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Por desviar los recursos para la salud, empieza otro juicio disciplinario contra el expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso

Según la Procuraduría, Grosso habría gastado dinero destinado para el servicio de salud de los colombianos afiliados a la EPS en compras de equipos de cómputo y comunicación, muebles de oficina y enseres a terceros.

26 de abril de 2023
El proceso de venta comenzó formalmente el 30 de diciembre de 2016 con la publicación de los requerimientos para la presentación de ofertas.

Casi diez años después del gigantesco desfalco a la salud, cuando cayeron como fichas de dominó diferentes EPS como Saludcoop, Medimas y Cafesalud, las investigaciones y los hallazgos del millonario desvió de dineros para la atención de los ciudadanos no paran. La Procuraduría acaba de dar inicio al juicio disciplinario contra uno de los principales protagonistas del desfalcó, el ya condenado expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso.

El ente de control disciplinario formuló pliego de cargos por presuntamente autorizar el uso indebido de recursos destinados específicamente a la prestación del servicio de salud, para la adquisición de equipos de cómputo y comunicación, muebles de oficina y enseres a terceros.

“La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo habría validado que se utilizaran cerca de $800 millones, entre noviembre de 2015 y enero de 2016, de dos de las cuentas en las que se recibían pagos de los entes territoriales, de diferentes clínicas y por concepto del Plan Obligatorio de Salud, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria”, señala un comunicado de la Procuraduría.

El asunto es claro, lo que plantea la Procuraduría es que Grosso, de la plata que fue entregada por parte del Gobierno a la EPS para la atención médica de millones de afiliados, dispuso para gastarla en asuntos diferentes.

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“Con su aparente conducta, Grosso Sandoval transgredió los principios de responsabilidad, eficacia y economía al desviar recursos parafiscales, que como administrador estaba obligado a reinvertir en beneficio de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, y en lugar de ello usarlos para la compra de bienes”, advierte la delegada para la Economía y Hacienda Pública.

La condena contra Grosso

Hace apenas un mes, Guillermo Grosso ya había sido condenado, esta vez por la justicia ordinaria, por los delitos de concierto para delinquir. y cohecho (ofrecimiento de sobornos en tres casos). En la lectura del sentido del fallo, el juez 28 de conocimiento de Bogotá advirtió la gravedad de la actuación de Grosso al afectar el sistema de salud y los recursos públicos para beneficiarse económicamente.

| Foto: Semana

Para el juez, existe evidencia suficiente para inferir que Grosso montó una IPS con un aire de legalidad y ofreció millonarios sobornos para resultar beneficiado. En este sentido se manifiesta que se contactó con Eva Katherine Carrascal, quien, entre los años 2016 y 2018. fungió como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud para pagarle dádivas para que le entregaran la administración de recursos y pacientes de otras EPS que estaban en crisis.

“Su vocación no era salvarlas, sino tener información, una asesoría interna de la Superintendencia de Salud para luego pervertir el sistema y decir ‘mire, yo soy su salvador’, y esto es lo que hacía Guillermo Grosso Sandoval”, precisó el funcionario judicial en la lectura del fallo.

En este sentido advirtió que se concertó para conformar una IPS, adquirir contratos para la atención de pacientes. “Podían estar tres personas, prácticamente, generando empresa: Guillermo Grosso, Javier Peña y John Colmenares. Realizaban una labor legalmente permitida que es atender a pacientes, tener una IPS, de cualquier tipo de atención que se presentara, pero traer a Eva (Carrascal) cruzó la línea de lo que es legal”.

El juez advirtió que estas tres personas “cruzaron la línea de lo que es legal e ilegal (...) No se le puede estar pagando, prometiendo a una funcionaria pública, que tiene funciones de vigilancia dentro del mismo gremio las dádivas que se le prometieron y los dineros que en verdad entraron a su causa personal”.

Por estos hechos, la Fiscalía General pidió una condena ejemplar y su traslado a un centro carcelario: “No está acreditada circunstancia alguna de marginilidad, ignorancia o pobreza extrema que hubiese podido incidir en la comisión de delitos por los que se judializó (...) Tiene situaciones privilegiadas”.

El fiscal advirtió que en los últimos años se han presentado múltiples casos de corrupción en el sistema de la salud: “Es necesario que la sociedad comprenda que debe primar la transparencia en la relación derivada de la prestación al servicio de salud, que no es un servicio público y un derecho fundamental”.

De otra parte, suscribió tres contratos con Mayorca Castilla. Uno por 110.826 millones de pesos, otro por 37.631 millones de pesos, y el tercero por 48.294 millones de pesos.