Plan de Alimentación Escolar: Procuraduría advierte posibles inconsistencias por parte de 36 entidades territoriales

La Procuraduría General de la Nación advirtió serias inconsistencias por parte de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El panorama es poco alentador. De hecho, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que es responsabilidad de las administraciones departamentales y municipales, está bajo la lupa por varias razones y hoy es un auténtico desastre que tiene al ministerio público preocupado. Pese a ser la alimentación de los niños, es, al mismo tiempo, el botín de los corruptos.

Las cifras son escalofriantes: más de 180.000 niños en Colombia no se están beneficiando con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), siendo el departamento de Magdalena el que más llama la atención por el incumplimiento.

Y es que, sin duda alguna, son habituales las denuncias de corrupción, literalmente se roban la plata de la comida de los niños; las quejas por la entrega de alimentos en mal estado son reiteradas, y el incumplimiento de los contratos está a la orden del día. Todo esto afecta a miles de menores del país que terminan, siendo claros, aguantando hambre.

En un nuevo auto conocido por SEMANA, la Procuraduría requirió a 29 municipios y siete departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.

Es decir, las cuentas no son claras. En su comunicación, el ente de control recordó que el reporte de la información debe ser “confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones”.

El Ministerio Público exhortó a las entidades territoriales responsables a que registren la información de manera acertada pues esta es fundamental “para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios”, señala la Procuraduría.

Para la procuradora, Margarita Cabello Blanco, esta situación es “inadmisible porque se están vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, por lo que hace un enérgico llamado a todas las autoridades para que cumplan con su deber inmediatamente.

Y es que aunque estos son los casos más graves, la situación se estaría repitiendo en 96 entidades territoriales certificadas en educación, en que los grandes perjudicados son los menores de edad que no estarían recibiendo sus alimentos.

La Procuraduría advierte que continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.