NACIÓN
Fiscalía, encargada de esclarecer homicidios cometidos presuntamente por uniformados durante las protestas
El director de la institución, general Jorge Vargas, indicó que apoyarán al ente judicial durante las investigaciones.
Ante los cuestionamientos que ha recibido el actuar de la Policía durante las protestas violentas que se han dado en diferentes regiones del país, y donde se han denunciado casos de abuso de autoridad y hasta homicidios cometidos presuntamente por uniformados, el director de la institución, el general Jorge Vargas, manifestó que será la Fiscalía la encargada de esclarecer esas muertes.
El oficial manifestó que, para el caso de la Policía, de manera interna se han abierto 26 investigaciones, en las que ya han sido identificados dos uniformados implicados posiblemente en caso de abuso de autoridad.
“En el marco de los actos vandálicos registrados durante los días de manifestaciones públicas (entre el 28 de abril y el 2 de mayo), se han adelantado las siguientes actuaciones por parte de la Policía Nacional, a través de la Inspección General y la Secretaría General, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación: la apertura de 26 investigaciones disciplinarias, dos policías identificados y vinculados disciplinariamente, siete investigaciones penales asumidas por el ente acusador, cinco investigaciones asumidas por la Justicia Penal Militar”, señaló el general Vargas.
Frente a la afectación de uniformados durante las manifestaciones, el mando de Policía indicó que 540 agentes han resultados lesionados: 454 con contusiones, 60 con arma cortopunzante, uno con arma de fuego y siete con fracturas. De ellos, 21 aún continúan hospitalizados.
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Así mismo, dijo que por el momento se “han efectuado 431 capturas (417 en flagrancia) y 34 aprehensiones de menores de edad cometiendo delitos. 97 de los capturados ya han sido presentados en audiencia de control de legalidad, entre los cuales figuran 15 extranjeros (14 de ellos venezolanos). Dentro de las capturas figuran 165 por obstrucción en vía pública, 103 por daño en bien ajeno, 54 por violencia contra servidor público y 31 por hurto. Es importante resaltar que se han recibido 224 denuncias de ciudadanos por conductas delictivas en el marco de las manifestaciones”.
Presuntas infiltraciones
Las autoridades señalaron que tienen evidencia de que los actos vandálicos contaron con presunta financiación de organizaciones ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN.
“Se ha identificado la participación de Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r) en diferentes ciudades, promoviendo, financiando e intensificando la protesta social radical. Se han identificado en Bogotá el ‘Mamba Negra’ y en Cali ‘La Reforma’, ‘Los Capuchos’ y ‘M-B’, vinculados a hechos contra la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, manifestó el general Vargas.
Añadió, además, que “las investigaciones indican que estas estructuras han instrumentalizado sectores barriales con el fin de promover el descontento social. Como parte de su estrategia ejecutan una fuerte estrategia en redes sociales. Por su parte, el ELN y las disidencias intimidan a comunidades y líderes sociales para el desarrollo de bloqueos viales, en rechazo a la erradicación de cultivos ilícitos y otros temas”.
Así mismo, explicó cómo es el modus operandi de estas agrupaciones. “Adelantan trabajos pseudopolíticos al interior de claustros universitarios, así como el reclutamiento para el desarrollo de manifestaciones violentas. Igualmente, ‘patrocinan’ actividades de protesta a grupos radicales y orientan la elaboración de artefactos explosivos. En cuanto al ‘Clan del Golfo’, se sabe que constriñe a las comunidades, instigando a la manifestación violenta y el bloqueo de vías”.
Cali, Bogotá, Medellín, Pasto y Pereira, entre otras, son las ciudades que más se han visto afectadas por las protestas violentas y por los casos de abuso policial, en donde ya se avanza en las investigaciones para determinar en qué casos han sido, posiblemente, miembros de la Policía los presuntos responsables.