ANÁLISIS

La contra memoria colombiana: una rectificación acertada

El gobierno ha rectificado la posición que había anunciado de que no se presentaría ante la Corte Internacional de Justicia para rechazar la pretensión de Nicaragua de que acoja como límite marítimo la línea que rechazó en 2012.

Julio Londoño Paredes (*)
29 de septiembre de 2017
| Foto: Archivo SEMANA

En marzo del año pasado en presidente Juan Manuel Santos, después de que la Corte Internacional de Justicia rechazó las excepciones preliminares plateadas por Colombia sobre la incompetencia de la corte para asumir las nuevas demandas de Nicaragua por el incumplimiento del fallo de 2012 y sobre plataforma continental extendida, afirmó solemnemente que nuestro no acudiría ante la corte y que resolvería las diferencias limítrofes con Nicaragua directamente con el país centroamericano.

Agregó en ese entonces que, tomó la determinación “luego de un profundo análisis y de un diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos”.

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Nicaragua afirmó que la decisión adoptada por el mandatario colombiano era “una victoria total” para ella y que lo importante era que la corte había aceptado su competencia y que por lo tanto la demanda seguía su curso en el tribunal.

La decisión de la corte de 2016 sobre su competencia en el caso de la demanda de Nicaragua sobre la plataforma continental extendida fue altamente controvertida. Incluso se presentó dentro de la corte un empate entre los jueces, lo que dio lugar a un procedimiento muy poco frecuente en ese tribunal, que es el del llamado “voto preferente”. Según él, se adopta como fallo, la posición del grupo en el que votó el presidente de la Corte. El presidente, el francés Ronny Abraham, que apoyó la posición de Nicaragua, definió el rechazo de dos de las excepciones presentadas por Colombia.

Sin duda el fallo fue contrario a una de las más conocidas normas jurídicas: el principio de la cosa juzgada. La Corte en noviembre de 2012 había señalado el límite de la jurisdicción marítima entre los dos países que, aunque no fue el meridiano 82° que Colombia había sostenido antes, tampoco fue la línea que Nicaragua defendía entre el archipiélago de San Andrés y la costa atlántica colombiana.

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Lo que Nicaragua pretende en su nueva demanda es, en pocas palabras, que la corte reconozca el límite que le rechazó en el 2012, con el argumento de que ya ha cumplido con un trámite que debía hacer ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental que funciona en la ONU, que había sido una de las razones por las que la Corte le había negado la línea que inicialmente había solicitado.

Independientemente de lo expresado por el presidente Santos en marzo del año pasado, en el sentido de que no acudiría ante la Corte, ante muchas voces que consideraron que dicha actitud era no sólo improcedente sino riesgosa para Colombia, en algún momento se insinuó que de todas maneras se nuestro país presentaría sus puntos de vista en un documento especial o en un “libro blanco”.

Sin embargo, ese procedimiento no está establecido el estatuto ni en el reglamento de la corte, ya que lo debe presentar el Estado es una “contra memoria”, que según el comunicado de la cancillería fue lo que se hizo en el día de hoy.

Seguramente llegaron ante el gobierno voces sensatas que aconsejaron presentar la contra memoria tal como se establece en las normas de la corte. Eso ha sido acertado y seguramente, influirá en la decisión de la Corte ante la pretensión de Nicaragua.

Ahora la corte le trasladará a Nicaragua la contra memoria colombiana y en un plazo razonable deberá decidir si solicita o no una segunda ronda de alegatos escritos. Si lo hace, posiblemente la corte lo aceptará el requerimiento y dará un plazo a las partes para que presenten la réplica de Nicaragua a la contra memoria colombiana y la dúplica de nuestro país a la réplica nicaragüense. Después la Corte fijará una fecha para audiencias públicas en La Haya y finalmente adoptará una decisión. Ese proceso, de seguir ese curso, se demoraría más o menos un año. Por lo tanto, le podría corresponder asumirlo al próximo gobierno. Si, por el contrario, Nicaragua no solicita segunda ronda de alegatos escritos, la expedición del fallo podría ser antes.

Nunca es tarde para rectificar decisiones que pudieran tener desfavorables resultados.

(*) Profesor de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario