Plantón en los juzgados de Paloquemao para exigir avances en investigación del cartel de la infancia

Mujeres y organizaciones hicieron un plantón en las últimas horas en la entrada principal de los juzgados de Paloquemao en Bogotá para exigir resultados de parte de la Fiscalía y el Tribunal de Ética de Psicología frente a las decenas de denuncias de un posible cartel de la infancia al interior de las comisarías de Familia y que SEMANA reveló en exclusiva desde septiembre de 2021.

“No más, exigimos resultados”, fue el llamado de las víctimas, quienes con una puesta en escena, retrataron y expusieron la pesadilla a las que han sido sometidas. Exigieron además que se revisen nuevamente los casos en los que las decisiones fueron desfavorables.

En su momento, SEMANA reveló que padres de familia que pertenecen a estratos de altos ingresos denunciaron la existencia de un llamado ‘cartel de la infancia’. En él, la custodia de un niño sería otorgada a quien tenga mayor poder económico para gestionar fallos supuestamente amañados en complicidad de comisarías de familia, abogados, peritos e incluso jueces, para intervenir en algunas decisiones que perjudican a las madres de los menores.

En todos los casos, a las víctimas en las comisarías les ordenaron una evaluación psicológica al tiempo que les daban las opciones de peritos recomendados, que cobraban sumas elevadas. Los abogados de los padres involucrados resultaban siendo los mismos, al parecer, también recomendados en las comisarías.

Las denuncias apuntaban a Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, quien en la época que ocupó el cargo de comisaria segunda de familia de Usaquén habría cometido algunas irregularidades que favorecerían “al mejor postor”, priorizando intereses económicos sobre el bienestar de los niños.

Según indicó Freddy Garzón, director de la Agencia Nacional de Investigadores y Peritos Criminalísticos (Anip), actualmente son entre 15 y 20 casos que ya están en manos de la Fiscalía, y han sido conocidos por el Tribunal de ética de psicología y el Colegio de psicólogos forenses (Colpsic), sin que se hayan pronunciado al respecto.

La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, insistió en el llamado para que la justicia y las demás autoridades competentes brinden el acompañamiento requerido a estas madres y se adopten prontas decisiones penales y disciplinarias contra quienes formarían parte de este cartel que atenta contra los derechos de la infancia y vulnera los derechos de las mujeres.

Cabe recordar que, en diciembre, SEMANA reveló las grabaciones que fueron aportadas a la Fiscalía en el proceso del presunto cartel de la infancia.

Se trata de conversaciones que no se dieron en medio de audiencias, sino en reuniones informales y telefónicas. Sin embargo, Yaneth Fabiola Castillo, que renunció a su cargo cuando la trasladaron a una comisaría en el sur de Bogotá tras los señalamientos, dijo a SEMANA que “a mí, nadie me tenía que pasar su trabajo debajo de la mesa. Me tenían que aportar su material probatorio, dentro de la audiencia de oralidad en presencia pública de todas las partes, para ser valorada y controvertida públicamente”.

Además, dejó claro que en los casos que conoció, no solo participó el perito Roberto Sicard, sino profesionales de universidades reconocidas. Según ella, el Ministerio Público nunca objetó la validez de estas decisiones probatorias y que es necesario ver la legalidad de las grabaciones.

En su momento, Roberto Sicard desmintió la existencia de algún complot entre la comisaria, los abogados de las partes, él y otros peritos. Admite que hay un cartel de la infancia que él mismo ha denunciado, pero que no forma parte de este. Aseguró que todo se trata de un grupo de madres inconformes con una decisión y con trastornos psicológicos que las lleva a crear una campaña de desprestigio contra “gente honorable”.

Las grabaciones están en manos de la Fiscalía, la Personería, Secretaría de Integración, Presidencia de la República y del Tribunal Deontológico y de Bioética de Psicología. Las autoridades deberán definir quién dice la verdad.

Y frente a esa grabaciones y denuncias, que mujeres y organizaciones sociales le están exigiendo respuestas a la justicia.