Por contaminación de embalse La Playa, Defensoría pide al MinVivienda destinar recursos para terminar planta de aguas residuales de Tunja

En una reciente visita al embalse La Playa, en Tuta, Boyacá, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las entidades gubernamentales, especialmente al Ministerio de Vivienda, para destinar los recursos necesarios y finalizar la construcción del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Además, solicitó la construcción de instalaciones similares en los municipios de Cómbita, Oicatá y Tuta, en el departamento de Boyacá, con el objetivo de reducir la carga contaminante que llega al embalse.

“Hago un llamado para que destinen los recursos que permitan terminar el cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tunja, y sean construidas las correspondientes en Cómbita, Oicatá y Tuta, para disminuir la carga contaminante que llega al embalse La Playa”, dijo el defensor Camargo Assis.

Esta petición surge después de un trabajo de campo realizado por la Defensoría del Pueblo, en el que se reunieron con las comunidades afectadas y representantes de los cinco municipios del departamento. Estas instancias solicitaron la intervención de las autoridades para que se cumpla con lo estipulado en la acción popular interpuesta hace 23 años.

Durante la visita al embalse, el defensor del Pueblo y su equipo técnico evidenciaron la presencia de malos olores, mosquitos y zancudos, causados por las aguas residuales provenientes de los municipios de Cómbita, Tunja, Oicatá y Tuta, así como los vertimientos de agua generados por los centros penitenciarios El Barne y Cómbita. Estos factores han generado un escenario de eutrofización y la proliferación del buchón de agua, que ha invadido gran parte del embalse La Playa.

Camargo Assis destacó que esta situación afecta a aproximadamente 6.000 habitantes de la región y resaltó que la falta de finalización y puesta en marcha del cuarto módulo de la PTAR de la capital boyacense es uno de los principales factores de contaminación en el embalse.

Además, el defensor del Pueblo solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que tome las medidas necesarias para garantizar que las plantas de tratamiento de las cárceles El Barne y Cómbita cumplan con los límites normativos vigentes y obtengan los permisos de vertimiento correspondientes, a fin de evitar afectaciones a las comunidades.

“También hago un llamado a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que implementen mecanismos que sean técnicamente viables para la descontaminación del embalse, la gestión del buchón de agua, y para que se hagan periódicamente las fumigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a las que se les están afectando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”, indicó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir monitoreando este caso y de acompañar las audiencias convocadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, así como las inspecciones que se realicen tanto en el embalse La Playa como en la PTAR de Tunja, tal como lo ha venido haciendo durante los últimos 20 años.

Construcción de sede de la Defensoría en Córdoba

Por otra parte, en un importante acontecimiento para la entidad, se dio inicio a la construcción de la sede regional de la Defensoría del Pueblo en Córdoba, con la colocación de la emblemática ‘primera piedra’. Este proyecto de gran envergadura representa un avance significativo en la protección y promoción de los derechos de los habitantes de la región, de acuerdo con el defensor Carlos Camargo.

El lote seleccionado para la construcción se encuentra estratégicamente ubicado en el barrio Costa de Oro de la ciudad de Montería. Con un costo estimado de 21 mil millones 663 mil pesos, esta moderna sede será construida en un plazo de 14 meses en un terreno de tres mil metros cuadrados.

El defensor del Pueblo destacó la importancia de este logro durante la ceremonia de inicio de obras. En sus palabras, resaltó el compromiso de la institución en ampliar su presencia a nivel regional y llevar los servicios de defensoría a cada rincón del país.

“Qué alegría poder cumplirle a las comunidades. Para nosotros es más que satisfactorio ampliar nuestra presencia institucional. Al dar inicio a las obras tendientes a la construcción de la nueva sede regional Córdoba, lo que hacemos es garantizar condiciones favorables en acceso a la infraestructura y servicios de la entidad. Soy un fiel convencido de que quienes portamos este chaleco azul no somos de escritorio, sino de territorio, y con ese lema le apostamos a llegar a más y más rincones de Colombia”, dijo Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo le agradeció a la administración municipal por proporcionar el terreno necesario para llevar a cabo este importante proyecto. Asimismo, el funcionario hizo un llamado a los órganos de control, veedurías y medios de comunicación para que ejerzan su rol de garantes y acompañen de cerca todo el proceso de construcción.

“Agradecemos a la administración municipal por disponer de este lote de terreno para hacer realidad este proyecto. Quiero destacar el interés de los órganos de control, de las veedurías y de los medios de comunicación en conocer y estar al tanto del proceso de contratación adelantado por la Defensoría del Pueblo. Les pedimos que sean garantes y acompañen todo el proceso de construcción que ahora inicia”, añadió el defensor.