Procuraduría
Por posibles fallas en seguimiento de proceso contractual, Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Cajicá, Cundinamarca
El exfuncionario, según la Procuraduría, pudo incurrir en falta disciplinaria por su participación en la construcción de una vía.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cajicá, Cundinamarca, Óscar Mauricio Bejarano Navarrete (2012-2015), por su presunta participación en la contratación adelantada en el municipio y el hecho de pasar por alto la verificación de estudios técnicos para el mejoramiento y pavimentación de una vía.
Bejarano Navarrete podría haber cometido una falta disciplinaria por acción, ya que “participó en el desarrollo de las obras del camino que de Santo Domingo lleva a Cajicá, y posiblemente desconoció los principios que regulan la contratación estatal”.
La Provincial de Instrucción de Zipaquirá, municipio cercano a Cajicá, señaló que el exmandatario habría contravenido el principio de responsabilidad al omitir el cumplimiento de vigilar los requisitos de legalidad, “que soportaron la necesidad de suscribir el negocio jurídico, sin los estudios técnicos necesarios y suficientes”.
El organismo de control calificó, provisionalmente, la presunta conducta del exalcalde de Cajicá como falta gravísima a título de culpa gravísima. En medio del proceso, la Procuraduría determinará en qué grado será finalmente su responsabilidad y hará saber las acciones o sanciones correspondientes al caso.
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Por otra parte, el Ministerio Público también profirió cargos contra el secretario de Obras Públicas, Hugo Alejandro Rodríguez Herrera, en su condición de supervisor del contrato de obra 012 de 2013, y al interventor del mismo, Ángel Arturo Rincón, por la probable comisión de falta disciplinaria, calificada en ambos casos de manera provisional como gravísima a título de culpa gravísima.
Indagación a la Alcaldía de Ibagué
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra los funcionarios públicos de Infibagué y la Alcaldía Municipal de Ibagué, para examinar posibles irregularidades en la contratación del servicio de alumbrado público en la ciudad.
El Ministerio Público busca determinar si hubo deficiencias en la prestación del servicio de alumbrado, si se han producido retrasos en la ejecución del contrato 159 de 2022, firmado por Infibagué para modernizar las luminarias en la ciudad, y si en la realización del convenio bilateral suscrito por la administración anterior, se incumplieron las condiciones de calidad acordadas para garantizar el adecuado funcionamiento de las luces instaladas.
De acuerdo con la publicación de un diario local, y que recolectó la Procuraduría General, “si bien el contrato n.° 159 de 2022 al parecer estaría dirigido a modernizar el 100 % del alumbrado público en la ciudad, en la anterior administración municipal, concretamente durante la vigencia 2019, ya se habrían cambiado las luminarias de sodio a tecnología LED en algunos sectores”.
En el artículo periodístico también se denunció, según el organismo de control, que “las luminarias instaladas por la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo y la empresa Celsa S.A.S. entre 2018 y 2019, por valor de casi seis mil millones de pesos, habrían dejado de funcionar apenas un año después, por lo que debió exigirse la garantía de diez años, pero una vez revisadas y hecha la reposición estas volvieron a fallar”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar e individualizar los servidores públicos presuntamente comprometidos, establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron y determinar si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado.
Ante estos hechos que involucran contratación con recursos públicos, la Procuraduría General ha hecho saber que seguirá investigando otros casos en diferentes regiones del país para evaluar las conductas y el actuar de los funcionarios públicos en los procesos contractuales público-privados.