La nueva seguridad de Iván Duque

El presidente Iván Duque eligió como escenario el emblemático fuerte militar de Tolemaida. Allí, el miércoles pasado, seis meses después de llegar a la Casa de Nariño, anunció las columnas sobre las que construirá la que llamó Política de Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad.

Junto al mandatario estaba parte del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el fiscal general, varios congresistas, algunos ministros y, obviamente, la cúpula castrense en pleno. A no pocos les llamó la atención encontrar que más de 20 aeronaves, entre aviones y helicópteros de combate, efectuaron una revista aérea que incluyó paracaidistas y bombas de humo de colores.

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En el discurso que pronunció ante centenares de militares y policías, Duque comenzó por dejar claro que enfoca buena parte de sus esfuerzos en las amenazas tradicionales a la seguridad nacional: los grupos armados organizados. Allí, apuesta sobre todo por ocupar los territorios capturados por el crimen organizado y por endurecer las reglas para negociar con delincuentes. En esa bolsa entran las grandes estructuras como el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros y las disidencias de las Farc. Según el Gobierno, esas organizaciones tienen alrededor de 10.000 miembros. Pero también hay 23 estructuras menores con impacto regional y 2.471 pequeñas bandas comunes y locales, según cifras oficiales.

En su discurso quedó claro que este Gobierno le cierra la puerta al cese al fuego bilateral para negociar con las grandes bandas, un recurso que el Gobierno pasado puso en marcha de manera recurrente. También condiciona cualquier proceso de paz a que los grupos dejen de cometer las acciones criminales –lo que Duque ya había mostrado frente al ELN– y a que concentren a sus hombres en armas en una región específica.

Para enfrentar a esos actores ilegales, el plan divide el territorio en tres clases. Enfocará sus esfuerzos en las zonas críticas, donde la autoridad civil es débil y el acceso a los servicios y la justicia deficiente, por no decir inexistente. Esas regiones se mueven al ritmo de las economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal.

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Allí, como respuesta, el presidente anunció una intervención de las Fuerzas Militares y la Policía, seguida de un despliegue institucional para atender las carencias y ponerle freno a las causas estructurales de la violencia. El plan define también las zonas donde persisten las amenazas a la seguridad nacional pero hay una presencia del Estado más robusta, y otras, sobre todo las capitales principales, en las que los problemas tienen que ver con la seguridad ciudadana y la convivencia. A partir de esas caracterizaciones, el plan ofrece una respuesta adaptada a cada territorio.

La apuesta de lucha contra el crimen contenida en el documento también incluye un punto polémico: la Red de Participación Cívica, descrita como un canal de comunicación anónimo de los ciudadanos con las Fuerzas Militares y la Policía. La propuesta apunta a construir una red de informantes pensada para enfrentar a los delincuentes y prevenir desastres. Pero también establece un propósito ambiguo y amplio: alertar sobre “situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas”. Y agrega: “El Gobierno Nacional podrá conocer de forma permanente y en tiempo real las preocupaciones nacionales, regionales y municipales de seguridad”.

En otro de sus puntos claves, las directrices para la defensa le salen al paso, y con rigor, a la actual crisis venezolana. Y se muestran ambiciosas en su alcance internacional, pues pretenden posicionar a Colombia como un jugador clave en la seguridad regional. El plan califica como amenazas a la seguridad a los “regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio” –en referencia velada a Rusia y China–.

En ese mismo plano transfronterizo, el Gobierno le apuesta a “consolidar su capacidad de disuasión”, lo que se entiende como fortalecerse militarmente para no parecer un blanco fácil en un eventual conflicto entre naciones. Además, el plan habla de robustecer la cooperación internacional, adoptar una estrategia de seguridad fronteriza y participar en misiones internacionales y de paz a instancias de organizaciones como la Otan y la ONU.

Esta carta, que marcará el rumbo del sector de la defensa, tiene de novedoso que gradúa como amenazas a la seguridad nacional los problemas ligados al cambio climático, los ataque a la biodiversidad, el medioambiente y los desastres naturales. Para señalar las dimensiones del mal advierte que, en la última década, el país perdió más de un millón de hectáreas de bosque (una extensión comparable con la del departamento de Sucre). En consecuencia, ordena desarrollar capacidades especializadas para la defensa ambiental, cooperar con los países amazónicos para proteger la gran selva y hasta fortalecer el programa que establece la presencia de Colombia en el continente antártico.

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Algunos sectores no dudaron en afirmar que Duque planteaba realmente un reencauche de la llamada Política de Defensa y Seguridad Democrática de los gobiernos de Álvaro Uribe. Sin embargo, esto no resulta del todo cierto. De hecho, tanto el discurso como las propuestas no tienen, en general, nada diferente de lo que normalmente dicen todos los presidentes en los primeros meses de sus mandatos.

En efecto, los discursos en este tema suelen contener intenciones y propuestas recurrentes, como mejorar la seguridad ciudadana, proteger al país de los enemigos internos y externos, aumentar las capacidades de inteligencia y operaciones de las fuerzas militares, fortalecer los lazos de cooperación con los aliados extranjeros y que la fuerza pública esté más cerca y conectada con los ciudadanos. Y el de la semana pasada no hizo una excepción.