Polémica por valla que apareció en Medellín en medio del paro y del covid-19

Toda serie de opiniones ha desatado una valla en Medellín, en medio de las jornadas de protesta, en la cual se lee: “El rebrote que debería preocuparnos...es el rebrote comunista”. Y al lado derecho de la misma se lee: “Salvemos a Colombia”. Aún se desconoce quién instaló la valla en la capital antioqueña, que recurrió a comparar la situación en Colombia por cuenta del coronavirus y la situación en Colombia por cuenta de las movilizaciones y el paro que tiene lugar desde el 28 de abril pasado.

El miércoles pasado, decenas de miles de manifestantes tomaron nuevamente las calles en Colombia para protestar contra el Gobierno y los abusos policiales, en el marco de la crisis que estalló hace dos semanas por el deterioro social que agudizó la pandemia. En Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos del país, siguieron las marchasque exigen nuevas políticas al presidente Iván Duque. En la capital antioqueña apareció la valla con la firma de “Personas Comunes”.

“Lo que ha vivido el país es una situación de desigualdad extrema”, dijo Luis Carlos García, profesor universitario de 35 años de edad, junto a su hijo de cuatro, en la capital colombiana. “Y lo único que recibimos, cuando legítimamente decimos que eso no es justo, es violencia por parte del Estado”, añadió. Miles rodearon el monumento Los Héroes en el norte de Bogotá con banderas de Colombia, música y carteles contra la policía antidisturbios.

En el centro de la ciudad indígenas lideraron un acto simbólico para cambiarle el nombre a la avenida Jiménez de Quesada -fundador de Bogotá- por el de “AV Misak”, en homenaje a su comunidad. El viernes ya habían derribado una estatua del mismo conquistador español. Por cuenta de ellos, el sistema de transporte masivo estuvo “casi paralizado por marchas”, según la Alcaldía de Bogotá.

Los colombianos completaron 15 días de protesta, con jornadas más intensas que otras, pese a que han muerto 42 personas (un uniformado y 41 civiles), según la Defensoría del Pueblo. Son las manifestaciones más violentas que haya enfrentado recientemente gobierno alguno en este país de 50 millones de habitantes, empobrecido por la pandemia y donde la violencia financiada por el narcotráfico esfuma la ilusión de paz, tras el histórico acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc.

Negociaciones

En el poder desde hace casi tres años, Duque ha encarado multitudinarias marchas desde 2019. Un proyecto legislativo que planteaba subir impuestos destapó de nuevo la ira popular: la reforma tributaria. Presionado por el grito de las calles, retiró la iniciativa con la que pretendía paliar el efecto devastador de la emergencia sanitaria que deja en un año cerca de 80.000 muertos.

Pero la reacción de las fuerzas de seguridad avivó el descontento. Desde entonces se han multiplicado los focos de protesta, sin una agenda o liderazgo definidos, pero que en el fondo reclaman un país más equitativo y un Estado más solidario, sobre todo con jóvenes y viejos, y que garantice la vida y la seguridad. El lunes anterior, el presidente Duque se reunió con la organización más visible de los manifestantes, pero las partes no alcanzaron un acuerdo para desactivar la crisis, que planea sobre la Copa América-2021 de fútbol que prevé acoger el país junto a Argentina entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos.

“Voy a poner toda mi energía, toda mi capacidad y todo el equipo de gobierno para que este proceso (de negociación) salga bien”, dijo el mandatario durante un encuentro con estudiantes el miércoles en Bogotá.

Por los “caídos”

Las oenegés han documentado múltiples abusos policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad internacional que, en cabeza de Estados Unidos, han pedido moderación a la fuerza pública. Una cascada de videos apuntan hacia la presunta responsabilidad de uniformados en ataques a bala a manifestantes, así como de civiles armados.

La organización Temblores ha registrado en estas dos semanas de crisis 1.956 casos de violencia estatal, con 40 homicidios en los “que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública”. De su lado, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Gutiérrez, reconoció este miércoles 35 decesos “en el marco de la contingencia social”.

Duque dijo este miércoles tener “cero tolerancia” frente a los abusos policiales y llamó a “no generalizar”, al tiempo que señaló que “es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo (...) como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública”.

Según cifras oficiales, hay 65 acciones disciplinarias contra uniformados: 8 por homicidio, 11 por agresión física, 27 por abuso de autoridad y 19 por otras causas. El lunes la policía anunció la suspensión de cinco efectivos.

Con miles de manifestantes en las calles, el gobierno no solo enfrenta una presión popular inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema sanitario por cuenta de una multiplicación de los contagios en medio de la vacunación.

Con información de agencias