Polémica por decisión de la Fiscalía sobre caso Las Pavas

La veracidad del caso de las Pavas, en el que más de 120 familias habían asegurado ser víctimas de desplazamiento forzado en el año 2009, está en entredicho. Después de conocer la postura de la Fiscalía General, varias voces se levantaron para controvertir al ente y aseguraron que en esa zona si hubo presencia de paramilitares, lo que había provocado el desplazamiento forzado. ¿Qué está sucediendo?

En junio de este año la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, inició una investigación para comprobar la veracidad de lo ocurrido en estas tierras ubicadas en el municipio de el Peñón, al suroriente del departamento de Bolívar. El motivo que dio pie a la investigación fue la declaración de Pedro Moreno, uno de los hombres que supuestamente habría sido desplazado, pero quien dos años después se retractó y pidió perdón porque, según él, “nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas".
 
El documento de la Fiscalía (ver documento completo) que archiva las diligencias concluye que: “Nos encontramos ante la presencia de inexistencia del hecho denunciado, resultando por lo tanto atípica la conducta denunciada, por lo tanto, podemos concluir: que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan considerar que nos encontramos ante la caracterización de un delito de desplazamiento forzado, de la manera como ha quedado demostrado a todo lo largo del análisis y examen exhaustivo de este proceso investigativo, situación está más que demostrada objetivamente por lo que resulta procedente y conducente ordenar el archivo de las presentes diligencias”.
 
El informe también sentencia que “se repare económicamente a la comunidad de las Pavas, por los daños causados por la fuerza pública en cumplimiento del desalojo”. También asegura que “se investigará por conducta punible de fraude procesal a todos los directivos de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y demás ONG nacionales y extranjeras que le exigían al Estado colombiano”.
 
La decisión de Miryam Martínez contó con el respaldo de la fiscal general, Viviane Morales, quien hoy jueves primero de diciembre aseguró que en los últimos meses se recaudaron pruebas testimoniales que permiten inferir que “no hubo un desplazamiento, y se pudo comprobar que un grupo de personas estaban negociando el tema del desalojo y estaban fijando el 40 por ciento de un acuerdo comercial por el tema de las tierras”.
 
En las mismas declaraciones, Morales señaló que según los registros de la Unidad de Justicia y Paz, este municipio "no aparece referenciado como zona de desplazamiento forzado producto de la violencia".
 
El informe entregado por la Fiscalía y que alerta sobre un posible fraude comparable con lo sucedido en el caso de Mapiripán provocó reacciones del gobierno nacional. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno debe estar alerta ante nuevos casos de falsas víctimas de la violencia como el que sucedió en el caso de Las Pavas.
 
“Estas acciones son muy importantes y prenden las alarmas sobre lo cuidadosos que debemos ser en el Estado para evitar, ahora que comienza a implementarse la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que los avivatos hagan su agosto e impidan que los beneficios lleguen a quienes deben llegar”, dijo el mandatario.
 
El ministro el interior, Germán Vargas Lleras, también se refirió al asunto y aseguró que "por supuesto que hay víctimas en Colombia, y por eso es importante apoderarlas para que reclamen sus derechos. Pero lo que es inaceptable es construir víctimas donde no las hay".
 
Los académicos replican
Sin embargo, la conclusión arrojada por la investigación de la Fiscalía de Cartagena es puesta en duda por académicos, que resaltan que varios de los hechos negados por dicha autoridad fueron constatados en su momento por los investigadores.
 
El historiador e investigador Alfredo Molano, en diálogo con Semana.com, hizo un recuento de los hechos que vivieron los campesinos en esta zona, de quiénes son los personajes claves de ésta historia y lanzó una alerta sobre la posibilidad de que este asunto se pueda convertir en “una doctrina para descalificar las masacres, los desplazamientos y, finalmente, la Ley de Víctimas”.
 
El recuento empieza en el año 1995, cuando Jesús Emilio Escobar llegó al municipio para reclamar esas tierras como suyas. Las amenazas a los campesinos se concretaron, cuenta Molano, en hechos de la mano del paramilitar alias ‘Rapidito’, uno de los jefes del Bloque Central Bolívar con base en el corregimiento Papayal, jurisdicción del municipio de el Peñón. “Él los reunió y los amenazó diciéndoles que se tenían que ir de ahí porque eso ya tenía dueño”, dice.
 
“Las familias abandonaron las tierras pero tiempo después y aprovechando una inundación, volvieron a las tierras que se encontraban abandonadas. Sin embargo, los campesinos fueron forzados nuevamente a abandonar las tierras, en esta ocasión de mano de alias el 'Guajiro'", recuerda el investigador.
 
Tras haber sido desplazados en dos ocasiones, y según el historiador, las familias volvieron a la hacienda las Pavas. En ese momento se hizo el primer pronunciamiento oficial por parte de un juez del municipio de Barranco de Loba, que les reconocía el derecho a esas tierras. Pero posteriormente un juez de Mompox revocó esa decisión y todas las familias fueron objeto de desalojo por parte de la fuerza pública.
 
En medio del limbo jurídico al que estuvieron sometidas durante un tiempo las citadas familias, la Corte Constitucional en un fallo de tutela determinó que, efectivamente, los campesinos tenían derecho a sus tierras, pero dejaba en manos del INCODER la regulación de este caso.
 
Según recuerda Molano, en mayo de este año Pedro Moreno y cinco familias se retractaron y atestiguaron que no era cierto que a ellos los hubieran desplazado, además de declararse invasores. Molano rememora que a pesar de esto, unas 118 familias restantes no se retractaron y varios habitantes de la zona denunciaron que Moreno trabajaba para personas interesadas en hacerse a las tierras de una región en la que abundan los cultivos de palma.
 
Para el historiador, no existe ninguna duda sobre la presencia de grupos paramilitares en la región y “concretamente en el corregimiento de Papayal, donde tenía una base de donde salían los hombres armados y amenazaban a los campesinos”.
 
A modo de reflexión, Alfredo Molano hace énfasis en que todo el asunto de la revisión del caso se debe a la declaración de una sola persona, Pedro Moreno y cuestiona que pueda existir una doctrina para descalificar la Ley de Víctimas.
 
En ese mismo sentido, Roberto Vidal, director de la clínica jurídica de la Universidad Javeriana, aseguró que la comunidad campesina de Las Pavas les “suscitan una enorme confianza” y dijo que están dispuestos a litigar el caso.
 
Respecto al anuncio de la Fiscalía General, Vidal dijo que “somos respetuosos de las autoridades y no es conveniente hacer una afirmación que niegue la autoridad de una fiscal”, pero aseguró que “los campesinos sufrieron desplazamiento, eso dice Acción Social”.
 
El jurista señaló que en este caso “hay un plan que está dirigido a que se desacredite la labor seria de una universidad y de organizaciones civiles”. Y agregó: “Nosotros lo que esperamos del caso es una protección de la población desplazada”, y también negó que haya “millonarias indemnizaciones”, pues los campesinos recibieron entre cinco ó seis millones de pesos en ayuda humanitaria.
 
Para algunas de las fuentes consultadas por Semana.com, lo que ocurra con el caso de la hacienda las Pavas tendrá una incidencia trascendental en la instrumentación de la Ley de Víctimas, telón de fondo, de los casos que se puedan presentar relacionados con las masacres o los desplazamientos que han ocurrido en varios lugares de Colombia.