Por fallas técnicas fracasó la solicitud de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones

Por “fallas técnicas que nunca habían ocurrido en este despacho judicial” fracasó la audiencia en la que la Fiscalía General iba a pedir medida de aseguramiento contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

Por eso, la juez tercera de control de garantías, quien estaba en su domicilio, ordenó reprogramar la audiencia para el próximo 3 de diciembre a las 8 de la mañana.

Mientras la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema intentaba sustentar su medida la señal de internet presentaba continuas y graves fallas.

Igualmente, en varios apartes de la diligencia se perdió el sonido, hecho por el cual la jueza no podía escuchar a los sujetos procesales que se encontraban en la sala ubicada en el tercer piso de Paloquemao.

Tras varios intentos por estabilizar la conexión, la auxiliar del juzgado manifestó que las fallas persistían y no se había podido encontrar el origen de la falla.

En la reanudación de la audiencia, la Fiscalía General señaló que iba a pedir la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de la exconsejera presidencial para las regiones.

Esto al manifestar que existen elementos probatorios suficientes para determinar que Sandra Ortiz tiene responsabilidad en el tráfico de influencias que desembocó en la entrega de contratos y recursos económicos a varios dirigentes políticos.

“Sandra Ortiz ejerció influencias indebidas producto de su importante cargo de consejera presidencial para las Regiones, adscrito al DAPRE, sobre el director de la UNGRD, Olmedo López. Influencias con las cuales Ortiz transgredió los parámetros de comportamiento que le exigen interponer el interés general al particular, y ceñir su conducta a los principios rectores”, indicó la fiscal.

La Fiscalía General, durante la imputación de cargos, señaló que la exfuncionaria es coautora del delito de tráfico de influencias de servidor público y autora de lavado de activos. Hechos por los cuales se expone a una sentencia de 30 años de prisión.

Durante la diligencia, la delegada del ente investigador aclaró que en octubre de 2023, Sandra Ortiz recibió instrucciones precisas por parte del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, para que desviara los recursos de contratos de la UNGRD para que le llegaran a los bolsillos del senador Iván Name y el representante Iván Calle.

“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez variaron la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos, y a Calle Aguas por una de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la UNGRD que Olmedo López entregaría”, aseveró la fiscal durante la imputación de cargos.

Teniendo en cuenta su experiencia política y relacionamiento con congresistas, Sandra Ortiz fue la encargada de realizar los contactos y planear la entrega del dinero en efectivo.

“Usted, siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Name Vásquez con Olmedo de Jesús López”.