Peñalosa destapa sus cartas para el POT

Exactamente dentro de un año, el alcalde Enrique Peñalosa tiene previsto presentar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al Concejo de Bogotá. Lo hará después de cumplir con el paso a paso que supone desarrollar un POT en la capital, que implica avanzar en etapas de concertación, la CAR y el Consejo Territorial de Planeación, entre otros actores.

Desde hace varios meses su equipo, encabezado por el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, ya empezó a elaborar el plan. A finales de noviembre ya habrán realizado los 26 encuentros ciudadanos con los que se busca recoger las preocupaciones urbanísticas de los bogotanos y avanzar en el diagnóstico que –junto con insumos provistos por funcionarios y consultoras nacionales e internacionales– será la base del nuevo POT.

El Dane y Planeación Nacional han corroborado las cifras preliminares con las que Ortiz y sus colaboradores están construyendo los documentos que sustentarán el nuevo Plan de Ordenamiento, y evidencian que el principal problema urbanístico de la capital es que su crecimiento veloz no cuenta con la infraestructura adecuada. Así, se prevé que el área metropolitana va a duplicarse en los próximos 40 años por varias razones: primero, porque en la actualidad hay un déficit de 306.780 viviendas; segundo, porque en 2056 habrá 3.600.000 habitantes más, para llegar a 12.900.000; y tercero, porque los hogares pasarán de tener 3,2 personas en promedio a 2,4, lo cual significa que el número de estos también se duplicará.

Por cuenta de lo anterior, una de las prioridades del POT será hacer compatible la estructura ecológica, espacial y de servicios de la ciudad con el crecimiento ordenado. Eso implica generar la tierra suficiente para que Bogotá pueda ofrecer viviendas y contrastar una realidad aterradora: por cada 50 que se venden en la capital, se venden 49 en los municipios aledaños. Eso implica que por la falta de oferta de vivienda muchos bogotanos, sobre todo de pocos recursos, han tenido que desplazarse a la sabana, lo que encarece sus costos de transporte y afecta su calidad de vida. Peñalosa quiere generar 1.198.000 viviendas durante su mandato con proyectos de renovación urbana y otros que ya ha anunciado como Ciudad Río, en el borde del río Bogotá; en Lagos de Torca y Ciudad Norte; Bosa y Usme. Y esa meta dependerá de la apuesta por una urbe compacta y ordenada. “Buscaremos consolidar esa apuesta en el POT, que se estructurará alrededor de cinco equilibrios”, dice Ortiz.

El primero de ellos es promover el desarrollo urbanístico con sostenibilidad ambiental. A pesar de las críticas que ha recibido Peñalosa por su voluntad de reconfigurar la reserva Van der Hammen, el alcalde y su equipo insisten en que entre los componentes ambientales estará aumentar el número de áreas verdes por habitante con proyectos como el Sendero de las Mariposas en los cerros orientales, que además de tener propósitos recreativos, busca evitar las construcciones ilegales. Un segundo equilibrio es generar renovación urbana sin sobredensificar. El alcalde insiste en que Bogotá está entre las ciudades más densas del mundo y que eso implica que, aparte de la zona media, donde la densidad es menor, solo puede crecer en donde hay infraestructura y en particular transporte público masivo. Eso se asocia con el tercer equilibrio, entre la expansión y la construcción de una ciudad densa y compacta. Por cuenta de lo anterior, los programas de renovación y el crecimiento en altura se priorizarán en los ejes por donde pasa el transporte masivo. “Si la ciudad va a crecer, hay que garantizar que sea en lugares donde la gente pueda llegar a TransMilenio caminando”, insiste Ortiz, mientras explica que con ese propósito la primera acción urbanística de Peñalosa fue derogar el Decreto 562 promulgado por Gustavo Petro, que permitía el crecimiento en altura en zonas con débil infraestructura de movilidad, espacio público y servicios. “Densificar no es solo crecer en altura”, dice.

Un cuarto equilibrio busca promover los desarrollos privados compatibles con el espacio público, e implica tomar medidas como las que quedarán consignadas en el decreto que se anunciará en los próximos días, que incorpora los ejes de la 80 y la carrera 30 al tratamiento de renovación urbana, con condiciones puntuales. Los edificios que se construyan en esas zonas deben englobar lotes no menores a 1.500 metros cuadrados y generar, como mínimo, aceras de 12 metros en sus frentes y un 20 por ciento de espacio público adicional. Las entradas vehiculares de las edificaciones nuevas no podrán quedar sobre esas avenidas y otras en las que haya procesos de renovación. También los antejardines serán considerados espacio público. Eso implica que quién monte un restaurante o ponga una reja en esa área sin pagar al Distrito será considerado un invasor.

Finalmente, el quinto equilibrio será el de articular la ciudad con la región. A diferencia de otras capitales, Bogotá y Cundinamarca son dos entes territoriales absolutamente independientes y construir un área metropolitana implica un cambio constitucional que ha fracasado varias veces en el Congreso. No obstante, el POT respaldaría la idea de mejorar la conectividad entre vías como la calle 13 y la autopista Sur; la avenida Boyacá, las Américas y la calle 63; la 170 y Cota; y la Séptima y la vía a la Caro, entre otras. La dificultad de la articulación de la ciudad con los 11 municipios circundantes radica en que esta depende de la voluntad política de la Gobernación y los alcaldes municipales, y de su disposición para elaborar planes de ordenamiento complementarios con los de Bogotá. Y en este tema el senador Carlos Fernando Galán ha hecho advertencias recientes, al señalar que en algunos de esos municipios las autoridades están negociando ilegalmente planes de ordenamiento con privados.

Para sacar el POT adelante, Peñalosa necesita contar al menos hasta la mitad de su mandato con la coalición de gobierno mayoritaria que lo ha apoyado en el Concejo. También desarrollar un cuidadoso proceso de ajuste normativo y presentación a la ciudadanía y autoridades ambientales. De qué tan bien ejecute el proceso dependerán las normas para los próximos 12 años en la ciudad. Y que Bogotá, actualmente regida por el POT de 2004, no entre en el limbo en el que cayó cuando Petro decidió sacar por decreto un nuevo plan que –por asuntos de forma– terminó suspendido por el Consejo de Estado.