Por falsos positivos, víctimas le piden a la JEP citar a declarar al expresidente Juan Manuel Santos

Una extensa solicitud fue radicada recientemente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que cite a declarar al expresidente Juan Manuel Santos -en su calidad de exministro de Defensa- dentro del caso 03, conocido como ‘asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, es decir, los falsos positivos.

En la petición firmada por el Espacio de Litigio Estratégico, se manifiesta la necesidad de vincular a los que denominan “altos mandos” en este caso. Por ello, le piden a la Sala de Definición citar a los exministros de Defensa, Camilo Ospina Bernal y Jorge Alberto Uribe Echavarria; así como a los excomandantes del Ejército Nacional, generales en retiro, Mario Montoya Uribe –quien actualmente tiene un proceso activo- y Reinaldo Castellanos Trujillo.

La lista también menciona a los excomandantes de las Fuerzas Militares, generales en retiro Carlos Alberto Ospina y Freddy Padilla de León. Esto con el fin que expliquen las estrategias para demostrar resultados operacionales en diferentes regiones de país, y la cual habría dado paso a la retención de civiles ajenos al conflicto armado para luego ser presentados como integrantes de grupos armados ilegales dados de baja en combate.

En el documento, que suscriben la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otros, se señalan otros 18 generales, en su mayoría retirados, para que den su versión sobre estas ejecuciones extrajudiciales. Entre estos, se encuentran el excomandante de Divisiones, donde se registró el mayor número de bajas ilegítimas. Además, se encuentran los generales Óscar González Peña, Carlos Ovidio Saavedra, Guillermo Quiñonez Quiroz y Carlos Arturo Suárez Bustamante.

Los peticionarios reiteran la necesidad de priorizar este caso y ascender en la denominada cadena de mando, insistiendo en que, hasta la fecha, cinco años después de la apertura del expediente, solamente se han tocado a mandos medios, establecer quiénes dieron las órdenes precisas para estas ejecuciones extrajudiciales y la forma cmo se intentó desviar el caso. Así mismo, la otra participación de agentes del conflicto armado, entre ellos los paramilitares, para la retención y asesinatos selectivos.

Igualmente, que se indique si entre los años 2002 y 2010 existió un cambio de actitud ofensiva hacia los otros grupos armados, se plantearon directrices y circulares que a juicio de los representantes de víctimas “están relacionadas directamente con la configuración de la política criminal”.

El Espacio de Litigio Estratégico puso de presente varias dudas frente a la forma en que se está manejando el expediente, los reclamos de los centenares de víctimas y la recolección de otros elementos materiales de prueba.

Recientemente, la JEP anunció que iba a investigar una posible responsabilidad a nivel nacional de las ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta la evidencia hallada en los casos de Dabeiba (Antioquia) y el Catatumbo, en Norte de Santander. Los patrones indican que existen nombres en común (léase generales y coroneles de Brigada y División), así como modus operandi similares, entre estos, los reclutadores que contactaban gente para ofrecerles diversas ofertas de empleo.

Por este expediente, recientemente, la JEP llamó a juicio al coronel en retiro Publio Hernán Mejía. Esto por 72 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el Batallón La Popa, con sede en Valledupar. En la decisión se indica que existen “elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que le pueden afirmar, con probabilidad de verdad, que durante el tiempo en que ostentó la comandancia del Batallón de La Popa, entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, desapareció y asesinó a personas en estado de indefensión para presentarlas como resultados operacionales ficticios”.