Por falsos positivos, Fiscalía anunció a CPI que investiga a 22 generales del Ejército

La Fiscalía General de la Nación anunció que actualmente investiga a 10.949 miembros del Ejército por 2.314 casos de los denominados falsos positivos o civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos.

Así lo detalla un informe presentado a la Corte Penal Internacional en que el ente de investigación detalló que los casos implican a 3.966 víctimas. Además, en 29 de los casos están involucrados 22 generales, cuyos nombres no se mencionan.

Asimismo, el documento alude a otros tres procesos que cursan en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que investiga a los uniformados hasta el grado de coronel y que involucran a cinco brigadas.

El primero de ellos, según informó la emisora Caracol Radio, está relacionado con falsos positivos cometidos presuntamente por miembros de la Décima Brigada entre los años 2004 y 2008, en el departamento de César.

Hay 78 casos activos contra 544 uniformados, entre ellos 12 mayores y tres coroneles. De estos, 31 están en etapa de indagación previa, 42 en investigación, cuatro en juicio y ya hay una condena.

El segundo está relacionado con falsos positivos cometidos presuntamente por miembros de la Brigada 30, por crímenes entre 2002 y 2009 en Norte de Santander y Magdalena.

En este caso, se investiga a 1.045 militares, incluyendo a 15 coroneles y 22 mayores. Están incluidos 145 casos, 48 en investigación previa, 90 en investigación formal y siete en juicio.

Por último, en el tercer proceso están investigados 1.533 uniformados en 265 casos de supuestos falsos positivos, entre ellos 28 coroneles y 57 mayores. De estos procesos, 128 están investigación preliminar, 132 en investigación formal y cinco en etapa de juicio.

A finales de noviembre se conoció un documento entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que señala que la I División del Ejército ocupó el primer deshonroso lugar en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, acumulando 218 asesinatos entre diciembre de 2003 y abril de 2005.

El informe señala que la mayoría de las víctimas eran campesinos de Antioquia y Cesar, “quienes fueron asesinados y presentados como resultados operacionales exitosos por integrantes del Ejército, en el contexto de la implementación de la política de seguridad democrática del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Para la época de los hechos, la señalada I División abarcaba los departamentos de Atlántico, Antioquia, Sur del Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, Córdoba y parte del Chocó.

El informe que agrupa los 218 asesinatos en 153 casos documentados fue elaborado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Víctimas Tejiendo Memorias, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de víctimas mortales en ese periodo, con 155 de las 218, seguido por el departamento del Cesar con 27 víctimas, La Guajira con 18 víctimas, Chocó registró 9 víctimas, y Bolívar, Córdoba y Magdalena registraron 3, respectivamente.

La documentación presentada indica que los hechos reseñados ocurrieron bajo la comandancia del entonces mayor general Mario Montoya Uribe y la Jefatura del Estado Mayor de los coroneles Iván Marco Parra Caicedo (2004) y Raúl Fernando Peña Lenis (2005) y que en estos estarían comprometidos, por responsabilidad den cadena de mando, los comandantes de las Brigadas Segunda, Cuarta, Décima, Décimo Primera y Décimo Séptima, pertenecientes a la I División.