Bioenergy: el elefante blanco más grande de la historia

Todo lo que podían hacer mal en el multimillonario proyecto Bioenergy, lo hicieron mucho peor. La estatal Ecopetrol en esa empresa filial tuvo un descalabro monumental. El negocio arrancó en 2008 con una inversión inicial definida en 140 millones de dólares, pero cinco años después ascendió a 750 millones. Y eso no fue lo peor. A pesar de los sobrecostos astronómicos, los retrasos, los pleitos e intrigas, la empresa nunca logró despegar.

Ahora está clausurada y en trámite de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. Los enredos del negocio llevaron a Ecopetrol ante un tribunal de arbitramento internacional, que para colmo de males falló en su contra. Y en Colombia, la Contraloría adelanta ocho procesos de responsabilidad monetaria; mientras que en materia penal, la próxima semana un fiscal de la Unidad Anticorrupción adelantará audiencia de imputación de cargos contra dos ejecutivos, presuntos responsables de apenas una parte del fiasco. ¿Cómo llegó Ecopetrol a consentir este elefante blanco que chapalea en semejante lodazal?

La historia se remonta hace una década, cuando el negocio del biodiésel se asomaba como la gran apuesta estratégica en el futuro. En 2008, invertir en una planta agroindustrial para producir etanol a gran escala era como la oportunidad real de cazar un unicornio. Solo que después mutó en un insaciable mamut. El país y el mundo en general observaban con preocupación la urgencia de implementar energías alternas. Por un lado para aflojar la dependencia exclusiva al petróleo, y por el otro para reducir el impacto sobre el medioambiente.

El mercado del alcohol carburante o etanol se proyectó con firmeza en Colombia desde 2005, cuando el Gobierno ordenó que el combustible automotor debía llevar obligatoriamente una mezcla de ese alcohol. Estipularon mezclas E8 y E10, es decir 8 y 10 por ciento de etanol. Las variaciones dependían de las regiones del país por la escasez de ese insumo. La tendencia mundial iba en el sentido y las proyecciones apuntaban a que el porcentaje de mezcla aumentaría hasta E15 o E20. 

En medio de ese escenario, Ecopetrol decidió apostar por Bioenergy. Era un proyecto vanguardista en varios sentidos. Se trataba adaptar los vastos cultivos de caña de azúcar del Valle a los Llanos Orientales, con tierra de precio asequible y suficiente para desarrollar un proyecto de esta envergadura. Además, la distribución final del etanol desde allí sería más conveniente. Un primer desafío era hacer germinar la caña de azúcar en una región donde nadie había visto nunca esa planta.

El visionario y arriesgado proyecto le pertenecía a Bioenergy, una sociedad privada que la junta directiva de Ecopetrol aprobó comprar, en 2008, por 140 millones de dólares. De esa suma, 40 millones irían al componente agrícola y 100 al industrial. En ese momento faltaba todo. Había que comprar los terrenos, levantar los cultivos, diseñar y construir la planta industrial para transformar la caña en etanol y poner en marcha la empresa con su operación comercial.

El objetivo era crear la planta de mayor capacidad del país, capaz de producir a diario 408.000 litros de etanol proveniente de 14.400 hectáreas de cultivo. Bioenergy, al menos en el papel, generaría una cuarta parte de la producción total del biocombustible, cuya demanda nacional era de 1,6 millones de litros diarios. Pero una vez entró al negocio, los estimativos de los costos empezaron a crecer como espuma. Ecopetrol pagó realmente un banderazo de 340 millones de dólares. Y faltaba lo más difícil: levantar la planta.

Para eso abrieron una convocatoria y hubo tres proponentes: la firma Engevix ofreció 261 millones de dólares; Praj Schrader Camargo, 221 millones, e Isolux, la menos calificada y hasta con líos por incumplimientos en otros países, propuso hacer la planta a cambio de 159 millones de dólares. Las tres propuestas rebasaban el presupuesto, por lo que el proceso se declaró desierto. Pero más adelante la española Isolux se quedó con el negocio al proponer una oferta ajustada por 126 millones de dólares. Una ganga.

Entonces comenzó otro viacrucis. La planta se llamaría El Alcaraván, nombre del pájaro característico de los Llanos, estaría ubicada en el kilómetro 43 de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta. Isolux empezó a alegar que la tarea implicaba gastos extra, pues el proyecto no tenía estudios de ingeniería conceptual y mucho menos de detalle. Y al realizarlos, el precio subió una vez más. Al contrato le incorporaron hasta cuatro otrosíes. El enredo llegó a tal punto que, en medio de la improvisación, Isolux terminó por subcontratar a Praj, la firma más calificada, pero descartada desde el comienzo.

Pero ni así. El 8 de abril de 2014 Bioenergy rompió con el contratista. Argumentó reiterados retrasos e incumplimientos en los hitos más importantes del proyecto. La filial de Ecopetrol tomó el control de la obra a medio hacer y salió a buscar un nuevo ejecutante. El choque entre Bioenergy e Isolux llegó al tribunal de arbitraje empresarial de Houston, Estados Unidos. Allá Colombia pretendía recuperar algo de la plata perdida, pero el tribunal determinó “restituciones mutuas”, algo así como empate. En la práctica significó que Ecopetrol perdió todo lo que asumió por los sobrecostos, además de cerca de 13 millones de dólares que dejó de recibir por el retraso del proyecto.

Finalmente, la construcción de la planta quedó en manos de la firma Menegua, que tan pronto aterrizó en terreno advirtió que el avance reportado no correspondía al estado real del proyecto. Este lunes la Fiscalía adelantará la audiencia preparatoria al juicio contra Jaime Leonardo Flórez Muñoz y el español Ignacio Juan Revilla Fernández, representantes legales de Isolux, acusados de interés indebido en la celebración de contratos. Hasta ahora no ha tomado ninguna determinación penal respecto a representantes de Ecopetrol.

La Contraloría calcula que la cuantía de los procesos que adelanta asciende a cerca de un billón de pesos. “Tenemos cinco procesos para tomar decisión una vez se levanten los términos procesales que están suspendidos por la pandemia desde marzo. Y hay otros tres procesos en práctica de pruebas avanzada”, dice el Contralor Felipe Córdoba.

El exministro Rubén Darío Lizarralde está empeñado en relanzar la empresa para no perder lo invertido y que sea viable en el futuro. 

Los líos en la construcción de la planta a su vez descarrilaron el componente agrícola, porque cuando finalmente lograron sacar adelante las extensiones de caña no había fábrica dónde transformarla. Solo a comienzos de 2017 Bioenergy logró procesar el primer litro de etanol en El Alcaraván, una década después de que Ecopetrol se metió al proyecto. Para ese momento el mercado ya no era lo pensado. Hoy el país se abastece de alcohol carburante proveniente de Estados, donde la industria goza de subsidios estatales. Eso, sumado al inmenso lastre financiero, parece ser la lápida de Bioenergy. Un elefante blanco que ha costado 750 millones de dólares.

El abogado y exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde asumió el cargo de liquidador de la empresa. “Bioenergy entró en liquidación porque la suma de los activos es igual a la suma de las deudas, unos 600.000 millones de pesos, lo que la hacía inviable”, explica. Lizarralde es la última esperanza que le queda a Bioenergy. Asegura que no asumió el reto para extinguir la compañía, sino para salvarla. En juego están 800 empleos directos y más de 2.000 indirectos. “Es fundamental mantener la empresa para salvar el empleo y continuar estimulando el desarrollo de la Orinoquía”, dice.

Asegura que al llegar a acuerdos con los acreedores la planta podría producir alcoholes especiales para la industria farmacéutica y para licoreras. Colombia exporta hoy más de 50 millones de litros de esos productos y generan ingresos 50 por ciento superiores al etanol. El liquidador está empeñado en lograr el milagro.