Por acción de tutela, trasladan a Oneida Pinto a cárcel de Valledupar

Oneida Pinto Pérez, la exgobernadora de La Guajira investigada por hechos de corrupción, será trasladada desde Bogotá a la cárcel judicial de Valledupar.

El traslado fue ordenado luego de que la defensa de Pinto interpusiera una tutela para dar cumplimiento a la petición hecha el día de su entrega a las autoridades, el pasado 12 de julio en Riohacha, que había sido respaldada por el juez que realizó la audiencia de control de garantías que le hicieron en Bogotá.

El traslado hacia Valledupar, sin embargo, no se había realizado por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) porque la Fiscalía General de Nación se opuso. Por esta razón, el equipo legal de la exgobernadora presentó varios incidentes de desacato, bajo el argumento de que el proceso que se le adelanta a Pinto es por hechos ocurridos en La Guajira y es allí, exactamente en el municipio de Albania, donde está su arraigo familiar.

Oneida Pinto se entregó, después de huir durante un año de las autoridades, para cumplir con la medida de aseguramiento que pesa en su contra, por la presunta pérdida de más de 5.900 millones de pesos en la construcción de adoquines en el municipio de Albania.

La entrega sucedió días después de que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha ordenara prorrogar por un año más la orden de captura en su contra, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Las posibles irregularidades en contratos de obras cometidas por Pinto habrían ocurrido en los años 2010-2011 en el municipio de Albania (La Guajira), del que fue dos veces alcaldesa. Al parecer, habría creado la fundación Princesa Negra para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, por valores que ascienden a más de $12.000.000.000 y los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981.965.192.

Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

Según las investigaciones, se evidenció que la selección del contratista era amañada y que lo buscado era apalancar la campaña electoral de Pinto a la Alcaldía de Albania, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política.

Oneida Pinto también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que está en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños y niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas.

El valor del convenio ascendió a más de $18.900.000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $6.900.000.000.