Grabación desata rifirrafe entre la Uaesp y operador del Doña Juana

En medio de la polémica surgida en las últimas horas entre la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) y la empresa Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), que opera ese relleno sanitario en el sur de Bogotá, la compañía acusa a esa entidad de “abusos y actuaciones irregulares”.

Todo surgió a raíz de un audio, al parecer editado, de una reunión entre la Uaesp y la Sociedad Colombiana de Ingenieros en que, aparentemente, un funcionario plantea la posibilidad de liquidar el contrato de operación de ese espacio.

En la grabación, revelada por el concejal Yefer Vega, el subdirector de asuntos legales de la Uaesp, Carlos Quintana, dice: “Lo más seguro, casi el 90 por ciento de las posibilidades para arriba, es que ellos no continúen con la operación del relleno”.

Con esto se caldearon los ánimos antes de la audiencia programada para esta semana en la que se evaluará al CGR por su presunto incumplimiento del contrato.

Tras ese episodio, la compañía emitió un comunicado solicitando acompañamiento de los entes de vigilancia y control pues, según ellos, el propósito de la Uaesp es “utilizar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para validar unas actuaciones aparentemente ilegales tendientes a declarar la caducidad del contrato de concesión 344 de 2010”.

CGR dice también que “existe una estrategia arbitraria e ilegal para terminar de cualquier manera la ejecución de un contrato de concesión, en contravía del derecho, del debido proceso y del derecho a la legítima defensa, por intereses que desconocemos, pero que estarían lejos de buscar el bienestar de la ciudad de Bogotá y de sus habitantes”.

Además, la empresa anunció que interpondría denuncias penales y disciplinarias en contra de los funcionarios Carlos Quintana, Freddy Aldana y Juan Carlos Jimenez de la Uaesp, en caso de confirmar la veracidad de los audios pues, a su criterio, “lo que muestran los audios sería una aparente confabulación de los funcionarios de la Uaesp y de su asesor externo para violar la legislación vigente, y someter al Distrito a toda suerte de demandas, abocando además a la ciudad a una eventual emergencia sanitaria en medio de la pandemia del covid-19 y poniendo en riesgo el bienestar de todos sus habitantes”.