Por presiones judiciales de defensa del exgobernador Ramos, magistrado se declara impedido para conocer el caso

Más de 10 años lleva el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos en la mira de la justicia por su presunta relación con grupos paramilitares. Ese proceso, que ha bloqueado sus aspiraciones políticas, estuvo a punto de ser fallado el año pasado, aparentemente, en contra de Ramos, según una ponencia que se filtró en medios de comunicación. Por esa filtración, el exgobernador emprendió una ofensiva jurídica contra el magistrado Ariel Augusto Torres, encargado de la investigación, quien ahora decidió manifestar un impedimento para evitar un manto de duda sobre su actuar.

El magistrado Reyes fue objeto de tutelas en diferentes instancias para apartarlo del caso, que fueron infructuosas, pero luego de insistir por diferentes vías jurídicas, el Consejo Superior de la Judicatura amparó el derecho al debido proceso y la separación del magistrado del caso, para someterlo de nuevo a reparto. Esa decisión ponía en duda la transparencia en el actuar del magistrado Torres y lo hacía en alguna medida responsable de la filtración de la ponencia que señalaba como culpable al exgobernador. Por eso fue apelada ante la Corte Constitucional que debía dictar la última palabra.

La Corte volvió a ratificar que, en este caso, “no hay ningún tipo de razón o prueba que permita concluir que el magistrado Ariel Augusto Torres filtró la ponencia”. Además, señaló la sentencia en segunda instancia, que hubo una vulneración a los derechos de Ramos, por lo que planteó un nuevo reparto y dejar sin efecto las actuaciones.

El caso empezaba de ceros y el proceso volvió al despacho del magistrado Torres, quien no quiere que su nombre o el de la Corte Suprema de Justicia se vean cuestionados por los señalamientos y medidas jurídicas de la defensa del exgobernador.

El argumento de Torres lo plantea al señalar que “si se toma en consideración que el señor Ramos presentó acción de tutela contra el suscrito a fin de separarme del conocimiento del proceso seguido en su contra, lo que dio origen a un verdadero proceso contencioso con participación activa de mi parte, porque sin soporte probatorio alguno concluyó sin más que fue el suscrito quien filtró o permitió la filtración del proyecto de decisión”, presentó su impedimento.

Pero agregó en un documento conocido en exclusiva por SEMANA que, en el caso particular, por las arremetidas jurídicas, Ramos y el magistrado Torres han sido contrapartes en la tutela, “con manifiesta incidencia para poner en tela de juicio el buen nombre y el prestigio, no solo de la corporación, sino del magistrado”.

Y aunque la Corte Constitucional fue clara al señalar en la decisión de cierre que “la afectación de la imparcialidad por la filtración, no puede generar, sin impedimento ni recusación, la separación del caso del magistrado ponente”, para evitar cualquier duda el togado Torres ratificó que “considero imperativo declarar mi impedimento (...) en aras de demostrar la absoluta ausencia de duda sobre la transparencia de mis actuaciones y mi indeclinable intención de preservar la garantía de imparcialidad”.

Para el magistrado, el hecho de haberse enfrentado en los tribunales a Ramos, en el caso de la filtración de la ponencia, “puede ocasionar suspicacias en el aforado (Ramos) y eventualmente en una parte de la sociedad, que de seguir conociendo de la actuación, pese a las declaraciones hechas en el fallo, mi ánimo puede estar alterado y con ello afectar mi imparcialidad”.

Así las cosas, el Caso 35691, bajo el cual está reseñada la investigación contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y que ya lleva más de una década en los tribunales, está lejos de ser resuelto, y con el cambio de magistrado investigador se volverá a barajar.