Por presuntas irregularidades en compra de predios para reforma agraria abren investigación a funcionarios de la ANT

Otra promesa del presidente Gustavo Petro se está haciendo agua, se trata de la entrega y compra masiva de predios para entregar a la población campesina, la denominada reforma agraria, que hasta ahora está muy retrasada y ahora hay sombras de corrupción, malos manejos, e inversiones que se pueden perder.

Por este motivo, la Procuraduría abrió investigación contra los funcionarios Tony Luis Lozano Berrocal, Nury Luz Peralta Cardozo y Felipe Alberto Maldonado, quienes ocupan cargos directivos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Según el ente de control disciplinario, “las aparentes irregularidades en los procedimientos administrativos representarían un riesgo para el erario estimado en 136 mil millones de pesos, de acuerdo con el informe preventivo del ente de control”.

Las investigaciones tienen origen en un informe con fines disciplinarios elaborado por el órgano de control, que realizó observaciones a 288 procesos de compra de predios, y entre sus conclusiones señaló que las aparentes irregularidades en los procedimientos administrativos y conceptos técnicos.

Dos de los procesos disciplinarios fueron abiertos contra Tony Luis Lozano Berrocal y Nury Luz Peralta Cardozo, mientras que el restante se adelanta contra el mismo Lozano Berrocal y Felipe Alberto Maldonado. Los tres desempeñan el cargo de directores técnicos al interior de la entidad.

Según informaron desde la Procuraduría, “se investiga, entre otros hechos, posibles inconsistencias en los conceptos técnicos utilizados para determinar la aptitud agropecuaria de los terrenos, los cuales se limitaban a describir las características de estos sin realizar una evaluación rigurosa que justificara la decisión de compra”.

También se identificaron conceptos técnicos y estudios de titulación que no detallaron la existencia de cuerpos de agua, humedales y terrenos inundables en los predios analizados, que en consecuencia no podrían ser objeto del proceso de adjudicación sin que se realizara un análisis especial de esos sectores en el análisis técnico durante el proceso de compra.

Igualmente, se investigan casos donde se suscribió la promesa de compraventa en la que se pactó la entrega anticipada del bien, pero en la documentación del predio no se encuentra la respectiva acta de entrega.

Este delicado panorama lo reveló la Procuraduría en un reciente informe de 100 páginas sobre el proceso de compra de tierras que arrancó el gobierno de Gustavo Petro para la reforma agraria. El documento saca a relucir posibles irregularidades en el proceso, advertencias sobre los terrenos que ya se han adquirido y hasta inconsistencias en las reglas de ejecución de ese ambicioso proyecto.

Sobre las inconsistencias financieras, la Procuraduría alerto que, “se identificaron discrepancias significativas entre las cifras del informe de gestión 2023 contra las cifras de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2023 de la página de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

Sobre la baja ejecución del proyecto, el ente de control alertó que pese a que se asignaron altos recursos para la compra de predios, la baja ejecución financiera “real es baja”. Entre los principales hallazgos, destacan que el desembolso de dicho recurso es mucho menor de lo previsto y dejaría en evidencia que la gestión en ese sentido ha sido “ineficaz”.

“La ejecución presupuestal para compra de tierras solo correspondió al 33% equivalente a $407.021.505.886 respecto de la apropiación global para los rubros de compra de tierras que fue por valor de $1.231.895.430.164 -si se toma el valor apropiado según la respuesta de la ANT del 14/03/2024- debido a que los $645.000.000.000 fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz, pero realmente la ejecución al 31 de diciembre de 2023 correspondió al 0%”, advierte el Ministerio Público en el documento.