Tambalea la universidad de la Fiscalía

A muchos en Colombia no les suena el nombre de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ). No se trata de una universidad de garaje como las que pululan en el país. Es, ni más ni menos, una universidad creada el 3 de enero del 2014 con el fin de brindar conocimiento en especialidades como: Tecnología en investigación criminalística, especialización en investigación y juicio oral y especialización en pensamiento crítico y argumentación jurídica.

Este es uno de los proyectos más ambiciosos y consentidos del fiscal general, Eduardo Montealegre, que en el 2014, en el acto de inauguración, aseguró que “la creación de la universidad es la columna central de la modernización de la Fiscalía”.

“Hace parte de una gran apuesta para tecnificar la Fiscalía General de la Nación, e iniciamos un gran proceso de capacitación en nuevas tecnologías. Hemos contado con el apoyo del presidente de la República, de la ministra de Educación y ya está el proceso de aprobación de todos los programas que tendrá”, dijo el fiscal en la inauguración.

La universidad comenzó a funcionar con millonarios recursos que la Fiscalía ha destinado para su óptimo desarrollo. Entre el 2014 y el 2015 se han invertido 31.245 millones de pesos utilizados para gastos generales, pago de personal e infraestructura física, entre otros.

A la fecha, cuenta con 23 estudiantes matriculados en la especialidad de tecnología, 11 en la de juicio oral y cinco en la de pensamiento crítico. El claustro tiene 16 gestores de conocimiento y 64 empleados administrativos y académicos. La sede está situada en Aquimindia (Cota, Cundinamarca), en donde funcionó por años la escuela de formación de detectives del desaparecido DAS. Los estudiantes pagan entre 1.400.000 y 6.000.000 de pesos.

El martes 13 de octubre pasado, durante la aprobación del Presupuesto General en el Congreso, el representante a la Cámara Edward Rodríguez reclamó al Ministerio de Hacienda para que esta Universidad tuviera viabilidad jurídica y presupuestal. Esto, tras la negativa del Gobierno de otorgar más dinero para el claustro el próximo año.

El funcionario dijo que prácticamente se estaría sepultando a la universidad y, de paso, generando un detrimento patrimonial por lo ya gastado en su funcionamiento.

Con esto, se daban las primeras señales de que esa institución era inviable a corto plazo y con ello lo invertido hasta ahora en ella se podría convertir en plata perdida.

Semana.com indagó sobre el asunto. Lo hizo con el actual rector, César Augusto Solanilla Chavarro, quien mostró su preocupación. Aseguró que desde cuando se conoció la decisión del Ministerio de Hacienda de no otorgar más recursos, se presentaron cerca de 20 derechos de petición a los Ministerios de Hacienda y Educación, a la Presidencia y a los ponentes y coordinadores del Congreso. También se informó al Ministerio de Justicia, con el propósito de resolver la situación.

La CIJ ha solicitado reiteradamente la convocatoria al Consejo Directivo, al delegado del fiscal y no ha logrado que se convoque.

En fin, a la universidad, inaugurada con bombos y platillos, se le está agotando el tiempo, pues tiene una última oportunidad para que se aprueben recursos en el decreto de liquidación del presupuesto que les podría otorgar más de 28.000 millones de pesos para funcionar en el 2016. “De no aprobarse este recurso, en diciembre próximo no sólo se terminarían las clases sino que podría entrar en proceso de liquidación. Al no existir presupuesto, la universidad es inviable, lo que afecta tanto el derecho de trabajadores como el de estudiantes”, dijo Solanilla.

Esta es una sentencia que pone en entredicho a los creadores de este claustro, pues se nota la falta de planeación de la institución para que funcione a largo plazo.

Pero esta institución tiene otro problema: los estudiantes que adelantan la profesionalización no podrían homologar sus estudios con ninguna institución en el país. Esto debido a que ninguna otra universidad tiene el pénsum, lo que lleva a que si la cierran, los alumnos no podrían pasar a otra universidad para validar lo cursado.

Según los resultados, esta universidad en el 2015 ha capacitado cerca de 1.120 funcionarios de la Fiscalía en distintas disciplinas y ha establecido los perfiles de competencia para la incorporación en carrera judicial de 16.000 funcionarios del grupo de fiscales y policía judicial. La idea es formar a los profesionales en los quehaceres de la investigación criminal, análisis criminal, fiscales y peritos y acabar con decenas de instituciones de garaje que andan por las ciudades. La CIJ además adelanta, con apoyo de la cooperación internacional, modelos de gestión en territorio y organización de la justicia local para el posconflicto.

En relación con este problema, un miembro de uno de los sindicatos de la Fiscalía que le ha hecho seguimiento al asunto le dijo a Semana.com que “esta universidad es una buena propuesta y es la oportunidad para llegar hasta las regiones. Pero algo pasa porque nadie la conoce y se ha quedado en el espectro centralista. La platica que se ha invertido podría quedar enterrada si no se hace algo con esto”.

Fue ese mismo sindicato el que hace pocos días advirtió que en la Fiscalia ya no había dinero para los viajes que investigadores y fiscales requieren para el desarrollo de sus tareas. “Para lo puramente misional no hay plata, pero para entregar contratos a Natalia Springer y a otros supuestos analistas ha habido mucha”, recalcó.

Con todo, una buena iniciativa de la Fiscalía, orientada a la profesionalización de servidores y a la justicia que requiere el proceso de  paz y posconflicto podría terminar en nada y se perdería toda una inversión, en épocas de supuesta austeridad.