Nación
Por 15 obras inconclusas de la administración de Claudia López, por un costo de $18.000 millones, Procuraduría abre investigación a funcionarios del IDU
En ente de control disciplinario investiga al exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y seis funcionarios más. Al parecer, hubo problemas de interventoría, supervisión y planeación,
Un total de 15 proyectos de infraestructura de sistemas de movilidad y de espacio público están parqueados, sin mayores avances y lejos de ser entregados a los ciudadanos. Por estas obras, que tuvieron un costo de cerca de 18.000 millones de pesos, contratados con recursos de valorización y mal ejecutados en la administración de Claudia López como alcaldesa de Bogotá, la Procuraduría abrió investigación a funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
La entidad abrió investigación al exdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, a la exsubdirectora general de infraestructura, Claudia Tatiana Ramos Bermúdez; al exdirector técnico de gestión contractual, Juan Carlos González Vásquez; al subdirector técnico de ejecución, Jaime Augusto Bermúdez Díaz; a la exdirectora técnica de construcciones, Denice Bibiana Acero Vargas; a la abogada de la dirección técnica de gestión contractual, Ginna Paola García Bohórquez; y al exdirector técnico de proyectos (e), José Félix Gómez Pantoja.
Pero según las indagaciones de la Procuraduría, no solo se habrían dado irregularidades de parte de estos altos funcionarios, también por contratistas de la entidad, que no cumplieron con sus funciones, dejando las obras a medio hacer.
Los contratistas del bilateral de interventoría, Miguel Ángel Botero Gómez, en su calidad de representante legal de MAB Ingeniería de Valor S.A. y al suplente del anterior cargo, Ariel Alberto Corredor Gómez; y finalmente, a Juan Carlos Guio Ávila, como prestador de servicios de la dirección técnica de proyectos, también serán investigados, según informaron desde la Procuraduría.
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“El organismo de control investiga también las demoras en la ejecución de las obras que, al parecer costaron alrededor de $ 18.000 millones, tienen presuntamente problemas en el diseño, en la edificación y por consiguiente, posibles irregularidades en el contrato de interventoría y supervisión”, explicaron en la Procuraduría.
Asimismo, se ordenó la compulsa de copias para investigar 14 contratos más que se encuentran presuntamente en similares condiciones y también, habrían sido contratados con los mismos recursos.
El Ministerio Público confirma si de las 15 construcciones, solo una de ellas tiene un 100 % de finalización; mientras que las demás se encuentran inconclusas y en total abandono. Por tanto, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas pertinentes para determinar los sucesos y si constituyen a falta disciplinaria.
