Policía responde a denuncias sobre presuntas irregularidades en un frustrado y multimillonario contrato para comprar BodyCams

SEMANA reveló más pruebas que demostrarían la presunta injerencia de altos mandos de la Policía en un proyecto para dotar de bodycams a uniformados de la institución. Se trata de documentos, soportes, constancias y audios, donde se lee y escucha de qué forma se dieron algunas “órdenes” tendientes a garantizar la participación de una empresa en la eventual licitación por más de 200.000 millones de pesos.

La Policía aseguró, a través de un comunicado, que todo el proceso que buscaba la compra de las bodycams cumplió con los parámetros que exige la norma en este tipo de actividades y en ese trayecto se tuvo en cuenta la experiencia de algunas empresas.

“Las cámaras de filmación corporal han sido utilizadas por la Policía Nacional desde el año 2007, por lo que para el estudio, se tuvo en cuenta la experiencia acumulada en el desempeño de los diferentes equipos adquiridos desde ese año, para permitir mayor objetividad al presentar los videos como elemento materia de prueba y/o evidencia en materia penal o medio de prueba en lo disciplinario”, dijo la institución.

Según la Policía, para la eventual licitación, se realizó un estudio cuidadoso para así definir el alcance y las necesidades técnicas de la Policía en los procedimientos que a diario realizan los uniformados en la calle. El resultado de ese estudio, según la Policía, salió una ficha técnica con algunas consideraciones.

“La filmación y grabación debería activarse cuando el policía iniciara un procedimiento y/o cuando desenfundara el arma de fuego o el dispositivo electrónico de control -conocido como taser-, sin que mediara la manipulación por parte del uniformado”, explicó la Policía.

En el mismo comunicado, la Policía hace una grave denuncia y advierte que un oficial, quien estaba a cargo del proceso, no invitó a la “casa fabricante de estos dispositivos electrónicos de control taser, lo cual generó polémica” y como resultado una “lucha de intereses comerciales”.

“El oficial que lideró el estudio fue relevado de esta tarea, para garantizar una mayor participación de diversas tecnologías, ya que solo se estaba optando por cámaras orientales”, señaló en el comunicado la Policía tras insistir que si hubo irregularidades fue a través del oficial a cargo del proceso.

Advirtieron desde la Policía que solicitaron al Ministerio del Interior no “mantener los recursos de las cámaras corporales”, con el objetivo de orientar las necesidades en la compra de unos radios de comunicaciones para la Metropolitana de Bogotá.

“Esta decisión incomodó a personas interesadas en el inicio de un proceso precontractual, lo cual desató una tendenciosa campaña a través de algunos periodistas para calumniar a miembros de la Policía Nacional, por lo que se instauraron las respectivas denuncias”, señala el comunicado.

La Fiscalía, por su parte, abrió una investigación por los presuntos hechos irregulares denunciados, y los delegados ante la Corte Suprema de Justicia serán los encargados de adelantar el proceso. “Está a cargo de analizar una denuncia por tráfico de influencias, por lo que será el ente investigador y acusador quien se pronuncie sobre este tema”, confirmó la Policía.