“Policía reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad”: Relatoría sobre protestas del 9 de septiembre

El caos y la indignación se tomaron a Bogotá y el municipio de Soacha (Cundinamarca) el 9 de septiembre de 2020. Las manifestaciones y protestas rechazaban y exigían justicia por la muerte de Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho de 43 años de edad, quien murió tras haber sido retenido, golpeado con una pistola eléctrica y trasladado al CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá.

Las imágenes de Ordóñez siendo golpeado en repetidas oportunidades en total estado de indefensión por dos policías encendieron las protestas por el caso de abuso de autoridad y la extralimitación en el uso de las pistolas eléctricas, más conocidas como Taser. En medio de la jornada, varias personas protestaron frente al CAI de Villa Luz, mientras que otros se dirigieron a diferentes estaciones de policía para mostrar su inconformismo.

Mientras caía la noche, la protesta se fue tornando más fuerte y violenta. Los manifestantes, además de pintar grafitis en las estaciones, rompieron sus vidrios e intentaron prenderle fuego. La situación desbordada obligó a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), lo que aumentó la tensión y los enfrentamientos.

En medio de la jornada de protestas, que se extendió hasta el 10 de septiembre, murieron once personas que participaban en las marchas o que pasaban por el lugar en medio de los fuertes enfrentamientos. Así se desprende de un informe de relatoría que será presentado este lunes ante la Alcaldía de Bogotá.

“Los días 9 y 10 de septiembre, la PONAL de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadana ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaban protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial”, precisa una de las conclusiones del informe de 182 páginas realizado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret Mosqueta y un grupo de siete investigadores.

En el documento se señala que se presentó el “uso ilícito” por la Policía, lo que “produjo una masacre que cobró las vidas de once jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”.

Tras la recolección de pruebas documentales y varios testimonios, se pudo llegar a la conclusión que en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá y Soacha (Cundinamarca) se presentaron los hechos más graves, esto teniendo en cuenta el número de agresiones y muertos que se registraron.

“Para la Relatoría es claro que la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de sectores populares en Bogotá y Soacha, y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”, se advierte en uno de los apartes del documento.

Con las evidencias recolectadas se llega a la conclusión que las víctimas eran jóvenes que estaban buscando mejores oportunidades laborales, contaban con estudios básicos y trabajaban en diferentes sectores para apoyar a su grupo familiar. Es decir, compartían unas características socioculturales que fueron identificadas por la Policía.

“Al hacer un paneo de las víctimas mortales, encontramos que compartes algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas), no eran profesionales (11 eran bachilleres, dos estaban cursando una carrera y uno tenía información técnica), o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14)”, resalta a documentación.

Finalmente, se documentaron 75 personas lesionadas con armas de fuego, 43 con arma cortopunzante, 187 con otro tipo de lesiones. Igualmente, 216 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, 76 CAI fueron incinerados y destruidos por los manifestantes.

En el documento se alerta por las demoras en los procesos de investigación y judicialización de todos aquellos que tuvieron responsabilidad en los daños físicos a los manifestantes y a los agentes de la Fuerza Pública. “La estrategia investigativa para la judicialización de los crímenes ocurridos en el marco de las manifestaciones del 8s es escasa para garantizar la no repetición de estos eventos. Mientras estas no se guíen por los principios de la investigación en contexto, los resultados no lo lograrán esclarecer todos los casos, pero más aún, las condiciones institucionales que propiciaron lo ocurrido”.