PND del gobierno de Iván Duque no le cumplió a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras: advierte la Contraloría

En el marco del Día Nacional de la Afrocolombianidad y del mes de la Herencia Africana, la Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre la “deuda institucional” que existe en relación con la reglamentación de la Ley 70 de 1993. Según la Contraloría, esta falta de reglamentación vulnera los derechos individuales y colectivos de las comunidades NARP del país (negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras).

A pesar de que el gobierno del expresidente Iván Duque se comprometió a reglamentar la totalidad de la Ley 70 de 1993 para junio de 2020, a la fecha quedan tres capítulos pendientes por reglamentar, de acuerdo con la Contraloría: uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, recursos mineros, y planeación y fomento del desarrollo económico.

Además, según un estudio de seguimiento a los compromisos suscritos con estas comunidades, al cierre de diciembre de 2020 se presentaba un cumplimiento de apenas el 5% en la ejecución del presupuesto de $19 billones, concertado para hacer realidad los 239 acuerdos establecidos con las comunidades NARP en el denominado ‘Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos’ del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.

El contralor delegado para la población focalizada, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, puso de presente estas cifras al instalar el conversatorio ‘Diálogos afrodiaspóricos: un homenaje a la historia y el legado del pueblo NARP’, convocado por la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el delegado, aunque se ha avanzado en un 81% en cuanto a gestión se refiere, esto contrasta con la cifra del presupuesto de $19 billones, pues al momento del estudio (diciembre de 2020) solo se había llegado a un cumplimiento del 5%.

Ante esta situación, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, dijo que “lo que hemos observado en la práctica es que el discurso y el tema presupuestal es muy bueno, pero la realidad cuando vamos a mirar el impacto es completamente diferente”.

Indicó que ante esta situación, la Contraloría General debe hacer uso de sus facultades de control preventivo y concomitante para que, sin coadministrar, pueda “contribuir en lo relativo al diseño de una política consensuada que pase a ser una política de estado en estos aspectos”.

Para el contralor Rodríguez, “hay que mirar el grado de satisfacción que logran las comunidades con la aplicación de las políticas públicas e ir más allá del discurso, para construir una sociedad más igualitaria, donde las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tengan un papel protagónico y no se quede todo en un reconocimiento retórico para las mismas”.

Defensoría sobre las comunidades NARP

Según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras siguen enfrentando una serie de desafíos en materia de derechos humanos, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad civil para abordar estas problemáticas.

El informe, titulado ‘La protección de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia’ de 2020, destacó la discriminación y el racismo estructural como uno de los principales obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos de estas comunidades. En este sentido, el informe señaló que estas comunidades siguen siendo víctimas de estereotipos negativos, violencia y exclusión social.

Además, el informe también destacó la falta de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y atención médica, especialmente en las zonas rurales donde la mayoría de estas comunidades habitan. La Defensoría del Pueblo advirtió que esta situación afecta especialmente a las mujeres, niños y niñas, y a las personas mayores de estas comunidades.

Por otro lado, el informe también resaltó la vulneración de los derechos territoriales de estas comunidades. Según la Defensoría, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de titulación de tierras y protección de los territorios ancestrales de estas comunidades sigue siendo una de las principales problemáticas que enfrentan.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha instado al Estado a tomar medidas concretas para abordar estas problemáticas y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades. Entre las medidas sugeridas se encuentran el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a combatir la discriminación y el racismo estructural, la implementación de planes de desarrollo para las zonas rurales habitadas por estas comunidades y la titulación de tierras y protección de los territorios ancestrales.