Por este decreto se podría caer la compra de vacunas contra el coronavirus en Colombia

Mientras el presidente de la República, Iván Duque, afirmó el pasado viernes que divulgar los contratos de compra de las vacunas contra el coronavirus sería perjudicial para el proceso de negociación con las farmacéuticas, se conoció que un decreto del año pasado podría poner en dificultades esa labor.

El decreto, liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), impide que empresas extranjeras sancionadas por corrupción puedan contratar con el Estado colombiano.

El decreto es el 1358 de 2020, que buscaba reglamentar la Ley 2014 de 2019 con el objetivo de combatir los delitos contra la administración pública, por ejemplo, al extender inhabilidades a empresas extranjeras e impedir que contraten con el Estado en caso de que hayan sido condenadas o sancionadas por corrupción.

En otras palabras, el decreto permite homologar las condenas penales o sanciones administrativas que estas empresas hayan recibido en otros países.

“La lucha contra la corrupción debe tener consecuencias contra quienes la toleran, la promueven y se benefician. No solo es despedir al representante legal o al socio o administrador”, aseguró en su momento Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en conversación con SEMANA.

En ese sentido, la utilidad del decreto radica en que esta entidad tuviera la capacidad de poner en marcha las inhabilidades correspondientes a las empresas por cuenta de las actuaciones ilegales de sus representantes o directivos, sobre todo en casos como el del escándalo de corrupción de Odebrecht a nivel internacional.

“La Ley penal colombiana está dirigida a personas naturales, pero desde luego si la persona actúa a nombre o en representación de una sociedad debe haber sanciones para estas”, añadió Camilo Gómez en la entrevista con Semana.

¿Afectará la compra de vacunas?

Recientemente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que todos los países del mundo hacen acuerdos de confidencialidad con las industrias farmacéuticas que los obligan a mantener bajo reserva ciertos aspectos de la negociación.

Lo anterior en el marco de las críticas que ha recibido el Gobierno nacional sobre la incertidumbre generada alrededor del número de vacunas compradas, su precio en la negociación y la fecha de inicio de la campaña de vacunación.

Sin embargo, el asunto podría complicarse por cuenta del decreto 1358 de 2020 y por algunas sanciones interpuestas a compañías farmacéuticas extranjeras.

En noviembre del año pasado se publicó un artículo en el Journal of the American Medical Association (JAMA) en el que se recopila una lista de empresas que han sido sancionadas en Estados Unidos, entre las que están incluidas algunas farmacéuticas con líos judiciales entre los años 2013 y 2016.

El artículo, en el que los investigadores tuvieron acceso a documentos del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, entre otras autoridades, reveló que Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson (Janssen) hacen parte de las empresas sancionadas.

Justamente, con estas compañías el Gobierno de Colombia espera cerrar acuerdos próximamente para la compra de millones de vacunas que permitirían el inicio de la campaña de vacunación en el país.

Pfizer, por ejemplo, ha pagado sanciones por US$2.910 millones, mientras AztraZeneca lo ha hecho por sumas superiores a los US$1.1000 millones, de acuerdo con el artículo mencionado.

Bajo esas circunstancias, el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, abrió el debate sobre las implicaciones que esto podría tener en los proceso de compra de vacunas entre Colombia y las citadas empresas farmacéuticas.

Según Enciso, la incertidumbre sobre la aplicación del decreto en las negociaciones tendrá que ser aclarada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en cabeza de su director Camilo Gómez.

Manuel Restrepo, experto en contratación pública y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, le dijo a El Espectador que si la Agencia tiene conocimiento de una sanción internacional, podrá hacer el trámite para recibir una copia y verificar si hay personas naturales involucradas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o socios de las empresas sancionadas.

Luego de esa verificación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está en capacidad de proceder para que la respectiva cámara de comercio defina la inhabilidad sobre la empresa en cuestión.

Otra de las dudas gira sobre si la aplicación del decreto implica considerar sentencias definitivas o de última instancia y qué podría suceder en el caso de que las empresas sancionadas reciban fallos a favor en una segunda instancia. En definitiva, el tema deberá ser aclarado por la Andje, pues de ello dependerá qué tan problemático sea el proceso de compra y qué tanto tardará en confirmarse el inicio de la campaña de vacunación en el país.