NACIÓN
Policía que disparó 24 veces en protestas del 9 de septiembre queda en libertad
Uno de los disparos le quitó la vida a un hombre que estaba en la zona en ese momento.
Un juez de Control de Garantías de Bogotá otorgó la libertad a Andrés Eduardo Díaz Mercado, patrullero de la Policía que fue acusado de disparar a Germán Smyth Puentes, de 26 años de edad, quien murió luego de las protestas ocurridas el 9 de septiembre del año pasado en Bogotá.
Este suceso se dio en la localidad de Suba, cercanas las 8:30 de la noche del 9 de septiembre, en el momento en que Smyth Puentes se dirigía a su casa a pie, pues de acuerdo con los familiares de la víctima no participaba de las protestas.
La decisión del juez de no imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Díaz Mercado se dio porque la Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud argumentando que el uniformado no representa un peligro para la sociedad.
De acuerdo con el funcionario, durante la audiencia virtual que se llevó a cabo este jueves: “El arma que disparó Díaz Mercado produjo el proyectil que le causó la muerte a la víctima; también se debe tener en cuenta que está demostrado que el patrullero Díaz realizó por lo menos 24 disparos y solamente uno con carácter de letalidad”.
Lo más leído
No obstante, el patrullero deberá presentarse cada cierto tiempo o en el momento en que sea llamado por el juez o por una autoridad competente para avanzar en el proceso penal, al que seguirá vinculado.
Adicionalmente, Díaz Mercado se comprometió ante el juez a permanecer en Bogotá, así como a demostrar buena conducta social, personal y familiar.
De igual manera, durante la audiencia se destacó que el uniformado tiene distintos reconocimientos en su hoja de vida y defienden que el sujeto habría experimentado un episodio de pánico en medio de los disturbios que se registraron en medio de las protestas por la muerte del ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho, Javier Ordóñez, el pasado 9 de septiembre.
Al respecto, la representación de víctimas interpuso un recurso de reposición al no estar de acuerdo con la decisión del juez de control de garantías.
El ente de control imputó también cargos a los patrulleros John Andrés Gutiérrez y Jorge Andrés Lasso.
Los policías estaban de turno en el CAI Verbenal en el norte de Bogotá cuando se desató una jornada de revueltas ciudadanas por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez. En esas revueltas cuatro personas perdieron la vida por impactos de arma de fuego.
En tres diligencias judiciales, la Fiscalía programó la imputación de cargos contra los uniformados investigados. En dos casos, la defensa interpuso un conflicto de competencia para que el proceso pasara a la Justicia Penal Militar, pero los jueces negaron esa solicitud y los fiscales avanzaron en la imputación.
Inicialmente, los uniformados no aceptaron los cargos y la representación de víctimas aseguró que el policía Díaz Mercado disparó en 24 oportunidades contra los manifestantes y uno de esos disparos impactó al ahora fallecido.
Los investigadores y fiscales del caso presentaron en la imputación de cargos las declaraciones y pruebas de balística para demostrar que los impactos de bala en el cuerpo de las víctimas salieron de las armas que portaban o que tenían como dotación los uniformados ese 9 de septiembre de 2020.
En la primera audiencia, la representación de víctimas leyó un extenso documento en el que enumera casos, decisiones, estudios y pronunciamientos –incluso internacionales– que dan cuenta de graves hechos de violaciones de derechos humanos por cuenta de la Policía contra la población civil. En esa medida, no solo sustentan su oposición a enviar el proceso a la Justicia Penal Militar, sino la necesidad de la medida de aseguramiento.
“Disparó en 24 oportunidades, aun cuando no lo podía hacer, en un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, que en este caso únicamente se concretó respecto del ciudadano Germán Puentes Valero, es decir, no se trata de un resultado eventual o aleatorio”, señaló la representación de víctimas al pedirle a la Fiscalía modificar la imputación a más gravosa.
La víctima de este caso estaba por llegar a su residencia cuando observó las manifestaciones que estaban ocurriendo en la localidad de Suba y durante la revuelta fue impactado con una bala de calibre 9 milímetros que, según los peritos de balística y la necropsia en Medicina Legal, fue disparada con el arma del patrullero ahora imputado.
Germán Puentes falleció mientras otras personas lo estaban trasladando a un centro médico de urgencia. En el hospital, su fallecimiento fue confirmado por los médicos.