¿La Iglesia debe pagar por casos de pederastia?

El penoso debate protagonizado por el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, y el abogado Élmer Montaña, quien representa a cuatro menores abusados por un sacerdote de esa ciudad, dejó al descubierto que más allá de las sanciones penales o morales lo que está en juego con los casos de pederastia en Colombia es la plata.

Es claro que las polémicas declaraciones del arzobispo, quien quiso culpar del pecado a las manzanas y no a Adán, buscan desvirtuar la responsabilidad civil de un caso que, más allá del escándalo mediático, puede tener enormes repercusiones para ambas partes. Por un lado, podría quedar el precedente judicial de que la Iglesia católica es responsable de los delitos cometidos por sus pastores, y que además de pedir perdón públicamente debe meterse la mano al bolsillo y reparar económicamente a las víctimas. Por el otro, los menores abusados encontrarían otra manera de resarcir el daño que les ocasionaron.

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Aunque el proceso penal ya concluyó, por cuanto el sacerdote William Mazo, que abusó de los niños en 2009, está preso para purgar una condena de 33 años, las víctimas iniciaron una demanda para que la Arquidiócesis de Cali indemnice a los niños y a sus familias con 9.200 millones de pesos.

La indignación se apoderó cuando la semana pasada el abogado Montaña reveló a los medios el argumento con el que la arquidiócesis pretende defenderse: que la culpa es de las familias de los niños abusados. Si bien esa tesis tendría sustento dentro del proceso civil, no se compadece con la realidad de las víctimas y mucho menos es bien visto que justamente la Iglesia católica exponga esas cartas. “(…) teniendo en cuenta lo anterior, se determina de esta manera que la causa del daño es atribuible de manera exclusiva a las víctimas indirectas (familia) quienes faltaron a su deber de cuidado, vigilancia, comunicación, protección, etcétera, de unos niños de 10 y 13 años”, dice textualmente el escrito de defensa.

Por cuenta de esa postura legal, la Iglesia se convirtió en comidilla en los medios y hasta los dos periódicos más prestigiosos le dedicaron sus editoriales al asunto. De ahí que muchos se preguntan por qué la Iglesia se niega a aceptar responsabilidades y prefiere defenderse así sea con argumentos que por fuera del contexto judicial parecen bajezas. La respuesta es una sola: por dinero.

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) no cuenta con cifras sobre sacerdotes inmersos en delitos y menos por abuso sexual contra menores. En la Fiscalía manejan una base de datos con apenas 14 casos, de los cuales 10 están en indagación. No obstante, en un muestreo periodístico aparece que 18 sacerdotes colombianos están acusados de pedofilia y se estima que ellos son responsables de abusar de al menos 20 menores. Si se aplicara con rigor la legislación civil, y un juez les concediera a ellos y sus familias el monto máximo de 1.000 salarios como reparación, la Iglesia podría pagar indemnizaciones que superarían los 50.000 millones de pesos.

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Si bien las sumas son astronómicas, en el mundo el papa Francisco encabeza una batalla por erradicar este flagelo de la Iglesia. Por eso llama la atención que en Colombia sus propios jerarcas insistan en negar responsabilidades civiles, y aún más cuando en 2015 la Corte Suprema de Justicia produjo un histórico fallo sobre el tema.

En esa sentencia, la corte obliga a la Diócesis de Líbano, Tolima, a pagar 800 millones de pesos a los padres de dos niños violados por el sacerdote Luis Enrique Duque. Los hechos sucedieron en 2007 y el cura fue condenado a 18 años de cárcel. El principal argumento para hallar responsable a la Diócesis de Líbano es que entre el obispo y el sacerdote “(…) sí existe una relación de autoridad y subordinación. Dan cuenta del deber de vigilancia que tiene el obispo diocesano sobre los miembros de sus comunidades”. Juan Manuel Charry, experto constitucionalista, va mucho más allá al argumentar que la Iglesia es una organización que como cualquier otra debe asumir obligaciones, “y responder económicamente”.

A nivel mundial hay ejemplos donde la Iglesia reparó a sus víctimas. El más reciente y escabroso, que aún no culmina, sucedió en Australia, donde la Comisión Real que investiga los abusos contra menores desde 1950 hasta 2010 ya encontró un saldo parcial de 4.440 víctimas, de 1.880 sacerdotes involucrados, de 1.000 instituciones católicas.

En Estados Unidos hace poco la Arquidiócesis de Los Ángeles desembolsó 13 millones de dólares para reparar a 17 víctimas de abusos sexuales. Lo mismo sucedió en Alemania, donde la Iglesia ya pagó 6 millones de euros para reparar a 1.300 víctimas.

Opinión: La Iglesia no puede lavarse las manos

Esta revista intentó infructuosamente dialogar con representantes de la Conferencia Episcopal para que fijaran su postura oficial frente a la negativa de aceptar responsabilidades e indemnizar a las víctimas de los delitos que cometieron sus sacerdotes. Pero dijeron extraoficialmente que les llama la atención que “se ponga la lupa sobre un sector que no alcanza a marcar en las estadísticas como responsables de abusos sexuales contra menores de edad”.

En eso tienen razón, ya que el más reciente informe de Medicina Legal afirma que el 88 por ciento de los abusos contra menores, proviene de personas del grupo familiar. Y también habría que aclarar que en este tema son más los casos que no se denuncian y que muchos de los abusos cometidos por los sacerdotes sucedieron décadas atrás.