Por irregularidades en contrato para pruebas de VIH, fue condenado un gobernador en Magdalena. ¿De quién se trata?

Casi 17 años después de firmar un millonario contrato para realizar pruebas de VIH el exgobernador de Magdalena, Francisco José Infante Vergara, terminó condenado. La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad en hechos de corrupción del exmandatario cuando, supuestamente, quería garantizar las pruebas para la población en el departamento.

Durante la administración del entonces gobernador, en 2007, se firmó el contrato por más de 400 millones de pesos y que tenía por objeto la toma de muestras de sangre para detectar del virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento.

“La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio oral que el exgobernador de Magdalena, Francisco José Infante Vergara, hizo parte de un entramado de corrupción que direccionó indebidamente y se apropió de los recursos de un contrato destinado a la toma de muestras para detectar el VIH”, señaló el ente acusador.

El exmandatario fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Corte Suprema de Justicia, advirtió, en la decisión que dejó como condenado al exgobernador, que la pena deberá hacerse efectiva en centro carcelario y, por tanto, ordenó su captura inmediata.

“Inicialmente, se estableció que el exmandatario permitió que fuera celebrado el contrato con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud, que además había presentado una oferta comercial por encima de los precios de mercado, no contaba con personería jurídica ni experiencia mínima, infraestructura y solvencia financiera”, advirtió el ente acusador.

En el curso de la investigación, la Fiscalía logró determinar que la Gobernación ordenó el desembolso del 50% del valor del contrato y el dinero terminó en una cuenta bancaria distinta a la que registró la IPS, contratista. Posteriormente, el contrato se pagó, completo, pero las pruebas no se realizaron como estaba previsto en el mismo contrato

“En la fase de ejecución se ordenó el desembolso de un anticipo del 50% del valor del contrato. Este dinero fue consignado a una cuenta distinta a la registrada por el IPS. Finalmente, el contrato fue liquidado y pagado en su totalidad. Como sustento, se aportaron certificaciones que daban cuenta de la atención total de la población a beneficiar; sin embargo, 1.065 personas no fueron atendidas y de las 2.935 personas restantes se tomó una muestra aleatoria, la cual manifestó que nunca recibió el servicio”, dijo la Fiscalía.

Como la condena supera los cuatro años de prisión, la Corte Suprema ordenó la captura inmediata del exgobernador. Se espera que en las próximas horas, a través de su defensa, se presente a las autoridades correspondientes para cumplir con la sentencia en su contra.