Grave: policías implicados en “chuzadas” se negaron a hablar en la Fiscalía. ¿Estrategia para encubrir a quien dio la orden?

La Fiscalía General ha dicho que las diligencias de interrogatorio tienen dos propósitos, avanzar a las investigaciones y ofrecer una primera posibilidad de defensa para los procesados. En el caso de las interceptaciones se esperaba obtener información de los principales protagonistas, los policías comprometidos con las “chuzadas”, sin embargo, cerraron filas y se negaron a entregar declaraciones a la Fiscalía.

Los uniformados fueron citados al búnker de la Fiscalía para diligencias de interrogatorio con el ánimo de escuchar, de su propia voz, cómo se obtuvo la información que consignaron en la solicitud de interceptación a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola, las dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno nacional. Los policías se acogieron al derecho a guardar silencio, como estrategia de defensa.

El ente acusador esperaba conocer en detalle y del dicho de los policías, quién dio la orden de incluir en ese reporte falso de dar los datos de Marelbys y Fabiola. Se trató de un informe que convirtió a las dos exempleadas en presuntas integrantes del Clan de Golfo y que eran conocidas con los alias de la Madrina y la Cocinera.

Según el reporte de los investigadores, las dos mujeres eran responsables de recaudar información de inteligencia para un cabecilla de la organización criminal, alias Siopas, encargado del Clan del Golfo en el Pacífico colombiano. Todo quedó consignado en la solicitud de interceptación que hizo un patrullero de la Dijín a la Fiscalía.

Los detalles de esa interceptación se hubiesen conocido con las declaraciones de los patrulleros, sin embargo, no fue posible debido a su negativa a declarar en el ente acusador. La defensa del patrullero, que firmó la solicitud de interceptación, aseguró que las condiciones que expone la Fiscalía para los interrogatorios no se enmarcan en las garantías del debido proceso, incluso se hacen una pregunta.

“Por qué Fiscalía no se pregunta, por ejemplo, por qué el fiscal que tuvo en su despacho la solicitud de interceptación, mantuvo activo el procedimiento por otros siete días, después de que el patrullero le informó que no era necesario, pues las primeras verificaciones no arrojaron nada”, aseguró el abogado Miguel Ángel de Río, defensor del patrullero.

Para el defensor es claro que no existe, de parte de la Fiscalía, un ánimo de preservar los derechos de los procesados, incluso solo se trata de un intento por sumar evidencia para procesar a su cliente. Advierte el abogado Del Río que están atentos a acudir cuando los fiscales convoquen, pero en las condiciones propias y en el marco del debido proceso.

Más interrogatorios

En el marco de la investigación por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola, la Fiscalía hizo una compulsa de copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción y en ese impulso fueron citados a diligencias de interrogatorio tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, quienes se desempeñaban uno como analista de comunicaciones y los otros tres como investigadores.

“En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, el pasado primero de junio compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción por las presuntas irregularidades que se advirtieron en el trámite y realización de interceptaciones de comunicaciones relacionadas en el caso de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”, dijo la Fiscalía.

También anunció la vicefiscal Marta Mancera que fueron citados a interrogatorio la exjefe de gabinete del Gobierno nacional y a declaración el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Los dos con el objetivo de conocer, por un lado, los detalles de las chuzadas y por el otro, las denuncias que se advirtieron por redes sociales.

La oficina de la Dian en el piso 13

Cuando en el famoso edificio Sendas (Secretaría Nacional de Asistencia Social) funcionaban las residencias femeninas, a las que llegaban los estudiantes procedentes de otras regiones del país en busca de hospedaje, pocos imaginaban que allí se instalaría después una especie de Pentágono a la colombiana.

De hecho, de no ser por el escándalo que se desató alrededor del caso de la niñera de la hoy exjefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, la existencia de la oficina del piso 13 de la Dian seguiría en el anonimato.

Exempleados de la Dian que entraban al edificio, luego de escuchar sobre las revisiones que está haciendo la Fiscalía en el piso 13, hicieron memoria y contaron acontecimientos que ahora entienden mejor.

El edificio Sendas es una tradicional edificación de la zona histórica de Bogotá. Desde 2009 fue entregado a la Dian luego de haber sido durante 30 años la sede de las residencias femeninas.

Fue creada por medio del Decreto 2675 del 9 septiembre de 1954, bajo la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, quien ejerció su mandato entre 1953 y 1957.

El edificio, ubicado en la calle 7 con 6, justo en diagonal a la Casa de Nariño, al parecer tenía un ángulo estratégico para la vigilancia y garantía de la seguridad del que ocupe los aposentos de la residencia presidencial.

Después de haber permanecido abandonado por un tiempo, fue entregado en comodato a la Dian, pero, según contó un exfuncionario de la entidad, se reservaron las oficinas ubicadas en el piso 13. “Son pequeñas, casi imperceptibles”, contó la fuente que, además, agregó que era normal ver subir integrantes del batallón guardia presidencial, a veces, con francotiradores y armamento específico, además de equipos de comunicaciones para la seguridad del presidente.

A las oficinas del piso 13 también subían funcionarios del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), agregó la fuente que, además, describió la oficina como un cuarto con muchos equipos de telecomunicaciones.

Otro de los exfuncionarios consultados por SEMANA contó que lo que recordaba de la misteriosa oficina del piso 13 era que allí se había montado un laboratorio de inteligencia forense de sistemas. Hay que recordar que el fin de estos laboratorios es proporcionar inteligencia a las fuerzas militares, de manera que les permitan neutralizar cualquier intento de ataques terroristas contra la población y el presidente.

Varios de los consultados confirmaron que el piso 13 de la Dian es el punto de operación de la seguridad de la Presidencia, por lo que hay mucho movimiento de personas con aparatos de vigilancia (binóculos, por ejemplo) desde la azotea.

Algo curioso

Como dato curioso, hay que señalar que el edificio Sendas, originalmente, fue sede de la institución descentralizada que se encargaba de garantizar el bienestar social de la población vulnerable, en especial, de campesinos, obreros, mujeres, niños y ancianos, según refieren páginas históricas que registra el Banco de la República a través de su biblioteca virtual.

En otro momento de la historia, antes de que fueran utilizadas como residencias estudiantiles, funcionó allí la Compañía de Seguros Generales Sendas S. A., que implementó un novedoso programa de seguro campesino.

Ahora, la que había sido una oficina invisible en el piso 13 de la Dian está en la mira de la Fiscalía.