Polémica por millonario contrato para cámaras de identificación facial en Medellín

En Medellín se destapó una polémica por un millonario contrato para la adquisición de cámaras con sistema de reconocimiento facial que suscribió la Secretaría de Seguridad y Convivencia de esa ciudad y que tendría unas presuntas irregularidades.

En esa ciudad se habló bastante sobre el uso de la tecnología para identificar en tiempo real a los delincuentes a través del reconocimiento facial y con una conexión directa con las bases de datos de la Policía Nacional.

Aunque el tema fue bien recibido por la ciudadanía al tratarse de un insumo para luchar contra la inseguridad, se empezó a hablar de posibles irregularidades por la parte de la Secretaría de Seguridad en la integración del sistema biométrico de Medellín con el sistema ABIS de la Dijin (sistema forense centrado en la identificación de criminales utilizando fotos de archivos policiales y huellas dactilares digitales o latentes).

Sin embargo, la Dijin no tiene nada que ver con la parte contractual y los señalamientos directos se están haciendo contra la Secretaría se Seguridad y Convivencia por, presuntamente, haber entregado el contrato de manera directa y sin licitación.

La firma Control Social de la Gestión Pública de Colombia SAS., que hace la función de veeduría, insistió en los señalamientos en contra del contrato en el cual se entregaron $3.738 millones a la compañía Integradores SAS para desarrollar la herramienta.

Según la veeduría el contrato se habría adjudicado por parte de la Secretaría de Seguridad bajo el argumento de que nadie más tenía ese servicio que Medellín requería con urgencia para combatir la delincuencia y por esa razón se tuvo que contratar de forma directa y sin realizar una licitación pública, algo que se evidencia en el sistema de contratación pública (Secop).

Control Social de la Gestión Pública indicó además que la polémica es más profunda si se tiene en cuenta que del software Herta Security, unos de los líderes mundiales en reconocimiento facial, tiene en el país como representante a Diomar Carrascal Gómez, quien es hermano de Emiliano Carrascal Gómez, representante legal de Integradores SAS, compañía a la que se le adjudicó el contrato. 

La veeduría argumentó que los problemas de la identificación facial quedaron en evidencia durante un partido del pasado 16 de abril entre Nacional y América de Cali donde se presentaron desmanes que obligaron la cancelación del juego.

“Ante estos hechos, se esperaba que sistema de reconocimiento facial HERTA, que para esa fecha debería estar operando, realizara los reconocimientos respectivos y fuera de ayuda para que las autoridades dieran con los responsables de los hechos, sin embargo, no fue así, el Sistema no cumplió con el objetivo por el cual fue contratado lo que evidencia que se pagó por un servicio que no está en operación cuando se necesita”, dice la veeduría.

Este contrato también llegó a la Procuraduría donde se pidió indagar por los términos del mismo y seguramente en los próximos días podría darse una respuesta por parte del Ministerio Público.

Por ahora, la Secretaría de Seguridad y Convivencia no se ha pronunciado sobre este tema, pero han manifestado en reiteradas ocasiones anteriores que todo el proceso se hizo acorde a la ley.