¿Por qué la Registraduría canceló más de 40 mil cédulas de colombo-venezolanos?

En los últimos años, Venezuela ha experimentado tensiones sociopolíticas que han tenido un impacto significativo en la vida de muchos ciudadanos. Entre los afectados, se encuentran los hijos de colombianos nacidos en el país vecino, quienes han enfrentado dificultades para demostrar su nacionalidad colombiana debido a la falta de documentación y a las condiciones adversas en las que se desarrollan.

Consciente de esta situación, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció un “proceso excepcional” para facilitar el proceso de nacionalización de estas personas. Este mecanismo permitió la obtención del registro civil de nacimiento con la sola declaración de dos testigos, sin la necesidad de presentar documentos apostillados. El proceso “estuvo vigente desde el 2016 hasta el 14 de noviembre del 2020, fecha en que dejó de considerarse necesario”.

Ante esta situación, varias organizaciones como la Universidad del Rosario, la Corporación Opción Legal, Refugiados Unidos, la Universidad Cooperativa de Colombia y el Servicio Jesuita a Refugiados-Colombia, publicaron el estudio denominado ‘Ciudadanía cancelada, derechos arrebatados’, en el cual concluyó que “la situación ha tenido impactos multidimensionales y profundizó acerca de estos”.

El informe hace referencia a que la Registraduría “inició un proceso de anulación de registros civiles de nacimiento y, en consecuencia, de cédulas de ciudadanía en más de 40.000 personas. Esto, en cumplimiento de la Resolución 7300 de 2021, con la que la Registraduría está ‘depurando’ los documentos que, al parecer, se habrían obtenido de manera “ilegal”.

El estudio concluyó que la anulación de la nacionalidad colombiana de estas personas “ha tenido efectos negativos” en múltiples aspectos de sus vidas, como la imposibilidad de acceder a servicios básicos como la educación y a oportunidades laborales.

El estudio ‘Ciudadanía cancelada, derechos arrebatados’, enumeró cinco daños que, consideró, generaron la “pérdida repentina de la nacionalidad”:

1. Daño al derecho a la identidad y otros derechos. Al no tener la posibilidad de identificarse, los afectados no pueden votar, hacer contratos de cualquier tipo (incluso el de arriendo), y otros derechos se ven afectados por esta falta de identidad.
2. Daño económico. Aspectos como la pérdida de empleo, la expulsión hacia el mercado laboral informal, la pérdida de ahorros, el costo de transporte y de nuevos trámites, condicionan la vida de las personas.
3. Daño psicológico. Se evidencian altos niveles de ansiedad y, en los casos más extremos, se alcanza a considerar el suicidio.
4. Daño físico. Esto aplica, especialmente, en el caso de personas arrestadas por supuesta falsa identidad.
5. Efecto derrame. Los niños y niñas afectados también sufren las consecuencias de la cancelación de cédula.

“Si bien en algunos casos los afectados han logrado recuperar su registro y cédula mediante tutelas de derecho, la mayoría de las 40.000 personas siguen privadas de su nacionalidad y continúan sufriendo estas consecuencias”, señaló Andrés Besserer Rayas, investigador que lideró el informe.

Por todo esto, según afirmó el estudio, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llevado a cabo una audiencia en la que se han presentado la Registraduría y diversas organizaciones de la sociedad civil”. Al mismo tiempo, “la Corte Constitucional, por su parte, también está analizando algunos casos relativos a la anulación de registros y cancelación de cédulas, sin embargo, aún no ha emitido fallos”, enfatizó el estudio.

En julio de 2022, antes de que se publicara el estudio, se discutió el tema de los problemas de pérdida de nacionalidad y la anulación de registros civiles en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante dicha sesión, el director Nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez Monroy, afirmó que el proceso de anulaciones había seguido los procedimientos legales correspondientes y no había sido “arbitrario”.

“Lo hicieron cumpliendo las normas y con todos los requisitos legales”, dijo Pérez.

Pérez Monroy destacó que, desde 2015 hasta la fecha de la audiencia, un total de 550.159 venezolanos nacidos de padres colombianos habían obtenido la nacionalidad cumpliendo todas las normas y requisitos legales.

También señaló que, hasta ese momento, la medida de revocación solo había afectado a 25.439 personas que habían intentado obtener los beneficios de manera ilegal.

“La nacionalidad fue obtenida con documentos irregulares y apostillas falsas en las que se suplantó al portador del documento”, señaló Pérez, quien dejó claro que “no se afectó a menores de edad”.