Por pacientes que no existieron, medicamentos no entregados y millones perdidos, acusan a Alfredo Aruachan

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó a Alfredo José Aruachan Narváez, exsecretario de Salud de Córdoba, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. En el periodo 2013 – 2014, el exfuncionario se habría concertado con representantes de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y otros servidores para justificar la supuesta atención de 61 personas que padecían hemofilia.

El material de prueba evidenció que los pacientes no existieron ni los tratamientos o medicamentos se entregaron. Los servicios se salud registrados no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y Aruachan Narváez, al parecer, firmó resoluciones para que fueran pagados mediante la figura de recobros. Con esta y otras presuntas actuaciones irregulares fueron desembolsados 7.381 millones de pesos, dineros que perdió el departamento.

Durante las investigaciones se conoció que, entre las diferentes maniobras ilícitas para sustentar la aparente atención de los pacientes de hemofilia, los señalados involucrados presentaron tratamientos realizados de manera simultánea a una misma persona y en dos IPS distintas. También fueron facturados medicamentos comprados a un laboratorio, que certificó nunca haber realizado esas negociaciones. Asimismo, hay indicios de que el exsecretario de salud habría avalado cuatro órdenes de pagos anticipados por servicios que no se prestaron.

¿Qué es la hemofilia?

Atender a un paciente con hemofilia tiene un precio muy alto para los sistemas de salud. Esta es una enfermedad hereditaria que provoca la deficiencia de factores de coagulación de la sangre, lo que podría conducir a sangrados peligrosos y hasta mortales. El tratamiento depende de si la hemofilia es severa, moderada o leve, pero en todo caso consiste en administrar el factor que hace falta.

Este medicamento que ayuda a la coagulación debe aplicarse dos o tres veces por semana y es costoso. Cuando un hemofílico no recibe este tratamiento de manera constante, suele presentar complicaciones que lo llevarán a ser hospitalizado, cosa que además de disminuir la calidad de vida de los pacientes, representa costos adicionales. Según cifras del Ministerio de Salud a 2017, un solo hemofílico requiere, en promedio, de una inversión de unos 70 millones de pesos cada año. En Colombia, unas dos mil personas padecían la enfermedad para el año referido.

Frente a esta situación, el gobierno colombiano incluyó a la hemofilia en la Cuenta de Alto Costo (CAC), un organismo técnico que identifica cuáles son los pacientes con las patologías más costosas y sigue su proceso de atención con miras a mejorarlo, otorgando una ruta de acción y protocolos especiales.

El escándalo lo destapó en 2019 la Fiscalía, cuando dio a conocer detalles inéditos alrededor de estas prácticas. La investigación del ente acusador tuvo su génesis luego de la muerte de un paciente que estaba bajo un tratamiento contra la hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre se coagule. Según una fuente de la Fiscalía, al paciente se le había suministrado un medicamento denominado “NovoSeven RT”, del laboratorio Novo Nordisk, pero que al parecer estaba adulterado. Este caso se dio en el hospital Federico Lleras Acosta en la ciudad de Ibagué. Luego de que el ente acusador conociera la situación, comenzó a investigar y obtuvo valiosa información que le brindó una “fuente no formal”.

Luego de año y medio de investigación la Fiscalía pudo establecer que el inicio de las operaciones criminales se dieron con la creación de dos IPS, Fundasalud y Fundasalud Gold, formal y legalmente constituidas. Las Instituciones Prestadoras de Salud comenzaron su operación en el hospital ibaguereño, especialmente para los casos de personas que luchaban contra la hemofilia, el cáncer o el Sida.

La Fiscalía reveló en ese momento tres piruetas que los capturados llevaban a cabo para abastecerse de los medicamentos. En primer lugar, el ente acusador asegura que las medicinas se distribuían en la frontera con Venezuela y Ecuador. La organización entraba los medicamentos por la frontera y luego les cambiaba la fecha de caducidad y el lote de fabricación. Así mismo, se pudo establecer un vínculo entre la organización y hogares geriátricos, entre otros centros de salud, que le vendían a los contrabandistas los medicamentos ya vencidos o en mal estado. En tercer lugar, la Fiscalía presentó pruebas que demuestran que algunos miembros de la red contactaban a pacientes con enfermedades catastróficas para comprarles sus medicamentos y luego revenderlos a mayor precio.