A cerrar la brecha de la Colombia rural con la urbana

Se trata nada menos que de por fin llegar a los municipios más remotos, a los más desposeídos por el Estado, allá donde solo la guerra y la pobreza germinaron. Ese es el desafío que el Gobierno de Iván Duque tiene por delante y el cual tuvo su banderazo de arranque este viernes con la inauguración de 550 obras. Un envión inicial en los territorios que moverán el desarrollo del país marginado.

Escuelas, alcantarillados, salones comunales, bibliotecas, vías terciarias y tecnología para impulsar las economías emergentes hacen parte del primer paquete de construcciones que el Gobierno viene ejecutando bajo el concepto de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La estrategia se desprende del primer punto del acuerdo de La Habana, y es tal vez el elemento más importante para transformar a Colombia. 

Con el entendido de no que es posible construir la paz desde Bogotá, y de que la sola dejación de armas no la garantiza, los PDET son el mecanismo para superar décadas de abandono y empezar a cerrar la brecha que separa al país rural de las ciudades. Un instrumento de planeación y gestión con el que el Gobierno espera poner a andar el desarrollo rural, pero esta vez no con la lógica centralista, sino sobre la base de un plan maestro con participación directa de pueblos hasta ahora siempre ignorados. En suma, se trata de construir Estado donde todo ha sido abandono.

Los PDET se asemejan a una hoja de ruta trascendental para cada una de las 16 subregiones y los 170 municipios que abarcan. Se proyectan a 15 años de permanente ejecución, y el primer reto consiste en articularlos correctamente con los sucesivos gobernantes locales durante tres lustros. Cada mandatario trae su visión y plan de gobierno a ejecutar en su periodo, pero en adelante esas iniciativas deberán hacer clic con la estrategia macro. En ese sentido, el arranque resulta prometedor. Hasta ahora, a pesar de que no hay ninguna obligatoriedad legal de por medio, en 140 municipios los alcaldes se han encargado de tramitar algunas de las iniciativas PDET y los concejos ya aceptaron incluirlas en sus planes.

En cada uno de los territorios focalizados en el mapa nacional la gente concertó con el Gobierno en qué deberían invertir los recursos. Establecen las prioridades según las mayores falencias de cada lugar, y aunque tienen autonomía, los territorios deben aterrizar los proyectos en ocho pilares estratégicos: 1) Infraestructura y adecuación de tierras. 2) Salud. 3) Educación. 4) Vivienda, agua potable y saneamiento. 5) Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. 6) Economía y producción agropecuaria. 7) Derecho a la alimentación. 8) Reconciliación, convivencia y paz.

Este viernes el Gobierno desplegó en simultáneo al gabinete ministerial, a los diplomáticos y empresarios de élite, quienes llegaron a las subregiones para conocer las primeras iniciativas consolidadas. Con ello el Gobierno envía una señal de compromiso. Al mismo tiempo, logra que la clase dirigente salga de Bogotá y entienda, sobre el terreno, que el país se juega la promesa de la paz territorial. Obras son amores y no buenas intenciones, dice la sabiduría popular. Bajo esa lógica, La Variante (Tumaco) ahora tiene biblioteca; los estudiantes de Moravia (Antioquia) tienen restaurante escolar; en El Placer (Putumayo) ya hay una planta transformadora de leche para hacer queso, y en Los Montes de María (Bolívar y Sucre) hay invertidos más de 46.000 millones de pesos en vías terciarias. 

Construcción de caseta comunal en Arauquita y mejoramiento de vías terciarias en la vereda Santa Rosa en la Montañita (Caquetá).

Pese al impulso y el reconocimiento que ha recibido el Gobierno por la gestión, la academia llama a no enfocarse en el árbol y perder de vista el bosque. Es decir, las obras son fundamentales para esos territorios, pero no tendrán muchos efectos en el desarrollo local si están atomizadas y carecen de articulación social. “La transformación del territorio no se puede reducir a una sumatoria de obras”, manifestó Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado, quien enfatizó en que el Gobierno debe reducir la multiplicidad de discursos de sus sectores, que enfrentan problemáticas diferentes. 

Para resolver ese punto, el Gobierno contrató los servicios de la firma Deloitte. Esta presentará las rutas de acción de las 16 zonas, articulando los PDET con los Planes Integrales Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda), los Planes de Retorno de los desplazados y los Planes de Reparación Colectiva de las víctimas. También pretenden entretejer, donde corresponda, proyectos de infraestructura nacional con las juntas comunales y con las zonas estratégicas de intervención integral (ZEII), que tienen un enfoque más militar. En diciembre entregarán el modelo a implementar en la región del Catatumbo, y en junio los otros 15. Sin embargo, hay quienes temen que la fórmula podría llegar demasiado tarde dada la creciente espiral de violencia que estremece al país en ciertas zonas.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien tiene la responsabilidad de coordinar los PDET en el país, explica la magnitud del reto. “Colombia tiene una cobertura promedio de 98 por ciento en acueducto, pero en las zonas rurales se reduce a 40 por ciento, y en las zonas PDTE apenas araña el 10 por ciento. Es decir, en estas zonas una de cada diez familias tiene agua y alcantarillado”. 

Esos territorios priorizados involucran más de 6,6 millones de personas, y se estima que 2,5 millones de estas son víctimas directas del conflicto. Dichas zonas abarcan el 24 por ciento de la población rural del país y albergan al 57 por ciento de los colombianos, que sobreviven en el rango extremo de pobreza multidimensional. En cuanto al área, los espacios PDET suman el 3 por ciento del territorio nacional, el 45 por ciento de áreas de Parques Nacionales y concentran el 70 por ciento de las hectáreas de coca.

Cada uno de estos datos implica una complejidad mayúscula. Precisamente se trata de atacar la desigualdad, el deber siempre aplazado del país. Esta vez no hay lugar para fallar. Por eso diferentes sectores piden que dado el estrecho vínculo que estos territorios tienen con el narcotráfico, los PDET se articulen con el cuarto punto del acuerdo, relacionado con la solución al problema de las drogas. Ese vínculo le empieza a dar la mirada de integralidad. 

A la fecha, las inversiones que ha hecho el Estado en estos territorios rondan los 900.000 millones de pesos. Varios sectores políticos han dicho que ese dinero no alcanza. Por su parte, el Gobierno asegura que la financiación del 98 por ciento de las obras (32.808) pendientes no solo saldrá del rubro de la nación, sino también de la cooperación internacional y los privados que, por ejemplo, le vienen apostando al modelo Obras por Impuestos. Este permite a las empresas cancelar hasta la mitad de sus impuestos sobre la renta con inversión en obras públicas en esas zonas.

A la caja hay que sumar 37,1 billones de pesos del Plan de Inversión para la Paz del PND y 2,3 billones provenientes del Sistema General de Regalías que ejecuta la mesa Ocad Paz (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) para territorios donde se implementa el acuerdo final entre 2019 y 2022. Además, el Gobierno aspira movilizar 5 millones de dólares de cooperación internacional. La financiación es un tema crucial y se requiere que los organismos de control vigilen con particular celo los recursos.

Si esta ambiciosa apuesta del Estado funciona, generaría una transformación duradera en los territorios en cuestión, ya que eliminaría los factores que impulsan la violencia. Los PDET bien ejecutados pueden convertirse en el gran puente sobre el abismo que separa a las dos Colombias: la excluida y la próspera. De eso se trata.