Ley TIC, por fin

No fue nada fácil convertir en ley el proyecto de modernización del sector TIC. Desde la primera versión radicada por el Gobierno el 19 de septiembre de 2018, el texto sufrió sucesivas modificaciones, en la medida en que la ministra Sylvia Constaín escuchaba a los congresistas y recogía impresiones de la población durante los eventos de socialización en las regiones. La semana pasada, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto, al que solo le falta la sanción presidencial para poner a andar una de las iniciativas bandera de este Gobierno.

En esencia, la ley está orientada a incentivar la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones y a facilitar el despliegue de redes de última generación. Con ello el Gobierno espera mejorar la conectividad en todo el territorio nacional y llevar los beneficios de la banda ancha a los 20 millones de colombianos que todavía no gozan de ella. Considera a la conectividad plena un requisito de primer orden en los esfuerzos por reducir la brecha digital y mejorar la competitividad del país. Los operadores de telecomunicaciones se han quejado por años por las llamadas asimetrías tributarias y regulatorias que afrontan, como la financiación del fondo de telecomunicaciones. Y en el caso de los canales privados de televisión y de los operadores de cable, por los aportes que deben pagar al fondo de televisión pública, mientras servicios de streaming como Netflix, no tributan en el país.

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Las inversiones en expandir las redes habían descendido en los últimos años, porque los operadores querían condiciones más favorables. Y la ley las otorga: establece que a partir de ahora las licencias de espectro tendrán una vigencia de veinte años prorrogables, y no diez, como antes. Eso haría más atractivo al país para los inversionistas privados del sector.

Mientras el senador Antonio Sanguino considera que la reducción de la brecha digital queda sometida a la lógica de un negocio; para Mabel López, gerente de Teleantioquia, la nueva Ley TIC deja fortalecida de televisión pública.

La ley tiene otro punto fuerte en la creación del regulador convergente, que fusiona a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), en respuesta a la realidad tecnológica. Se basa en que ya no es posible manejar por separado televisión y telecomunicaciones, porque ambas forman un solo proceso de negocio y de tecnología.

La televisión pública, la principal piedra en el zapato del proyecto, quedó a salvo,gracias a las modificaciones introducidas al proyecto durante los álgidos debates que tuvieron lugar en el Congreso y fuera de él. En efecto, la ley fortalece los canales regionales con mayores recursos; ahora tienen un mínimo garantizado, en ningún caso menor al que hayan recibido este año, y actualizado anualmente con base en el IPC, lo cual les permite la planeación de sus presupuestos. Adicionalmente, introduce recursos nuevos para generar contenidos multiplataforma.

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Los canales regionales quedaron satisfechos con la fórmula adoptada. Mabel López, gerente de Teleantioquia, había liderado las quejas de los canales regionales ante una versión anterior del proyecto que amenazaba la financiación de la TV pública. Pero ahora dijo que esta “sale fortalecida, nosotros entregamos una carta a la ministra y al presidente Duque en la que expresamos nuestros temores y fueron tenidos en cuenta en esta nueva ley, y nos sentimos tranquilos”.

Las críticas persisten

Pero no todo el mundo quedó feliz. Las bancadas de oposición mantuvieron su postura en contra hasta último momento y anunciaron que demandarán la ley ante la Corte Constitucional, porque afecta el patrimonio público. Critican que causaría detrimento fiscal debido a que reduce el valor de las contraprestaciones que deberán pagar las empresas que ganen las licencias de utilización del espectro. Este polémico punto de la ley se basa en que, según la ministra Constaín, el espectro es un activo que no debería servir para maximizar el ingreso financiero, sino para maximizar el bienestar social.

Los operadores que ganen las licitaciones deberán hacerse cargo de garantizar el cierre de la brecha digital, al asegurar que conectarán a las personas más pobres y a los territorios más alejados. En teoría, deberían garantizar la conexión de “última milla”, es decir, la que llega hasta los hogares.

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Pero los opositores no creen en este modelo. “La reducción de la brecha digital queda sometida a la lógica de un negocio; es como creer que el mercado puede resolver los temas de pobreza”, afirma el senador del Partido Verde Antonio Sanguino, quien se opuso con fuerza en el Congreso. La experta Carolina Botero se suma a esta crítica. “No importan las gabelas que les des, no puedes forzar a una empresa a que se quiebre, y la realidad es que en todos los países hay últimas millas y brechas digitales que no son negocio, incluso en Estados Unidos y Alemania”.

Hubo mucha discusión alrededor de este punto, que está en la espina dorsal de la nueva ley. Las bancadas de Cambio Radical y del Partido Liberal participaban inicialmente de esta crítica, aunque finalmente apoyaron al Gobierno.

Al Congreso llegaron propuestas originadas en la sociedad civil que planteaban, por ejemplo, introducir un marco legal para las redes comunitarias, quizás las únicas que podrían resolver, sin modelo de negocio, la ausencia de conectividad en ciertas zonas rurales desconectadas, como existen hoy en México y en Argentina.

“Este tipo de redes solucionarían la conectividad que quiere la ministra, pero se perdió esa oportunidad”, sostiene Botero. Este logró que los congresistas escucharan a líderes comunitarios de Ulloa (Valle) y Buenos Aires (Cauca) quienes están poniendo en práctica las primeras experiencias de este tipo en el país.

El regulador convergente también causó discusiones. A partir de ahora la ANTV y la CRC se funden en un único organismo rector del sector, que funcionará mediante la figura de dos salas. La primera, conformada por tres comisionados –uno en representación de los canales regionales, uno de la sociedad civil y uno del sector audiovisual– se encargará de los contenidos audiovisuales y asumirá las tareas de la actual ANTV. La segunda, con cinco miembros, continuará con las funciones de la actual CRC.

5G muy cerca

Con la entrada en vigor del nuevo marco normativo se despeja el camino para el despliegue de redes de quinta generación, que prometen revolucionar la economía y las comunicaciones. Ya está en marcha el proceso para asignar el espectro en las bandas de 700, 900 y 2500 MHz, necesario para las redes 5G, que será entregado antes de finalizar el presente año. De tal manera que en algún momento de 2020 los colombianos empezarán a disfrutar de estas tecnologías.

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“Lugares que hoy no están conectados van a tener conectividad, y eso es un cambio fundamental en términos de oportunidades para la población” sostiene Constaín. La banda ancha permite llevar servicios de telemedicina y educación, así como numerosas alternativas de crecimiento personal y competitividad para los negocios.

Tras la aprobación del proyecto hubo diversas reacciones. El exministro de TIC Juan Sebastián Rozo cree que hay que pasar la página y empezar a desarrollar esa política pública, aun con las reservas que puedan surgir de algunos puntos. “La mayor inversión va a traer mayor conectividad y mejor servicio, no hay duda”, afirma. Antonio Sanguino, por su parte, insiste en la viabilidad de demandar la ley ante la Corte Constitucional. La ministra de TIC, entretanto, celebró la victoria y destacó que desde la primera versión hasta lo probado finalmente, “es una ley muy fortalecida que responde a las inquietudes de distintos sectores”. A pesar de ello, el futuro de la ley genera dudas ante el examen de la Corte Constitucional, y también en cuanto a sus opciones de convertirse en la plataforma para darle un nuevo aire a un sector estancado.