Por el conflicto armado, 231 familias indígenas fueron desplazadas en Cáceres, Antioquia

Sin alimentos, desplazadas y confinadas a causa del conflicto armado que se presenta en el Bajo Cauca de Antioquia, se encuentran 231 familias indígenas del pueblo Senú, del municipio de Cáceres.

De esta manera lo denunció la Organización Indígena de Antioquia (OIA) a través de un comunicado, en el que detalló: “José de los Santos, Isla la Dulzura, Guarumo Balay, Puerto Santo Manantial, Jardín la Esperanza y Alto del Tigre, son las comunidades que hoy no tienen qué comer, entre otras cosas, porque no pueden acceder a sus cultivos o realizar actividades propias de pesca en el Río Cauca, por prohibición de los grupos armados al margen de la ley”.

La denuncia de la OIA prende las alertas para que las autoridades tomen medidas y brinden la protección a las comunidades que se encuentran en un riesgo latente debido a las amenazas por parte de grupos armados ilegales que actúan en la zona y quienes habrían ordenado a las familias dejar sus tierras.

En el llamado de la OIA, se detalla que “desde septiembre de 2020 permanecen desplazadas 59 familias indígenas de Isla la Dulzura que tuvieron que buscar refugio en la comunidad Guarumo, dejando atrás sus casa, enseres y animales, mientras que las demás permanecen confinadas y desabastecidas”.

En el documento, se detalla, además, que la Organización constató “que desde el pasado 29 de enero de 2021, se vienen registrando enfrentamientos armados en el Resguardo Indígena Alto del Tigre, lo que pone en alto riesgo a las familias que habitan allí, y quienes estarían contemplando la posibilidad de desplazarse para salvaguardar sus vidas”.

En la región del Bajo Cauca se han adelantado diversos procesos apoyados por la comunidad internacional con el ánimo de sustituir cultivos ilícitos y generar propuestas para el beneficio de campesinos y comunidades indígenas. Además de operaciones de las fuerzas armadas que ayuden a mermar la presencia de grupos armados.

Sin embargo, las economías ilegales que se manejan ayudan a fortalecer la presencia de estas agrupaciones.

La OIA detalla en el comunicado que la región “se ha convertido en corredor estratégico utilizado por grupos armados al margen de la ley, afectando a las comunidades con confrontaciones armadas, ataques indiscriminados, extorsiones, trabajos comunitarios obligatorios, acceso limitado a servicios básicos, reclutamiento forzado, confinamiento en sus viviendas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, limitación a las prácticas organizativas y de autonomía indígena, así como la estigmatización -principalmente de líderes indígenas-, y por supuesto, el desplazamiento forzado, todos éstos hechos abiertamente contrarios a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los acuerdos de Ottawa”.

El llamado es para que la presencia estatal y de seguridad permitan a estas familias recibir la atención adecuada y que puedan volver a sus territorios.