Plebiscito: El tiempo apremia

Que las negociaciones entre el gobierno y las Farc están en la recta final, nadie lo duda. Pero que la firma del acuerdo final ya está lista, no está asegurado. No solo porque aún faltan temas complejos por resolver, sino porque la carpintería del cronograma tiene mucha filigrana que puede tomar tiempo. Y porque las agendas de concentración de las Farc, la puesta en marcha de la justicia transicional, el plebiscito y las reformas en el Congreso necesitan una sincronización que no es nada fácil.

Bajo la premisa de que el cuadro anterior puede enredar el proceso, el presidente Juan Manuel Santos ajustó el esquema de negociación con el objetivo de acelerar su labor. Puso en marcha lo que denominó un “cónclave” para enviar el mensaje de que el trabajo no se detendrá hasta que no haya un acuerdo final. Los encuentros con la delegación de paz de las Farc la semana pasada fueron largos y extenuantes y las jornadas ininterrumpidas.

El equipo del gobierno, encabezado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, se fortaleció con el ingreso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la Agencia para la Reintegración, Joshua Mitrotti. La canciller María Ángela Holguín se había incorporado desde la etapa final de negociación sobre las zonas donde se concentrarán las Farc.

La audiencia ha crecido. Lo que en un comienzo y durante meses eran reuniones de cinco plenipotenciarios de cada lado de la mesa, ha evolucionado poco a poco y la semana pasada llegó a una especie de plenaria de la que hicieron parte los mismos de siempre más los ministros recién incorporados y un grupo de asesores académicos. El grupo se dividió para algunas sesiones en comisiones para temas específicos, aunque al final de la semana se unificaron.

¿Ha servido el nuevo esquema? Aunque el aumento de voces puede hacer más complejas las discusiones y la llegada de novatos implica tiempo adicional para ponerse al día, todo indica que sí ha acelerado el proceso. Al final de la semana pasada se sentía un ambiente de optimismo moderado. Los asuntos pendientes se pueden resumir en tres grandes temas: la amnistía que regirá para los miembros de las Farc que no han cometido delitos de lesa humanidad, la participación en el Congreso de miembros de la guerrilla y los programas de reincorporación de la organización de alzados en armas. También están redactando una introducción de los acuerdos, que explicará el sentido político e histórico del fin del conflicto.

El jueves en la noche llegaron a un acuerdo sobre uno de los puntos cruciales: la amnistía. Aunque ya estaba pactado –en el punto de justicia– que esta fórmula se aplicaría a quienes no han cometido delitos comprendidos en el Estatuto de Roma, se había presentado un impase sobre sus características concretas y, sobre todo, sobre el momento en que empezaría a regir. Las Farc no querían avanzar en la concentración de sus miembros sin que estuviera aprobada la ley que la reglamenta en sus aspectos concretos. Les preocupaba el limbo en que quedarían sus tropas en el periodo comprendido entre la firma del acuerdo y la aprobación de la ley, mientras se concentraban en las 23 zonas y se realizaba la Décima Conferencia con todos sus miembros, y el plebiscito para refrendar lo pactado en La Habana.

Al final, la guerrilla aceptó el compromiso formal del gobierno de presentar el proyecto de ley de amnistía inmediatamente empiece a funcionar el mecanismo de fast track en el Congreso. Con el objetivo de acortar el periodo de ‘limbo’, una vez termine la negociación de los puntos pendientes, los jefes de las delegaciones de paz, De la Calle e Iván Márquez, firmarán un texto publicado e inmodificable que, posteriormente, presentarán en una ceremonia formal, seguramente con presencia del presidente Santos, del jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, y de jefes de Estado y representantes de la comunidad internacional. De esta manera, se podría empezar a organizar el plebiscito en términos logísticos y administrativos, a partir de la firma inicial, y se llevaría a cabo apenas un par de semanas después del acto formal. 

Todo esto, desde luego, en la medida en que haya acuerdos sobre participación política y reincorporación. Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo encabezaron los trabajos en comisión, respectivamente, pero a partir del viernes los grupos se volvieron a unir con el resto de negociadores. En materia de participación, el punto más complejo es el del acceso de las Farc a instituciones como el Congreso. En primer lugar, en los próximos dos años, mientras en el Capitolio se convierten en normas, constitucionales y legales, los compromisos acordados en La Habana. Y posteriormente, a partir de la elección de un nuevo Congreso en 2018. 

Más complejo aún es el asunto de reincorporación. Una tarea enorme. Está en juego el empleo, la seguridad social, económica y física de unos 8.000 guerrilleros, otro tanto de milicianos y sus familias. Las Farc desconfían de las instituciones y mecanismos que han venido funcionando para las desmovilizaciones individuales en los últimos años. Y tienen propuestas colectivas sobre cooperativas y proyectos que requieren financiación. Un esquema imperfecto podría tener consecuencias sobre la seguridad de los miembros de las Farc, y hasta su posible rearme en el futuro.

Muchas veces se ha dicho que el tiempo para las negociaciones se está agotando. Por una parte, por razones políticas: el proceso está desgastado y las sucesivas postergaciones de fechas –acordadas o esperadas– para la firma final están erosionando la esperanza de la opinión pública. Las últimas encuestas indican que los colombianos son más pesimistas que antes, e incluso son contradictorias sobre las posibilidades de un triunfo por el Sí en el plebiscito. 

Pero hay otros factores. Uno es la agenda del gobierno. Con la expectativa de que el acuerdo final se firmaría el 23 de marzo –como habían acordado el presidente Santos y el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez–, la Casa de Nariño pospuso para el segundo semestre la presentación al Congreso del proyecto de reforma tributaria. Defender un aumento en impuestos como el IVA –que afecta a todo el mundo– al mismo tiempo que se pide un voto por el Sí era la cuadratura de un círculo que cualquier gobierno quisiera evitar. Ante la dilación de las conversaciones de La Habana, el estudio de la reforma impositiva –de la cual están pendientes las evaluadoras de riesgo y los grandes inversionistas– ya está en la frontera de su viabilidad. Si no se aprueba entre octubre y diciembre, no entraría a regir en 2017, con graves consecuencias para el fisco. El panorama económico sería tan oscuro, que el gobierno ha considerado la hipótesis de aplazar el plebiscito para el año próximo, y dedicarle el último trimestre de 2016 al diseño y aprobación de la es
perada reforma estructural de las finanzas públicas.

La falta de tiempo también podría debilitar el papel de la comunidad internacional y, concretamente, el compromiso de Estados Unidos. Nada garantiza que el próximo presidente –que será elegido el 6 de noviembre– apoye los diálogos con el entusiasmo con que lo ha hecho Barack Obama. En cuyas manos, de paso, está la salida para el tema de Simón Trinidad. Después de elecciones y antes de dejar la Casa Blanca, Obama podría garantizar un perdón –hay tradición en ese sentido– que le permitiría a Trinidad participar como jefe de los programas de reinserción, como plantean las Farc.

Postergar la firma, o el plebiscito, para 2017, abriría múltiples interrogantes. ¿Se desgastarán aún más los diálogos en la opinión pública? ¿Aguantan las Farc, con un pie en el terreno de la desmovilización, una prolongación de su limbo? ¿Se puede quemar el pan en la puerta del horno? 

De ahí que el presidente Santos se haya jugado la carta del cónclave. El tiempo se acabó. Y aunque esta frase se ha pronunciado varias veces, ahora es más cierta que nunca. La necesidad de acelerar la firma final, a pesar de que faltan temas complejos, es igual para el gobierno y para las Farc, porque de eso depende la viabilidad del proceso. En ambos lados de la mesa se contempla un 2017 con las negociaciones acabadas, y para que ese escenario sea posible se necesita que el cónclave que se inició la semana pasada termine con humo blanco.