Al menos cinco magistrados aprobarían plebiscito por la paz

El viernes pasado se conoció el sentido de la ponencia por medio de la cual el magistrado Luis Ernesto Vargas propone que sus compañeros de la Corte Constitucional le den su bendición al plebiscito por la paz. Mejor aún para el Gobierno, al menos cinco magistrados, de nueve, estarían de acuerdo con esta tesis.

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Semana.com le cuenta cuál fue el camino para la presentación de este proyecto de fallo y en qué circunstancias se debería desarrollar esa contienda electoral si la tesis del jurista es acogida por sus compañeros de la Sala Plena de ese alto tribunal.

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El 27 de enero pasado el magistrado Jorge Ignacio Pretelt sacó la balota del colega que se encargaría de redactar la ponencia del examen de constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria del referendo por la paz. El elegido fue el magistrado Luis Ernesto Vargas, quien esa misma semana invitó a diferentes sectores sociales a rendir su concepto.

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Antes de elaborar su ponencia, tuvo lugar una audiencia pública en la que el Gobierno, la Fiscalía, los organismos de control, el Congreso, la oposición, las víctimas y la academia defendieron sus posiciones en torno a esta propuesta de refrendación de las negociaciones de La Habana (Cuba).

Con el acelerador a fondo, el magistrado Luis Ernesto Vargas tardó 13 días más en presentar su ponencia, en la que pide declarar constitucional la realización de esta consulta.

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Qué significa

Al pedir el aval al proyecto de ley estatutaria, Vargas sugiere que es válido que el Gobierno y el Congreso quieran preguntarles a los ciudadanos en las urnas si están de acuerdo o no con que sus instituciones estén obligadas a realizar reformas legales y constitucionales para conquistar la paz a través de una negociación.

Sin embargo, eso no significa que la administración de Juan Manuel Santos tenga el camino allanado para que las negociaciones entre las FARC y su equipo negociador puedan tener cabida en la institucionalidad. Si la Corte aprueba la ponencia de Vargas, el Ejecutivo tendrá que cumplir una serie de rigurosos requisitos.

El primero es que no se podrán destinar recursos ni se podrán poner bienes estatales al servicio de la aprobación o no del plebiscito, que podrá ser secundado por campañas en favor del “sí”, del “no” o incluso de la abstención. Además, la defensa de cualquiera de esas tres opciones no podrá ser encabezada en el nombre de un partido político, de un candidato o de un grupo significativo de personas, lo que le pone un freno no sólo al Gobierno, sino también a opositores como el uribismo.

Y si el Gobierno creía que el espacio que reservó en los canales de televisión y cadenas de radio para explicar el plebiscito podrá servir para convencer a la gente de la necesidad de respaldar el proceso, la ponencia señala que estas herramientas sólo pueden ser utilizadas para adelantar una labor pedagógica, en la que queda rotundamente prohibido tratar de promover el apoyo al acuerdo final.

Además, Vargas se esforzó para que los votantes no terminen aprobando o negando un acuerdo a ciegas. Según él, las bases de lo acordado en la mesa de negociaciones en Cuba deben ser dadas a conocer públicamente y de manera detallada al menos 30 días antes de convocar la contienda.

Así las cosas, si bien el espaldarazo del magistrado ponente al proyecto de mecanismo de refrendación de los acuerdos le dibujó una sonrisa al presidente Santos, a su gabinete y a su coalición, lo cierto es que no la tiene nada fácil para que, en medio de esos condicionamientos, logre conquistar el guiño de la ciudadanía frente a las negociaciones.

El debate en la Corte Constitucional se iniciará este mismo miércoles y, según fuentes consultadas por Semana.com, la ponencia ya tiene el respaldo de al menos cinco magistrados.