Por graves denuncias de amenazas contra los electores, Consejo de Estado estudia nueva demanda contra la curul del hijo de ‘Jorge 40′

En abril pasado el Consejo de Estado había puesto fin a la polémica por la elección de Jorge Tovar, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar, conocido por su alias de ‘Jorge 40′, como representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz número 12. Sin embargo, al alto tribunal han seguido llegando demandas en contra de esta elección, esta vez con denuncias graves sobre las presuntas amenazas de las que habrían sido víctimas los electores en el Cesar, La Guajira y Magdalena.

Una de estas demandas, conocida por SEMANA, está siendo estudiada por el magistrado Luis Alberto Álvarez quien entrevistó a varios testigos dentro del proceso.

El demandante es el representante de víctimas, Andrés Felipe Palmezano, quien le pide al Consejo de Estado que se declare la nulidad del Acto de elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, asegurando que durante las elecciones legislativas “se presentaron una serie de hechos que impidieron que los demás aspirantes por dicha circunscripción realizaran libremente su proselitismo”.

El demandante asegura que en el departamento de La Guajira, concretamente en el corregimiento de Conejo, jurisdicción de Fonseca, “le fue prohibido por grupos armados ilegales a todos los candidatos realizar actividades de campaña porque el candidato era ‘Yoyo Tovar’”.

En la demanda también se asegura que las intimidaciones individuales y colectivas realizadas sobre los electores en el municipio de Ciénaga se hicieron llegar a través de un ciudadano llamado Brayan Damián García Carbonó quien aseguró haber sido amenazado por grupos ilegales por medio de acciones directas y de panfletos que llegaron a su celular.

“Este indica que fue obligado a salir por amenazas de grupos armados ilegales de la zona del Palmor el día 16 de enero del presente año, por medio de llamadas y panfletos intimidantes. Manifiesta el mismo ciudadano que grupos armados ilegales se tomaron la finca El Progreso de la Vereda el limón desde el 11 de marzo indicándole a los pobladores de la zona que tenían que votar por Yoyo Tovar, y que concretamente el día 13 de marzo no solo obligaban a votar por el señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, sino que, además impedían el paso de aquellas personas a las que habiéndoles preguntado previamente ¿por quién iban a votar? - si el interrogado decía un nombre distinto al de Yoyo Tovar los devolvían de la finca pues la misma está situada en un punto estratégico para llegar al puesto de votación”, se lee en la demanda.

La demanda también relata que “en el corregimiento de San Pedro de la Sierra jóvenes fueron interceptados por miembros de una agrupación armada que se denominan Autodefensas Gaitanistas. Los integrantes de aquella agrupación armada le prohibieron expresamente hacer campaña por un candidato a la presidencia de la República, de igual modo los conminaron a votar por Yoyo Tovar el hijo de Jorge 40″.

Como prueba de lo anterior, los demandantes le hicieron llegar al Consejo de Estado un audio emitido por una lideresa de víctimas en la región.

“En el corregimiento de Guachaca, jurisdicción del Distrito de Santa Marta también se presentaron las vedas e intimidaciones dirigidas tanto a los candidatos como a los electores, grupos paramilitares de la Sierra Nevada prohibieron la promoción y el voto en favor de cualquier otro candidato que no fuera el Yoyo Tovar y finalmente impidieron el desarrollo de las elecciones”, se lee en el documento.

La demanda señala que esta misma situación se presentó en el municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar, así como en el corregimiento de La Mesa jurisdicción del municipio de Valledupar, en donde además en las épocas de Jorge 40 funcionó el campamento principal de las AUC Bloque Norte.

También asegura que se ejerció violencia y presión sobre los jurados de votación.

“Fue un hecho notorio lo ocurrido en los corregimientos de Guachaca y Calabazo jurisdicción del Distrito de Santa Marta. Una evidente perturbación del orden público, así lo reseñaron los principales medios de comunicación nacional. Conculcando abiertamente lo consagrado en el artículo 40 de la Carta Política en la dimensión del derecho a elegir del cual gozan todos los ciudadanos, en especial las víctimas del conflicto armado al ser sujetos de especial protección”.

Los demandantes le solicitaron al Consejo de Estado que en el marco del estudio de esta demanda escuche los testimonios del ciudadano Brayan García Carbonó y de Melba Mieles Ramírez, excandidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de paz. En efecto, los testimonios están siendo escuchados por el alto tribunal que deberá pronunciarse próximamente sobre estas denuncias.