Por denuncia de SEMANA en la que “arrendaban” niños de brazos para pedir limosna, la Procuraduría exige medidas a la alcaldía de Bogotá

La Procuraduría prendió las alarmas e hizo un llamado contundente para que la alcaldía de Bogotá no siga permitiendo lo que es un realidad aterradora para muchos niños en la ciudad que son usados para la mendicidad. Por eso, le pidió a la Secretaria Distrital de Integración Social adoptar con urgencia medidas articuladas con otras entidades, para evitar que personas inescrupulosas, pertenecientes a presuntas mafias, utilicen a sus hijos o a otros menores de edad, para mendigar en diferentes localidades de la capital.

La decisión se da luego que SEMANA publicara un reportaje en el que puso en evidencia un grupo de personas que, aprovechando la buena fe de los ciudadanos, se ubicaban en diferentes establecimientos del parque de la 93, con niños en brazos, para pedir que les regalen leche, dinero y pañales, para luego vender esa mercancía y recibiendo millones de pesos.

Pero eso no es lo más grave, los pequeños que se la pasan en la calle aguantando sol y lluvia, y completamente desescolarizados, ni siquiera son los hijos de quienes piden las limosnas, son menores alquilados para generar compasión y que el “negocio” se más rentable.

Por eso, señala la Procuraduría, a través de un comunicado que “en el requerimiento, extendido también a la Coordinadora del Centro Zonal Usaquén del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Procuraduría remitió apartes de la denuncia registrada por un medio de comunicación (SEMANA), donde se evidencia que adultos estarían presuntamente utilizando una menor de edad, para pedir en las afueras de establecimientos estratégicos escogidos (afueras de droguerías y clínicas materno infantil) ayudas de pañales y leche, para luego revender lo recogido”.

La Procuraduría no dejó espacio a dudas y fue clara y radical en la solicitud que le hizo a la Secretaria Distrital de Integración Social, pues reclamó la judicialización inmediata de las personas que están usando a las niños, tal como lo contempla la ley, y reestablecer los derechos de los niños.

Lo que sucede en el Parque de la 93

En el Parque de la 93 se ve el contraste de las clases sociales. Es un sector exclusivo de Bogotá por el que pasan carros de alta gama, personas encorbatadas o con ropa de diseñador que llegan a los restaurantes y almacenes de la zona. Mucho turista extranjero camina por el lugar. Todos los que andan por ahí ven con solidaridad a las parejas, mayoría migrantes de Venezuela, que piden ayuda casi rogando para darles algo de comer a sus hijos aún en brazos.

Un escalofrío recorre el cuerpo cuando se escucha en las calles llorar a los bebés, que se ven claramente incómodos junto a sus supuestos padres impotentes, porque por falta de oportunidades no pueden darles alimento ni mucho menos comprarles pañales.

Se escucha en la esquina: “Damas y caballeros, señoritas, no les pido dinero, si me quieren ayudar con un pañal para mi bebé acá en el Farmatodo, que sea etapa cuatro, es suficiente”, y alguien más le hace coro: “O, por lo que más quiera, una lechita, no tengo qué darle de comer”.

Esas frases se repiten decenas de veces durante al menos nueve horas que permanecen en el lugar, así haga sol, llueva, o el frío sea insoportable. Los bebés están todo el tiempo allí, juegan al avioncito, se duermen en el regazo, lloran, los “padres”, impacientes, les tapan la boca para que no hagan ruido, les dan uno que otro golpe en la cabeza con las bolsas que venden para calmarlos, y así es la rutina diaria.

No es casualidad que en ese punto de la ciudad se mezclen los dos extremos de poblaciones económicas. Hay una mafia que da indicaciones a los migrantes de dónde ubicarse estratégicamente, porque no solo buscan ayuda para los menores, sino que en realidad pretenden alimentar un negocio que ha resultado rentable durante años.

Tras varios días de seguimiento, SEMANA pudo evidenciar que las personas que despiertan pesar reciben al día varios tarros de leche, y de la más costosa. Su valor es de 217.000 pesos en promedio y es para niños de 0 a 12 meses.

Llama la atención que los niños que los acompañan se ven más grandecitos, aproximadamente de año y medio. Incluso los pañales que piden son etapa cuatro, que no son acordes con la edad de los bebés que consumen la leche, pues esa talla de pañal es para niños de 2 años en adelante.

Pero ese tamaño tiene algo llamativo: su valor, ya que son los más costosos del mercado, según la marca y la cantidad. Los que suelen pedir a los donantes son aquellos que valen alrededor de 86.000 pesos.

Trabajadores de droguerías, que piden mantener su identidad en reserva por temor a represalias ―puesto que han sido amenazados por estas organizaciones delincuenciales cada vez que intentan advertir a los clientes que todo se trata de un negocio―, confirman que cada pareja suele llevar al día tres tarros de leche y cuatro pacas de pañales.

“Los extranjeros son los que más donan. Una vez un señor gastó 3 millones de pesos en un solo momento, les compró leche, pañales, pañitos, suplementos alimenticios y de todo para un mes”, dijo la gerente en farmacia, la misma que asegura que a los pocos minutos volvieron a pararse afuera de la droguería a contarle al siguiente transeúnte su triste historia, claramente sin rastro de ninguno de los productos.

Durante el seguimiento que realizó este medio se observa cómo, cada vez que reciben la donación, la guardan en un morral y luego salen corriendo del lugar, sin ni siquiera dar espacio al cambio de semáforo, poniendo en riesgo su vida y la del bebé.

Acostumbran a entregar la ofrenda a otros miembros de la organización que deambulan por los alrededores, algunos como vendedores ambulantes, otros que ofrecen el servicio de embolar zapatos o simples visitantes del sector. Estos productos son recibidos, al parecer, por el cabecilla de la organización. Cuando no pueden hacer el relevo de la mercancía, la guardan en sus morrales grandes y cada vez que ven a la Policía, huyen.

En información que suministró a SEMANA una mujer que estuvo dentro de la red, según ella por presión, hay dos modalidades en las que estas personas utilizan a los menores para hechos de mendicidad con fines de explotación.

La primera es que en algunas oportunidades alquilan a los niños por 20.000 pesos al día. Pero eso es riesgoso, teniendo en cuenta que la ley es contundente al encontrar al mayor de edad mendigando con un niño que no es su hijo.

Cosa contraria pasa con los padres que tienen cómo demostrar que el pequeño es suyo, pues la Corte Constitucional advierte que prima su derecho a la familia y otros, por eso pueden estar buscando opciones de subsistencia mientras el Estado garantiza oportunidades que no vulneren a la población infantil, sobre todo en temas de educación, alimentación y seguridad.

Es allí donde la mafia utiliza una segunda estrategia y es la de enviar a la calle a la madre y al bebé a cambio de un porcentaje de las ganancias, pero para controlar el negocio siempre las mandan acompañadas de un hombre que simula ser el padre o el padrastro del menor.

En la investigación que se adelantó, se evidenció que otro de los puntos estratégicos son aquellas droguerías que están ubicadas a las afueras de unidades médicas que atienden a familias de posición económica alta, debido a que suelen despertar mayor empatía con los menores.

Frente a la Clínica del Country hay varias droguerías y en las afueras de ellas se ubica al menos una “familia”. “Mami linda, necesito una leche para un tetero”, decía un hombre con un bebé en brazos a las personas que entraban a una de las farmacias.

Él estaba acompañado de dos mujeres de nacionalidad venezolana. La Policía de Infancia y Adolescencia hizo un operativo en la zona y se llevó la sorpresa de que ninguno de los tres tenía documentos del menor. Él no tuvo otra alternativa que confesar que no tenía ningún parentesco con la menor, que resultó ser una niña. Y las mujeres argumentaron que habían sido víctimas de un atraco y por eso no tenían cómo demostrar que la pequeña era su hija.

El hombre, de 40 años, fue capturado por la Policía porque al parecer estaría explotando a la menor mediante la mendicidad, pues algunos testimonios recolectados en el lugar manifestaban que él iba frecuentemente allí, pero con diferentes bebés.

El coronel Juan Pablo Cubides, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, manifestó que mediante sus grupos de Infancia y Adolescencia se han adelantado 774 acciones de vigilancia y control con el fin de disuadir y neutralizar factores que los pongan en riesgo o vulneren sus derechos.

Durante 2022 y en lo corrido de 2023 se han dejado bajo protección ante las autoridades a 438 niños ―como el caso de la pequeña que estaba a las afueras de la Clínica del Country―, a quienes se les han vulnerado alguno de sus derechos por sus padres y/o cuidadores.

A su vez, en el mismo periodo se han capturado 46 personas y se demostró que obtenían beneficios, incluso económicos, en el ejercicio de la mendicidad de menores de edad con los cuales no tenían ningún parentesco.

Sin embargo, llama la atención que en el caso del hombre que fue capturado en el norte de Bogotá, el fiscal decidió no proceder a detenerlo, sino enviarlo para la casa porque no hubo un testigo que denunciara por miedo a retaliaciones, y pese a que la captura se dio en flagrancia.

Esto deja mucho que pensar. ¿Qué pasaría si a cualquier ciudadano lo sorprendieran pidiendo dinero con un niño que no es suyo? Muy seguramente arrancaría un proceso. El hombre quedó en libertad aun cuando hay videos en los que se evidencia amenazando al equipo periodístico y a quienes estaban en el lugar.

Por su parte, la menor permanece en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a la espera de que alguna de las mujeres llegue con los documentos que demuestren que es su madre. Este modelo de negocio delincuencial es una de las modalidades de esclavitud infantil contra la que se ha luchado desde el 16 de abril de 1995.