Por caso Atehortúa, Procuraduría adelanta inspección a Dirección de la Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al comandante de la Policía Nacional, el general Óscar Aterhortúa, en marzo de este año. En medio de la investigación, la entidad inspeccionó la Dirección de la Policía, después de que el general William Salamanca, inspector de la institución, denunciara ante los procuradores que, al parecer, se estaría borrando información relevante sobre el tema del sistema.

En un comunicado, la Policía Nacional informó sobre la “visita técnica” adelantada por el Ministerio Público a la sede de la Oficina Telemática: “En el marco de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación, por hechos relacionados con la construcción de las viviendas fiscales del proyecto CENOP en San Luis (Tolima), se dispuso el día de hoy la práctica de una prueba técnica al aplicativo SIJUR (Sistema de Información Jurídico), con el propósito de verificar las medidas de seguridad de la información allí registrada”.

Salamanca, con quien el comandante de la Policía supuestamente se habría extralimitado enviándolo 400 días de vacaciones en diciembre del 2019, dijo ante la Procuraduría en la etapa probatoria y aseguró que su familia está en peligro, pues aseguró que recibió amenazas en su contra.

“He recibido información de policías en uso de buen retiro, información confidencial, en la que me dicen que “me cuide, que cuide a mi familia, de hecho esa información también la he recibido de policías activos”, y agrega que ha visto “seguimientos, movimientos extraños en su entorno, en su apartamento. A la empleada le han preguntado para quién trabaja, para que general, a qué horas entra, a qué horas sale?”.

De hecho, dijo que ha visto seguimientos y movimientos extraños a su alrededor y en donde vive. “A la empleada le han preguntado para quién trabaja, para que general, a qué horas entra, a qué horas sale”, añadió.

En marzo de este año, la Procuraduría llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario al general, por presuntas irregularidades que tienen que ver con el proyecto de vivienda fiscales CENOP, de San Luis, Tolima. Atehortúa se habría extralimitado en funciones y habría cometido tráfico de influencias mientras estuvo al frente del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Los cuatro cargos por los que debe responder, en palabras de la Procuraduría, son los siguientes:

“Se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

El segundo cargo cuestiona que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados CENOP, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación, con lo que pudo haber incurrido en falta gravísima.

El tercer cargo sobre una presunta extralimitación de funciones cuestiona que el investigado hubiera acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente, lo que constituiría una falta grave.

El cuarto cargo reprocha al director general de la Policía Nacional que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima”.

Por ahora, el proceso continúa.