Renegociar el acuerdo de paz: ¿Es posible?

Pasada la ‘horrible noche’ para el Gobierno, la de la derrota del Sí, la Casa de Nariño y las FARC tienen que empezar a pensar cuál es el próximo paso. Y muchos hablan con convencimiento de que no queda otra que “renegociar”. Pocos saben sin embargo, cuál es el alcance de esa propuesta. Si las negociaciones en La Habana fueron difíciles, y tardaron más de cuatro años en su fase pública antes de concluir con la firma, la renegociación promete ser más compleja aún, si se tiene en cuenta que las manecillas del reloj avanzan.

Llegar a conciliar el texto de casi 300 páginas pactado en La Habana con las banderas del uribismo, completamente antagónicas en los puntos esenciales, parece una misión imposible. Más aún cuando los seguidores del Centro Democráctico y otros sectores que se decantaron por el No llegan a una forzada mesa de diálogo con la sartén por el mango.

Para empezar, la discusión plantea un escenario semántico y político bastante confuso. Cuando el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a oir a los del No, no se refería precisamente a la palabra “renegociar”. Por lo menos ese fue el mensaje que envió a los partidos políticos que apoyaron el Sí en la Casa de Nariño. “Escuchar no significa renegociar”, insistió.

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Por otro lado, las posibilidades reales de que el contenido del acuerdo con las FARC se pueda modificar no son tan claras. Roy Barreras, el senador que se convirtió en negociador, asegura que la Mesa de Negociación terminó su tarea el pasado 26 de septiembre, cuando se firmó en Cartagena el acuerdo de paz. Dice que el acuerdo está sobre la mesa y considera que los promotores del No deberán ofrecer un mejor acuerdo, “si es que les parece fácil lograrlo”.

Este lunes, 24 horas después del plebiscito, el uribismo presentó carteles en los que afirmaba que lo que había decidido el país en las urnas era “corregir los acuerdos”. Álvaro Uribe reiteró su voluntad de diálogo, pero puso en duda la del Gobierno. “¿Hay disposición en el Gobierno y en el presidente (Juan Manuel Santos) de escuchar? ¿Hay disposición de escuchar para introducir modificaciones al acuerdo?”, preguntó en el Senado.

Ahora, el Gobierno entra en una nueva fase de negociación, ya no con las FARC, pues la tarea ya culminó. Lo hará con el sector opositor al acuerdo de paz de La Habana, en procura de un consenso nacional.

Ese diálogo, según Barreras, debe arrojar resultados en dos o tres semanas, pues considera que por razones logísticas, de verificación, y por circunstancias de orden militar, el proceso de paz no aguanta dilaciones. “¿Cómo se va a mantener un cese del fuego si los acuerdos no entran en vigencia?”, se preguntó el senador de La U.

Es el pulso que rodea el inicio de este nuevo ciclo: la negociación con los del No. Un diálogo que también se advierte complejo, más allá de las heridas que la campaña en torno al plebiscito haya dejado abiertas. El fondo de la discusión, los “inamovibles del No”, también suponen un difícil escollo para alcanzar ese anhelado consenso. Estos son los principales:

1) Participación política

Para Uribe, en el acuerdo de La Habana el Gobierno aceptó “abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades”. Lo que rechaza el jefe del Centro Democrático es que haya curules a dedo para las FARC y que Timochenko, Iván Márquez, Pablo Catatumbo y los demás miembros del Secretariado puedan llegar al Congreso, o puedan gobernar. Aunque admite que sean otros quienes puedan representar a la guerrilla una vez desmovilizada, pero no los autores de delitos atroces.

Esta es otra nuez del acuerdo de La Habana. El propósito de la negociación, en últimas, era que las FARC cambiaran los votos por las armas, y que fueran los jefes de esta guerrilla los que los representen. El jefe negociador, Humberto de la Calle, quien ahora tendrá que lidiar con el uribismo, dijo la frase que más generó resistencias frente a este tema: “Timochenko podría ser presidente”. Aunque en el papel, así sea sólo hipotéticamente, es difícil negarles a los guerrilleros la posibilidad de batirse en las urnas, la mayoría de quienes votaron por el No nunca se tragarían ese sapo.

Sin embargo, este es uno de los puntos en los cuales existen mayores alternativas, pues la participación en política tiene amplios espectros. El primero, curiosamente, es uno de los puntos de encuentro entre el uribismo y las FARC: la Constituyente. Aunque esta fórmula es muy criticada. En virtud de esta se podría permitir la participación de ambos y crear puntos de encuentro que faciliten acuerdos.

2) Excluir a las Fuerzas Militares

El acuerdo en materia de justicia incluyó un capítulo para agentes del Estado y terceros que hayan tenido vinculación con el conflicto. Para Uribe no es más que igualar a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil con el terrorismo. “Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”, dice, y por eso ha propuesto un proyecto en el Congreso para dar alivio judicial a los miembros de las Fuerzas vinculados a procesos de la justicia ordinaria.

“Todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel (…) Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel”, es la interpretación de Uribe.

Excluir a los militares de la justicia transicional es un arma de doble filo. Colombia tiene ya la experiencia de las amnistías del M-19. Los militares no se montaron a ese proceso en ese momento y hoy, mientras los desmovilizados de ese grupo hacen política, muchos de los militares de esa época están en la cárcel.

La solución a este punto podría no ser tan compleja. La clave está en dar un tratamiento especial a los miembros de las Fuerzas Militares que los incluya en las medidas de justicia transicional pero con mecanismos distintos.

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3) El narcotráfico

Uribe considera que el acuerdo no excluyó el narcotráfico como conexo del delito político de forma contundente. Esta discusión se zanjaría en el Congreso, cuando el Gobierno presentara la ley sobre delitos conexos. “El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable”, es su tesis.

Pero hasta la Corte Suprema de Justicia manifestó que el narcotráfico es conexo a la rebelión siempre y cuando esa actividad ilegal haya sido cometida para financiar a las organizaciones insurgentes. La tesis de Uribe, en cambio, podría exponer a los guerrilleros a la extradición, por lo que tampoco se advierte fácil una renegociación.

El narcotráfico ha sido el mayor catalizador de la guerra en Colombia. Sin embargo, más allá de que sea o no considerado un delito atroz, lo que más causa rechazo son las ganancias que les ha generado a los grupos al margen de la ley. Por ello más que penas por su comisión, lo que más esperan muchos colombianos es transparencia en la recuperación de los activos que se obtuvieron a través de este para que exista una verdadera contribución a la reparación. Las FARC ya señalaron que están dispuestas a esto.

4) Dejación o entrega

Uno de los términos más reiterados en el acuerdo de La Habana es la palabra dejación. Uribe considera que debe quedar explícito el término “entrega" de armas porque la palabra dejación, en su criterio, equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera.

En La Habana se acordó un mecanismo de verificación para la dejación de armas, monitoreado por Naciones Unidas. Para el Gobierno es una discusión puramente semántica, pero Uribe la considera de mucho fondo.

La agenda de negociación entre el Gobierno y el uribismo, y los demás voceros del No, parece que no es tan amplia como la de las FARC, pero sí se advierte tan compleja como la que tuvo lugar en La Habana.

Si bien este punto es complejo, depende en mucho grado de la determinación de la agenda y de la cooperación internacional, para lo cual se cuenta con el compromiso de la ONU y de los países mediadores.

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5) Justicia sin impunidad

Para Uribe, en el acuerdo de La Habana el gobierno “aceptó” que “delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales”. Considera que la justicia transicional acordada menciona sanciones restaurativas, como el trabajo social, y restricción efectiva de la libertad, pero no se menciona la palabra cárcel. En su criterio, se trata de un mal ejemplo, “promotor de nuevas violencias”. En otras palabras, Uribe quedaría conforme con ver a los jefes de las FARC detrás de los barrotes y con ropa de rayas, pero para los guerrilleros rasos, que no hayan incurrido en delitos atroces, ofrece amnistía.

El acuerdo en materia de justicia fue quizás el más complejo en La Habana, tal vez por eso, cuando se firmó, el presidente Juan Manuel Santos quiso presentarlo en La Habana, al lado de Timoleón Jiménez. Y bajo la presencia de un Raúl Castro emocionado.

Que ahora el contenido del capítulo de víctimas, corazón de la negociación, se pueda modificar no parece sencillo. A Uribe no le gusta el Tribunal para la Paz porque según él, iguala a los militares y los empresarios con los “bandidos” (ver punto 3). Por eso, se anticipa que la creación de esa nueva jurisdicción será la principal damnificada. El expresidente tiene grandes aliados. El fiscal Néstor Humberto Martínez y las altas cortes han expresado sus reparos a que la justicia transicional asuma competencias que les corresponderían a ellos.

Es muy poco probable que la guerrilla acepte este giro. Las FARC no negociaron con la idea de irse a la cárcel o extraditados a los Estados Unidos, lo considerarían un incumplimiento de la palabra empeñada.

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Este es sin duda el punto más difícil de conversar. Este será el aspecto en el que los seguidores del no deberán ser más realistas. Es imposible que la guerrilla firme una paz en la que deban permanecer en una cárcel ordinaria. Sin embargo, el mundo está lleno de ejemplos de opciones, desde Irlanda del Norte hasta Sudáfrica. El propio uribismo propuso hace unos meses una opción intermedia que no implicaba cárcel intramural sino una restricción de la libertad en zonas específicas. El reto es grande, pero también los beneficios si se concibe una alternativa razonable.