizarro en un avión en pleno vuelo, el 26 de abril de ese año. Al reaccionar y dar de baja al sicario, el agente se ganó el calificativo de héroe.

Pero 26 años después, la Fiscalía acaba de ordenar la captura de Gómez –quien ahora se desempeña como agente del CTI en el mismo búnker donde se investiga el asesinato del líder de izquierda– bajo la sospecha de que su “acto heroico” realmente sería parte del plan criminal. En efecto, eliminar al sicario evitaría que la investigación llegara hasta los autores intelectuales del crimen. El escolta del DAS tuvo “la tarea de matar al sicario inmediatamente acribillara al líder político y aspirante presidencial y así ganar el silencio del potencial testigo y asegurar en buena parte la impunidad que se mantuvo rampante durante años”, sostiene la Fiscalía en el documento que soporta la orden de captura.

La Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía General encontró una serie de inconsistencias en la actuación del escolta y en sus explicaciones. Pizarro fue asesinado ocho minutos después del despegue del avión que lo llevaría a Barranquilla desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Cuando la nave alcanzó los 17.000 pies de altura, el sicario, un joven llamado Gerardo Gutiérrez Uribe, se levantó de su silla y fue al baño de la parte posterior, donde estaba oculta la subametralladora. La empuñó, se dirigió hacia la silla de Pizarro y le propinó la ráfaga letal. Gómez, que se hallaba unos metros atrás de la posición del sicario, se levantó de su silla ya con su arma en la mano, y abatió al criminal. De un esquema de seguridad de 17 escoltas a bordo, fue el único que abrió fuego. Dijo que lo hizo en legítima defensa y que en ese instante supuso que el sicario estaba recargando el arma para disparar nuevamente.

Pero la Fiscalía recabó decenas de testimonios de escoltas, de pasajeros y de personal del servicio a bordo quienes describieron una escena distinta. Según varios de ellos, tras la sorpresiva ráfaga que impactó a Pizarro, el sicario arrojó su arma y gritó “¡No disparen, no disparen!”. Pero en ese instante –cuando los demás escoltas apenas estaban buscando sus armas– se oyeron cuatro disparos provenientes del arma de Gómez, dos desde su puesto y otros dos desde más cerca. Para la Fiscalía resulta inquietante una reacción tan resuelta en un avión a 17.000 pies, más aún cuando Gómez a lo largo de su carrera como escolta nunca antes tuvo que entrar en acción.

También resulta sospechoso que una semana antes del magnicidio este escolta no hiciera parte del grupo encargado de velar por la seguridad de Pizarro. Solo se logró establecer que fue trasladado allí entre el 19 y el 22 de aquel abril, pues el oficio por el cual Gómez fue asignado desapareció, lo mismo que el expediente por la muerte del sicario, que no se encuentra en el Archivo Nacional, donde reposan los papeles del desaparecido DAS.

Cuando la Fiscalía le preguntó a Gómez cómo lo habían trasladado al esquema de seguridad de Pizarro, explicó que antes, cuando trabajaba en el de César Gaviria Trujillo, protestó porque su jefe lo quería dejar de vigilante en una fría caseta frente a la residencia. Como alegó que padecía de bronconeumonía crónica lo trasladaron al grupo de Pizarro. Pero la Fiscalía no encontró nada relacionado con una afección respiratoria en la historia clínica de Gómez y ningún exfuncionario del DAS corroboró su versión del traslado. “Su arribo al esquema se explica en la misión de ultimar al victimario que mató a Pizarro”, dice la Fiscalía.

Esta entidad también investiga por qué en 2014 se ordenó fundir el arma con la que se asesinó a Pizarro, un elemento material probatorio clave. Con esa determinación se impidió, por ejemplo, establecer si esa misma Mini-Ingram 380 se usó para acribillar a Bernardo Jaramillo Ossa apenas un mes antes en circunstancias similares. Así mismo, la investigación busca dilucidar quién o quiénes pusieron la subametralladora en el baño del avión donde el sicario sabía que la encontraría. 

Por otra parte, en un expediente paralelo que también instruye la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía, se avanza en la investigación por el crimen del líder de la Unión Patriótica José Antequera Guzmán, asesinado en El Dorado el 3 de marzo de 1989. Allí el papel de los escoltas del DAS también produce sospechas. Carlos Alberto Cortés Bocanegra, Didier Augusto Hernández Caicedo y Rodolfo San Juan Garzón, los guardaespaldas de Antequera, fueron vinculados a la investigación y se les prohibió salir del país, señalados de matar no solo al sicario, sino también al propio protegido. Respecto a este crimen, la Fiscalía sostiene que la opinión pública ha sido confundida con un mito “según el cual un sicario fue quien lo acribilló (a Antequera), cuando simplemente ambientó la escena, resultando abaleado y muerto por el fuego oficial sin haber accionado el gatillo del arma que apareció impostada”.

Todo ello, sumado a la reciente condena de 30 años de cárcel contra el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez por el crimen de Luis Carlos Galán, muestra que el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad fue en muchos casos una entidad al servicio del crimen, coprotagonista de las páginas más oscuras de la vida nacional.